PROCESO
Comenzó el juicio contra el juez Baltasar Garzón
17.01.2012
MADRID, 17 Ene (UYPRESS) - La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzga desde esta mañana al juez Baltasar Garzón por haber ordenado las escuchas a los cabecillas de la red corrupta Gürtel.
El juez Garzón, de gran notoriedad nacional e internacional por su papel en los juicios contra Augusto Pinochet y contra la banda terrorista ETA y contra los crímenes cometidos por el franquismo, compareció ante el tribunal con su toga, junto a su abogado defensor, y no en el habitual “banquillo de los acusados”. A su llegada al Palacio de Justicia, fue saludado por un grupo de ocho jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que le dieron su apoyo.
Alrededor de doscientos simpatizantes de organizaciones contra los “juicio de la vergüenza” han acaparado la parte destinada al público en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo donde se celebrar la vista. Aproximadamente un centenar de periodistas sigue el juicio en la sala de vistas y en el auditorio especialmente habilitado al efecto.
Garzón sufre una fuerte afonía, y tiene que hablar forzando la voz, como pudieron comprobar los informadores que hablaron con él antes de iniciarse el juicio, aunque no es por ese motivo por lo que no va a contestar a las preguntas de las acusaciones. El magistrado va a seguir la misma línea que en la instrucción, en que tampoco contestó a sus acusadores, dos de los cuales, José Antonio Choclán e Ignacio Peláez, fueron compañeros suyos en la Audiencia Nacional.
El magistrado se enfrenta a penas de 10 a 17 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y uso de artificios de escucha, al haber ordenado grabar las conversaciones en prisión entre los cabecillas corruptos de la trama Gürtel con sus abogados. Mientras Garzón lo justificó en la necesidad de impedir el blanqueo de millones de euros por los cabecilla de la trama, éstos, sus abogados y el juez instructor Alberto Jorge Barreiro le acusan de haber vulnerado el derecho de defensa. Si es condenado, será expulsado de la carrera judicial.
El abogado de Garzón, Francisco Baena, había vuelto a plantear la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena en el trámite de cuestiones preliminares, al entender que ambos están contaminados de falta de imparcialidad para juzgarle, dado que además han instruido contra Garzón la causa por su investigación de los crímenes del franquismo y el caso de los patrocinios de cursos jurídicos en Nueva York. En orden a dar cumplimiento al principio de doble instancia penal, ha pedido que la Sala Especial del Supremo pueda pronunciarse en apelación sobre la recusación de esos dos magistrados.
Baena se ha quejado de que el instructor Alberto Jorge Barreiro denegó “de una tacada” la mayoría de las pruebas solicitadas. Por ello, ha pedido a la Sala Penal la incorporación de las diligencias del Tribunal Superior de Madrid en las que el magistrado Antonio Pedreira prorrogó las conversaciones de los presos de la Gürtel con sus abogados, apenas “veinte días después” de que el caso Gürtel pasase de ser instruido por Garzón al Tribunal de Madrid. “Hay una línea de continuidad en la investigación por un juez que ha revisado la actuación de su compañero y proyecta su decisión hacia adelante”, ha dicho Baena.
"Cacería", "linchamiento", "escándalo", "esperpento", "la mayor injusticia del siglo XXI", "envidia", "celos"... Unas 200 personas se han concentrado esta mañana frente a la puerta del Tribunal Supremo convencidas de que el juicio a Baltasar Garzón tiene poco que ver con la justicia. Al magistrado de la Audiencia Nacional sentado hoy en el banquillo, le dedicaron un enorme aplauso a su llegada. A los jueces del Supremo una sonora pitada: "¡Fascistas! ¡Fuera!", "¡sinvergüenzas!".
"¡Esto es el mundo al revés: fascistas y corruptos juzgan al juez!", gritaban detrás de una enorme pancarta que sostenían represaliados del franquismo, sus familiares, personajes del mundo de la cultura, como la actriz Pilar Bardem, y políticos como el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares."Esto no es un juicio, es un linchamiento", ha explicado el político preguntado por su presencia allí. "Un juicio sin ninguna garantía, una especie de bomba racimo en la justicia: si no se lo cargan (a Garzón) en una, caerá en la siguiente. Se le juzga por haber tenido la voluntad de investigar la corrupción de Gürtel y los crímenes del franquismo. Esto es un esperpento nacional y un escándalo internacional. La sala segunda del Tribunal Supremo se ha confabulado con el franquismo y la corrupción".
Llamazares considera, además, que el juicio a Garzón, "es un aviso a navegantes" que sienta un peligroso antecedente, ya que puede incitar a otros jueces a "no querer meterse en líos de casos de corrupción".
Mientras familiares de víctimas del franquismo gritaban: "¡Garzón, valiente! Garzón, inocente!", muchos de ellos sosteniendo imágenes de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura y otros, vistiendo caretas con el rostro del juez suspendido. "Estoy sufriendo mucho por lo que están haciendo a Garzón. Esta no es la España que yo quería ver", ha confesado el hispanista Ian Gibson. "España está quedando fatal ante el mundo. Queda mucho franquismo en la judicatura".
Varios colectivos para la recuperación de la memoria histórica han anunciado movilizaciones de apoyo al juez para los próximos días. Piensan concentrarse frente al Supremo cada día de juicio y planean una gran manifestación para el próximo 29 de enero en Madrid.
El juez Baltasar Garzón, es sometido a juicio por supuesta prevaricación al haber intervenido las comunicaciones en prisión de los jefes de la red Gürtel, a los que encarceló, con sus abogados. La red Gürtel es la mayor trama de corrupción política de España vinculada al Partido Popular (PP) , que actualmente ocupa el gobierno.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclaman entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión, incluidas las mantenidas con sus abogados. Correa y Crespo, que supuestamente repartieron millones entre cargos del PP para conseguir sustanciosos contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón, pero han dispuesto de medios sobrados para pagar unos abogados muy caros que han conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo y, muy posiblemente, acabar con su carrera para siempre. Entre esos letrados, hay dos antiguos colegas de Garzón en la Audiencia: el exjuez José Antonio Choclán, abogado de Correa, y el exfiscal Ignacio Peláez, que promovió la querella inicial. Si Garzón es condenado, será expulsado de la carrera judicial.
El pesimismo sobre la suerte del magistrado, que lleva casi dos años suspendido de funciones, pesa en su entorno. El desarrollo de la instrucción, en paralelo con otras dos causas que tiene abiertas —por investigar crímenes del franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos impartidos en Nueva York y en los que otro juez lleva más de dos años buscando un supuesto cohecho— dejan pocos resquicios, según su entorno, sobre las intenciones de la Sala Penal del Supremo. Y la arremetida final del instructor del caso de las escuchas, Alberto Jorge Barreiro, cierra virtualmente cualquier especulación sobre un resultado distinto al de culpable, según las mismas fuentes. Garzón, según Barreiro, al ordenar las escuchas a los abogados lesionó “uno de los principios básicos del sistema penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho”. Las escuchas a los abogados fueron anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Alrededor de doscientos simpatizantes de organizaciones contra los “juicio de la vergüenza” han acaparado la parte destinada al público en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo donde se celebrar la vista. Aproximadamente un centenar de periodistas sigue el juicio en la sala de vistas y en el auditorio especialmente habilitado al efecto.
Garzón sufre una fuerte afonía, y tiene que hablar forzando la voz, como pudieron comprobar los informadores que hablaron con él antes de iniciarse el juicio, aunque no es por ese motivo por lo que no va a contestar a las preguntas de las acusaciones. El magistrado va a seguir la misma línea que en la instrucción, en que tampoco contestó a sus acusadores, dos de los cuales, José Antonio Choclán e Ignacio Peláez, fueron compañeros suyos en la Audiencia Nacional.
El magistrado se enfrenta a penas de 10 a 17 años de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación y uso de artificios de escucha, al haber ordenado grabar las conversaciones en prisión entre los cabecillas corruptos de la trama Gürtel con sus abogados. Mientras Garzón lo justificó en la necesidad de impedir el blanqueo de millones de euros por los cabecilla de la trama, éstos, sus abogados y el juez instructor Alberto Jorge Barreiro le acusan de haber vulnerado el derecho de defensa. Si es condenado, será expulsado de la carrera judicial.
El abogado de Garzón, Francisco Baena, había vuelto a plantear la recusación de los magistrados Luciano Varela y Manuel Marchena en el trámite de cuestiones preliminares, al entender que ambos están contaminados de falta de imparcialidad para juzgarle, dado que además han instruido contra Garzón la causa por su investigación de los crímenes del franquismo y el caso de los patrocinios de cursos jurídicos en Nueva York. En orden a dar cumplimiento al principio de doble instancia penal, ha pedido que la Sala Especial del Supremo pueda pronunciarse en apelación sobre la recusación de esos dos magistrados.
Baena se ha quejado de que el instructor Alberto Jorge Barreiro denegó “de una tacada” la mayoría de las pruebas solicitadas. Por ello, ha pedido a la Sala Penal la incorporación de las diligencias del Tribunal Superior de Madrid en las que el magistrado Antonio Pedreira prorrogó las conversaciones de los presos de la Gürtel con sus abogados, apenas “veinte días después” de que el caso Gürtel pasase de ser instruido por Garzón al Tribunal de Madrid. “Hay una línea de continuidad en la investigación por un juez que ha revisado la actuación de su compañero y proyecta su decisión hacia adelante”, ha dicho Baena.
"Cacería", "linchamiento", "escándalo", "esperpento", "la mayor injusticia del siglo XXI", "envidia", "celos"... Unas 200 personas se han concentrado esta mañana frente a la puerta del Tribunal Supremo convencidas de que el juicio a Baltasar Garzón tiene poco que ver con la justicia. Al magistrado de la Audiencia Nacional sentado hoy en el banquillo, le dedicaron un enorme aplauso a su llegada. A los jueces del Supremo una sonora pitada: "¡Fascistas! ¡Fuera!", "¡sinvergüenzas!".
"¡Esto es el mundo al revés: fascistas y corruptos juzgan al juez!", gritaban detrás de una enorme pancarta que sostenían represaliados del franquismo, sus familiares, personajes del mundo de la cultura, como la actriz Pilar Bardem, y políticos como el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares."Esto no es un juicio, es un linchamiento", ha explicado el político preguntado por su presencia allí. "Un juicio sin ninguna garantía, una especie de bomba racimo en la justicia: si no se lo cargan (a Garzón) en una, caerá en la siguiente. Se le juzga por haber tenido la voluntad de investigar la corrupción de Gürtel y los crímenes del franquismo. Esto es un esperpento nacional y un escándalo internacional. La sala segunda del Tribunal Supremo se ha confabulado con el franquismo y la corrupción".
Llamazares considera, además, que el juicio a Garzón, "es un aviso a navegantes" que sienta un peligroso antecedente, ya que puede incitar a otros jueces a "no querer meterse en líos de casos de corrupción".
Mientras familiares de víctimas del franquismo gritaban: "¡Garzón, valiente! Garzón, inocente!", muchos de ellos sosteniendo imágenes de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura y otros, vistiendo caretas con el rostro del juez suspendido. "Estoy sufriendo mucho por lo que están haciendo a Garzón. Esta no es la España que yo quería ver", ha confesado el hispanista Ian Gibson. "España está quedando fatal ante el mundo. Queda mucho franquismo en la judicatura".
Varios colectivos para la recuperación de la memoria histórica han anunciado movilizaciones de apoyo al juez para los próximos días. Piensan concentrarse frente al Supremo cada día de juicio y planean una gran manifestación para el próximo 29 de enero en Madrid.
El juez Baltasar Garzón, es sometido a juicio por supuesta prevaricación al haber intervenido las comunicaciones en prisión de los jefes de la red Gürtel, a los que encarceló, con sus abogados. La red Gürtel es la mayor trama de corrupción política de España vinculada al Partido Popular (PP) , que actualmente ocupa el gobierno.
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclaman entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión, incluidas las mantenidas con sus abogados. Correa y Crespo, que supuestamente repartieron millones entre cargos del PP para conseguir sustanciosos contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón, pero han dispuesto de medios sobrados para pagar unos abogados muy caros que han conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo y, muy posiblemente, acabar con su carrera para siempre. Entre esos letrados, hay dos antiguos colegas de Garzón en la Audiencia: el exjuez José Antonio Choclán, abogado de Correa, y el exfiscal Ignacio Peláez, que promovió la querella inicial. Si Garzón es condenado, será expulsado de la carrera judicial.
El pesimismo sobre la suerte del magistrado, que lleva casi dos años suspendido de funciones, pesa en su entorno. El desarrollo de la instrucción, en paralelo con otras dos causas que tiene abiertas —por investigar crímenes del franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos impartidos en Nueva York y en los que otro juez lleva más de dos años buscando un supuesto cohecho— dejan pocos resquicios, según su entorno, sobre las intenciones de la Sala Penal del Supremo. Y la arremetida final del instructor del caso de las escuchas, Alberto Jorge Barreiro, cierra virtualmente cualquier especulación sobre un resultado distinto al de culpable, según las mismas fuentes. Garzón, según Barreiro, al ordenar las escuchas a los abogados lesionó “uno de los principios básicos del sistema penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de derecho”. Las escuchas a los abogados fueron anuladas por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
f.l.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
