UY Press - Agencia uruguaya de noticias

08.09.2017

BARCELONA (Uypress)- El parlamento de Cataluña aprobó este viernes de madrugada una ley para regular la secesión que los independentistas quieren lanzar si ganan el referéndum convocado para el 1 de octubre, recurrido ante la justicia por el gobierno español.

Tras una larga y tosca sesión, la cámara, con mayoría absoluta para los independentistas, aprobó la llamada "Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República" con 71 votos favorables, 10 en contra y la ausencia de gran parte de los diputados opositores.

El texto, que sólo entrará en vigor en caso de victoria independentista en el escrutinio, "constituye Cataluña como República", se autoerige como "norma suprema" de la región hasta aprobarse una constitución y designa al gobierno regional como "la autoridad aduanera" en el territorio.

Esta "norma suprema" temporal prevé también la organización de tres votaciones: unas elecciones constituyentes para elaborar la Carta Magna de una república independiente, un referéndum para aprobarla y unos comicios legislativos posteriores.

Como ocurrió en la víspera al aprobar la ley para regular el referéndum, la ley se despachó de forma acelerada, eliminando muchos de los trámites necesarios y dando sólo dos horas a la oposición para presentar enmiendas.

Ambas suponen un desafío a la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional, que les instó a frenar sus planes separatistas. Menos de 24 horas después, los magistrados ya suspendieron cautelarmente el referendo convocado por el presidente regional Carles Puigdemont.

Aun así, los independentistas prometieron seguir adelante a pesar de las advertencias del ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy y las querellas anunciadas por la fiscalía general del Estado contra los miembros del gobierno regional.

El Constitucional suspende de urgencia la ley del referéndum

MADRID- El Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la Ley del Referéndum aprobada el miércoles por el Parlamento de Cataluña y los decretos firmados para la consulta de autodeterminación del próximo 1 de octubre.

El órgano presidido por Juan José González Rivas se reunió de urgencia por la tarde tras recibir las cuatro impugnaciones formuladas por el Gobierno contra el contenido de la norma, contra el decreto de convocatoria firmado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y contra el nombramiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral. 

El Constitucional también ha acordado apercibir personalmente a los 948 alcaldes catalanes, a al menos 62 altos cargos de la Generalitat, a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros, a quienes les recuerda el deber de obedecer la prohibición de no participar en la organización del referéndum del 1-O. Y se les avisa de que, en caso de no acatar la prohibición, se enfrentan a responsabilidades incluso penales.

El tribunal ha acordado la notificación personal de la resolución a todos ellos y les recuerda su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada". No obstante, no ha atendido a la petición del Ejecutivo de deducir testimonio [abrir la vía penal] contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los consejeros firmantes de la convocatoria.

La suspensión cautelar de esas resoluciones es automática una vez que el Tribunal Constitucional -reunido durante hora y media- ha admitido a trámite los escritos del Gobierno. Ahora bien, ni la admisión a trámite ni la suspensión cautelar determinan cuál será el sentido del fallo sobre el fondo de todos los asuntos, aunque el Gobierno ha pedido la nulidad de todos ellos.

El alto tribunal ha admitido a trámite el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Gobierno contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que dieron curso a la ley del Referéndum en la Cámara autonómica. El Ejecutivo central impugnó los acuerdos de la admisión a trámite de la norma, los que rechazaban reconsiderar esta admisión; los que introdujeron el debate y votación en el orden del día del Pleno del 6 de septiembre, los que permitieron suprimir los trámites esenciales del procedimiento parlamentario y todos los actos subsiguientes. El Gobierno entiende que estas decisiones de la Mesa del Parlament van contra la sentencia del Constitucional del 2 de diciembre de 2015 que anulaba la declaración soberanista que abría el proceso de secesión.

El Constitucional ha dado traslado de su decisión a la Fiscalía y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la que ha permitido personarse en el procedimiento, como pidió el miércoles en el escrito por el que recusaba en bloque a los doce magistrados del Constitucional, lo que ha sido rechazado.

Ver noticias relacionadas

Joan Tardà: "Fundaremos la república catalana porque estamos hartos de corrupción"

Mariano Rajoy: "No va a haber independencia en Cataluña"

jwl