UY Press - Agencia uruguaya de noticias

01.07.2026

BOGOTÁ (Uypress) – El Clan del Golfo, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), respondió al ultimátum lanzado por el presidente electo Abelardo de la Espriella y planteó que un eventual sometimiento a la justicia deberá contar con garantías jurídicas, personales y de seguridad.

La organización armada envió una carta de cuatro puntos dirigida al nuevo mandatario, luego de que De la Espriella diera un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para “organizar su sometimiento al Estado de derecho”.

El mensaje del presidente electo había sido categórico: bajo su gobierno no habrá “ofertas generosas” ni “concesiones inaceptables” para quienes sigan vinculados al narcotráfico, la extorsión, el terrorismo y otras formas de violencia.

La respuesta del Clan del Golfo busca disputar el marco político de esa advertencia. El grupo no negó la posibilidad de acogerse a la justicia. Por el contrario, afirmó que ese desenlace será “inevitable” en algún momento. Pero sostuvo que la discusión real debe centrarse en las condiciones del proceso.

“La cuestión no radica en si nos acogemos a la justicia —conscientes estamos de que esto será inevitable en algún momento—, sino en las condiciones bajo las cuales lo haremos”, señaló la organización en la misiva.

El EGC pidió seguridad jurídica y personal para sus integrantes, así como garantías para los combatientes de base y para las comunidades de los territorios donde mantiene presencia. También reclamó un marco legal específico, con plazos claros, verdad plena, reparación efectiva y garantías de no repetición.

Uno de los puntos centrales de la carta es la crítica al marco jurídico actualmente disponible para un proceso de sometimiento. El Clan del Golfo sostiene que las herramientas existentes no ofrecen garantías suficientes para una organización de sus dimensiones ni para las comunidades afectadas por décadas de conflicto armado, economías ilegales y ausencia estatal.

La organización también apeló al antecedente del proceso de Justicia y Paz con las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia. Según su lectura, más de dos décadas después de aquel proceso, muchos exintegrantes siguen enfrentando restricciones y dificultades para acceder a derechos básicos.

Esa referencia no es casual. El Clan del Golfo tiene raíces en estructuras herederas del paramilitarismo y se convirtió con los años en la organización criminal más poderosa de Colombia, con presencia territorial, control de economías ilegales y capacidad de presión armada en varias regiones.

Su respuesta coloca al gobierno entrante ante una primera prueba de seguridad. De la Espriella ganó la Presidencia con un discurso de mano dura, crítica frontal a la política de “paz total” de Gustavo Petro y promesa de aplicar el imperio de la ley frente a las organizaciones armadas.

Pero la carta del Clan del Golfo muestra que esos grupos buscarán condicionar desde el inicio el terreno de la negociación o del sometimiento. No aceptan presentarse como una estructura simplemente vencida, sino como un actor armado que exige reglas, garantías e interlocución.

La organización reiteró además su disposición a mantener conversaciones y expresó voluntad de recibir al comisionado de paz que designe el nuevo gobierno. También invitó a Estados Unidos y Reino Unido a vincularse a un eventual proceso, bajo el argumento de que tienen interés en la transformación de economías informales presentes en los territorios bajo influencia del grupo.

Esa invitación agrega una dimensión internacional al debate. Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, lo que limita los márgenes políticos y jurídicos de cualquier negociación. Al mismo tiempo, Washington sigue siendo un actor clave en la política antidrogas colombiana.

Para De la Espriella, aceptar una mesa amplia podría contradecir su promesa de no repetir las concesiones del gobierno saliente. Rechazar cualquier canal, en cambio, puede empujar a una confrontación militar inmediata con una organización que conserva fuerte presencia territorial.

El dilema no es nuevo en Colombia. Cada gobierno llega al poder prometiendo resolver el problema de los grupos armados, pero termina enfrentando la misma tensión: la fuerza pública puede golpear estructuras criminales, pero el control territorial, las economías ilegales y la protección de comunidades requieren algo más que operaciones militares.

La diferencia ahora es el tono. De la Espriella busca marcar desde el comienzo una ruptura con la “paz total” de Petro. Su mensaje a los grupos armados fue que tendrán un mes para someterse o enfrentar toda la capacidad del Estado.

El Clan del Golfo respondió con otra lógica: no niega el sometimiento, pero exige condiciones. En los hechos, intenta transformar el ultimátum en negociación.

La disputa recién comienza. El nuevo gobierno asumirá el 7 de agosto y deberá definir si mantiene el plazo de un mes como advertencia política, si abre un canal jurídico para el sometimiento o si opta por una estrategia de presión militar desde el primer día.

El episodio anticipa uno de los grandes temas del próximo mandato: qué hacer con las organizaciones armadas que crecieron durante los años de frustración de los procesos de paz y que hoy combinan poder militar, narcotráfico, minería ilegal, extorsión y control territorial.

La carta del Clan del Golfo no garantiza un proceso de paz ni un sometimiento efectivo. Pero sí obliga al presidente electo a pasar del discurso a la arquitectura concreta de una política de seguridad.

De la Espriella prometió ley sin concesiones. El Clan del Golfo pide garantías antes de someterse. Entre esas dos posiciones se abrirá una de las primeras batallas políticas y jurídicas del nuevo gobierno colombiano.

El futuro inmediato dependerá de si el ultimátum se convierte en un camino de sometimiento regulado o en el inicio de una confrontación más dura entre el Estado y la mayor organización criminal del país.