HAITÍ / ENTRE EL RESPALDO POPULAR Y LOS RIESGOS DE LA INTERVENCIÓN
Bukele es aclamado en Haití mientras su ofensiva contra las pandillas abre un debate sobre seguridad y derechos humanos
22.11.2026
PUERTO PRÍNCIPE (Uypress) – Miles de haitianos salieron a las calles para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a los más de 2.000 militares que desplegó en el país caribeño para combatir a las organizaciones criminales. Las manifestaciones, realizadas el martes 17 de noviembre en Puerto Príncipe y otras ciudades, reflejan la expectativa de sectores de la población frente a una intervención que busca recuperar territorios controlados por pandillas, pero que también genera preocupaciones por sus consecuencias humanitarias.
Los participantes portaron retratos del mandatario salvadoreño y pancartas de agradecimiento, en una demostración de respaldo poco habitual hacia una fuerza militar extranjera.
La operación comenzó después de que cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños desaparecieran el 18 de octubre, tras una emboscada de grupos armados. Desde entonces, el despliegue se amplió hasta alcanzar aproximadamente 2.500 efectivos, según estimaciones difundidas por agencias internacionales.
Miles de haitianos reciben a Bukele como símbolo de esperanza
Las manifestaciones pusieron de manifiesto la frustración de una parte de la sociedad haitiana con la incapacidad del Estado para contener la violencia.
En amplias zonas de Puerto Príncipe, las pandillas mantienen el control de barrios, rutas comerciales y accesos estratégicos, mientras miles de familias han debido abandonar sus hogares.
Para numerosos manifestantes, la llegada de los soldados salvadoreños representa una posibilidad de recuperar condiciones mínimas de seguridad.
Las movilizaciones incluyeron consignas de agradecimiento a Bukele y pedidos de continuidad de las operaciones contra las organizaciones criminales.
Sin embargo, el respaldo expresado en las calles no permite establecer que exista un consenso nacional sobre la intervención.
Haití mantiene profundas divisiones políticas y sociales, y diferentes organizaciones han advertido sobre los riesgos de nuevas operaciones militares sin mecanismos suficientes de supervisión.
El Gobierno haitiano profundiza su alianza con El Salvador
El respaldo político a la intervención también se trasladó al ámbito institucional.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Haití, Patrick Pélissier, viajó a San Salvador para mantener reuniones con autoridades del gobierno de Bukele y avanzar en un acuerdo de cooperación en materia de seguridad.
Durante su visita, el funcionario recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el Gobierno salvadoreño como parte de su estrategia contra las pandillas.
Pélissier estuvo acompañado por el ministro salvadoreño de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.
La visita permitió conocer aspectos del funcionamiento del establecimiento, sus mecanismos de vigilancia y el modelo penitenciario aplicado en El Salvador.
Las autoridades haitianas expresaron interés en estudiar experiencias que puedan contribuir a recuperar el control territorial y fortalecer las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
Sin embargo, una visita institucional no significa que Haití haya decidido construir una prisión equivalente ni adoptar íntegramente el sistema salvadoreño.
Una intervención que ya tiene bajas militares
El despliegue salvadoreño también comenzó a registrar consecuencias directas para sus propias fuerzas.
El viernes 20 de noviembre, las autoridades militares de El Salvador confirmaron la muerte de dos soldados mientras realizaban trabajos con explosivos en Haití.
Se trata de las primeras bajas mortales reconocidas oficialmente desde el inicio del despliegue ampliado.
Las muertes se produjeron en un contexto de operaciones militares contra grupos fuertemente armados, que utilizan barricadas, explosivos y posiciones defensivas en sectores urbanos densamente poblados.
La operación inicial tenía como objetivo localizar a los cuatro técnicos desaparecidos en octubre, pero posteriormente se convirtió en una intervención de mayor alcance.
Como informó Uypress el 9 de noviembre, la magnitud del despliegue ya superaba ampliamente las características de una misión convencional de búsqueda y rescate.
La muerte de los dos militares vuelve a plantear interrogantes sobre los riesgos, objetivos y duración de la presencia salvadoreña.
El modelo Bukele despierta expectativas y cuestionamientos
El interés haitiano por la estrategia salvadoreña se explica, en parte, por la reducción de los homicidios y la pérdida de control territorial que experimentaron las pandillas en El Salvador desde la declaración del régimen de excepción en marzo de 2022.
El Gobierno de Bukele atribuye esos resultados a las detenciones masivas, el fortalecimiento policial y militar y la ampliación del sistema penitenciario.
Su modelo ha adquirido notoriedad internacional, especialmente entre gobiernos y sectores políticos que buscan respuestas rápidas frente a la criminalidad organizada.
Sin embargo, también ha recibido cuestionamientos de organismos internacionales por denuncias de detenciones arbitrarias, restricciones a las garantías judiciales y otras violaciones de derechos humanos.
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que la eficacia de las operaciones de seguridad debe evaluarse junto con el respeto al debido proceso y la protección de la población.
La posibilidad de trasladar ese modelo a Haití presenta dificultades adicionales.
Mientras las pandillas salvadoreñas operaban principalmente mediante estructuras de control territorial y extorsión, las organizaciones haitianas disponen de armamento de guerra, redes económicas y vínculos con diferentes sectores de poder.
Además, el sistema judicial haitiano atraviesa una profunda crisis institucional y sus capacidades penitenciarias son limitadas.
La ONU advierte sobre la protección de civiles
Uno de los principales cuestionamientos internacionales está relacionado con las condiciones en que operan las fuerzas extranjeras.
Aunque El Salvador participa en la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas, la mayor parte de los efectivos enviados después de octubre actúa mediante un acuerdo bilateral con Haití, fuera de la estructura formal de esa misión.
La diferencia plantea interrogantes sobre la cadena de mando, las reglas de enfrentamiento y los procedimientos para investigar posibles abusos.
Naciones Unidas ha insistido en la necesidad de proteger a la población civil y garantizar que las operaciones respeten el derecho internacional de los derechos humanos.
La preocupación responde a la magnitud de la violencia que atraviesa el país.
Según informes recientes de la ONU, entre julio y setiembre de 2026 al menos 1.167 personas murieron y otras 459 resultaron heridas como consecuencia de la violencia de las pandillas, grupos de autodefensa y operaciones de las fuerzas de seguridad.
La organización también ha advertido sobre el desplazamiento de familias que quedan atrapadas entre los enfrentamientos.
Las autoridades haitianas sostienen que las operaciones salvadoreñas están contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad y aseguran que no han recibido denuncias oficiales de víctimas civiles en determinadas acciones recientes.
Esa afirmación, sin embargo, no sustituye una verificación independiente de sus consecuencias.
Bukele gana protagonismo internacional en plena campaña electoral
La intervención en Haití coincide con un momento especialmente importante para la política salvadoreña.
El presidente Bukele presentó su candidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones de febrero de 2027, después de las reformas constitucionales que eliminaron los límites a la reelección.
La operación haitiana le proporciona una nueva dimensión internacional a su discurso sobre seguridad.
El mandatario ya no presenta su estrategia exclusivamente como una transformación interna de El Salvador, sino también como una experiencia capaz de contribuir a resolver crisis de criminalidad en otros países.
Como informó Uypress al analizar su nueva candidatura presidencial, la seguridad continúa siendo el principal componente de su respaldo político.
Especialistas en Haití consideran que la intervención también puede fortalecer la imagen de Bukele ante el electorado salvadoreño, aunque advierten que una operación prolongada y con nuevas bajas militares podría generar costos políticos y humanitarios.
¿Puede Haití recuperar el control de su territorio?
La recepción popular de las fuerzas salvadoreñas demuestra hasta qué punto la crisis de seguridad ha debilitado la confianza en las instituciones haitianas.
Sin embargo, la recuperación de territorios mediante operaciones militares constituye solamente una parte del problema.
Para mantener el control de las zonas recuperadas, Haití necesita una policía con capacidad operativa suficiente, un sistema judicial funcional, instituciones penitenciarias y programas sociales que permitan reducir la influencia económica y territorial de las pandillas.
También requiere mecanismos eficaces para proteger a las comunidades y evitar que la población vuelva a quedar expuesta a represalias.
Los especialistas advierten que una estrategia concentrada exclusivamente en la fuerza puede desplazar temporalmente a las organizaciones criminales sin eliminar las condiciones que permiten su reconstrucción.
La experiencia de anteriores intervenciones internacionales demuestra que los avances militares no siempre se traducen en estabilidad institucional duradera.
El respaldo expresado por miles de haitianos refleja una demanda urgente de seguridad y una expectativa real frente a la llegada de las tropas salvadoreñas.
Pero todavía es demasiado pronto para determinar si esa intervención podrá transformar de manera sostenida las condiciones de vida de la población.
Entre las manifestaciones de agradecimiento, las visitas oficiales al CECOT y las advertencias de Naciones Unidas, Haití enfrenta una pregunta que trasciende la figura de Bukele: cómo recuperar la seguridad sin reproducir nuevas formas de violencia ni debilitar las garantías fundamentales de sus ciudadanos.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias