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11.06.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias dentro del oficialismo argentino y cuestionó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que el funcionario presentara declaraciones juradas rectificativas para explicar inconsistencias en su patrimonio.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, en declaraciones recogidas por medios argentinos.

Bullrich agregó que ahora será la Justicia la que deberá determinar si existieron responsabilidades penales o administrativas en el caso. Sus palabras se conocieron pocas horas después de que Adorni intentara explicar públicamente el origen de fondos no declarados y modificaciones patrimoniales que involucran también a su esposa, Bettina Angeletti.

El jefe de Gabinete presentó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias. Según la información difundida en Argentina, esas presentaciones incorporan activos que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores, entre ellos más de medio millón de dólares atribuidos a operaciones con bitcoin realizadas antes de su ingreso a la función pública.

Adorni sostuvo que los fondos tienen origen lícito y que provienen de ahorros familiares, inversiones en criptomonedas y bienes heredados. En una entrevista televisiva, admitió que junto a su esposa tuvieron ahorros no declarados y afirmó que esas decisiones fueron tomadas antes de su llegada al Gobierno.

Las explicaciones no cerraron la polémica. Bullrich, que ya había reclamado semanas atrás que Adorni presentara su declaración jurada “de inmediato”, elevó ahora el tono y ubicó el episodio en el terreno ético, no solo administrativo.

El caso genera incomodidad dentro de la Casa Rosada porque involucra a uno de los funcionarios más visibles del gobierno de Javier Milei. Adorni fue vocero presidencial durante buena parte de la administración libertaria y luego asumió como jefe de Gabinete, un cargo central en la conducción política del Ejecutivo.

La controversia se originó meses atrás, cuando se conoció que Bettina Angeletti, esposa de Adorni y sin cargo público, integró una comitiva oficial que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial. A partir de ese episodio comenzaron a difundirse nuevas informaciones sobre viajes, propiedades, gastos y movimientos patrimoniales del funcionario.

La Justicia federal investiga si el crecimiento patrimonial de Adorni puede ser justificado con sus ingresos declarados. Uno de los puntos que deberá analizarse es si las rectificaciones presentadas alcanzan para despejar las sospechas o si, por el contrario, abren un nuevo frente vinculado a posibles omisiones en declaraciones patrimoniales obligatorias.

Medios argentinos recordaron que el Código Penal contempla la figura de omisión maliciosa para funcionarios obligados a presentar declaraciones juradas cuando se falsean u omiten datos de forma intencional. La cuestión, sin embargo, deberá ser determinada por la Justicia.

El presidente Javier Milei y parte de su entorno sostuvieron públicamente el respaldo a Adorni. No obstante, las críticas de Bullrich muestran una fisura dentro del propio oficialismo y se suman a otros cuestionamientos provenientes de la oposición y de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La discusión impacta en un punto sensible para el Gobierno: el discurso sobre la transparencia, la austeridad y la diferenciación con la llamada “casta”. La admisión de ahorros no declarados por parte de un funcionario de primera línea tensiona ese relato y coloca a la administración Milei ante un problema político que excede el expediente judicial.

Por ahora, Adorni busca cerrar el frente con documentación rectificativa y con la explicación de que los fondos son anteriores a su función pública. Pero las declaraciones de Bullrich dejaron en claro que, dentro del propio oficialismo, el caso ya no es leído apenas como un error contable, sino como un problema de responsabilidad política y ética.