UY Press - Agencia uruguaya de noticias

29.07.2020

LA PAZ (Uypress) - La Central Obrera y los sindicatos del MAS rechazan prórroga de las elecciones presidenciales y piden la renuncia del Gobierno interino de Bolivia.

Foto Twitter @evoespueblo

Ayer martes miles de bolivianos marcharon cerca de La Paz contra el aplazamiento de las elecciones dispuesto la semana pasada por el Tribunal Supremo Electoral. Otras protestas menores ocurrieron en otras ciudades del país. “Elecciones ya”, “democracia, sí; dictadura, no” y “fuera Áñez” fueron las consignas. El gobierno de Jeanine Áñez calificó las manifestaciones de “disminuidas”, pero igualmente las condenó, calificándolas como una especie de ataque biológico de los campesinos del MAS a la población urbana. “No [vinieron a] una marcha, sino que llegaron del Chapare para infectar al pueblo [de La Paz y El Alto]”, dijo Fernando López, el ministro de Defensa.

En el mismo sentido, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que las fuerzas policiales estaban buscando “de cinco a diez personas altamente sospechosas de covid-19” que habían llegado desde el Chapare, la región de los cocales.

En redes sociales una parte de la clase media urbana expresó su repudio a la “irresponsabilidad” y la “crueldad” de los líderes del MAS por convocar a concentraciones masivas en un momento en el que el país está colapsado por la pandemia y supera los 2.500 muertos. Con este mismo argumento, el Gobierno pidió a la Fiscalía que procesara al candidato del MAS, Luis Arce, por “daños a la salud”, delito penado con hasta ocho años de prisión.

El MAS ha acusado al Gobierno de “criminalizar la protesta social” y ha asegurado que la lucha por “recuperar la democracia” es suficientemente importante como para correr unos riesgos que, por otra parte, los sectores populares de la población enfrentan de todas maneras. La mayoría de los bolivianos no pueden quedarse en casa si quieren comer y tienen que salir para hacer trámites o cobrar. Los sistemas de salud y funerarios bolivianos se encuentran colapsados y desorganizados por los contagios y por los conflictos internos de Administración.

Algunos servicios básicos, como la provisión de gas licuado en La Paz y El Alto, han dejado de funcionar por estas mismas razones. 

En Bolivia hay escasez de respiradores y de medicamentos básicos para la covid-19, como la azitromicina y la dexametazona. Continúa en ascenso el número de fallecidos sin explicación en casas, automóviles, salas de espera de hospitales y clínicas, e incluso en las calles. La estimación es que el 80% de esas muertes se producen por coronavirus. Los contagiados son, según las cifras oficiales, casi 70.000, pero las carencias en el esquema de detección multiplican las sospechas de que sean muchos más, ya que las pruebas de diagnóstico diariamente disponibles suelen ser inferiores –a veces muy inferiores– a la demanda existente. En el momento en el que la pandemia estalló, la cantidad de unidades de terapia intensiva y de médicos especializados era menor a la de un país en vías de desarrollo promedio.

Por esta situación y también presionado por las fuerzas políticas contrarias a realizar elecciones este año, el Tribunal Electoral postergó la fecha del 6 de setiembre al 18 de octubre, asegurando que será la definitiva.

En respuesta, el MAS y los sindicatos decidieron organizar las marchas para presionar, también ellos, a la autoridad electoral. Aunque el rechazo a la posibilidad de que el MAS sea inhabilitado no fue una demanda explícita, también ha estado entre las reivindicaciones que han motivado las protestas. La polarización política no solamente se da en torno a la fecha de elecciones; también evidencia la pelea entre el gobierno de Áñez y el legislativo, controlado por el MAS, en torno a varios otros asuntos.

Una ley muy reclamada por los oradores en la concentración que culminó en El Alto es la que obliga a las clínicas privadas a atender a enfermos de covid-19 a un precio regulado y pagado por el Estado. Esta ley, aprobada por la Asamblea Legislativa, ha sido objetada por Áñez y, por tanto, no puede ejecutarse. La mayoría opositora del Parlamento también ha considerado autorizar el uso del dióxido de cloro o “sal milagrosa” en la lucha contra el coronavirus. Esta sustancia desinfectante ha sido prohibida por las autoridades de la salud, aunque es usada entre los sectores populares de la población, que exigen su legalización a través de una parte de la bancada parlamentaria del MAS.