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10.10.2025

OTHER NEWS (Por Diego Tudares* – Mundiario) – La presidenta de Perú fue puesta en vacancia por “incapacidad moral permanente”, tras semanas de una creciente ola del crimen organizado y una desaprobación récord a ocho meses de las elecciones generales.

La madrugada de este viernes marcó el fin abrupto del gobierno de Dina Boluarte. En una sesión extraordinaria, el Congreso de Perú aprobó con 122 votos a favor la moción de vacancia por "incapacidad moral permanente", un mecanismo constitucional que en la práctica ha devenido en herramienta política recurrente. La decisión se produjo tras una jornada de tensiones, agravadas por un atentado contra la popular banda de cumbia Agua Marina durante su presentación en un recinto militar, lo que simbolizó el descontrol de la violencia urbana que azota al país.

Boluarte, que no se presentó ante el pleno para ejercer su defensa, calificó el proceso como "inconstitucional" y denunció una "maniobra política" para forzar su salida. Pero ni su ausencia ni sus argumentos frenaron el impulso parlamentario de una coalición que incluyó a sus antiguos aliados: los fujimoristas y la derecha conservadora que hasta hace poco sostenían su gestión.

La trayectoria política de Boluarte, que llegó al poder tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022, ha sido una sucesión de fracturas. De ser la primera mujer presidenta del Perú pasó a ser la mandataria más impopular de su historia reciente, con apenas un 5 % de aprobación. Su alianza táctica con el fujimorismo le permitió mantenerse en el cargo durante casi dos años, pero esa red de apoyo se disolvió cuando la crisis de seguridad superó los límites tolerables incluso para sus socios.

El atentado en a la banda en Chorrillos se convirtió en el detonante político. La indignación social, las denuncias por corrupción y los escándalos personales -desde la cirugía estética durante su mandato hasta la posesión de joyas no declaradas- habían debilitado su legitimidad, pero fue la violencia generalizada la que selló su destino.

La inseguridad como punto de quiebre

Durante 2024, Perú experimentó un auge inédito del crimen organizado, la extorsión y el sicariato. Las mafias que controlan el transporte urbano y los mercados en Lima y Trujillo desafiaron abiertamente al Estado, mientras el Ejecutivo respondía con operativos dispersos y sin resultados. La percepción de vacío de poder en materia de seguridad terminó por alinear a un Congreso fragmentado, que vio en la vacancia la oportunidad de reconfigurar el tablero político antes de las elecciones generales previstas para abril de 2026.

El nuevo mandatario, José Jerí Oré, hasta ahora presidente del Congreso, asume el cargo con la promesa de "declararle la guerra al crimen". Sin embargo, su ascenso refleja también el poder acumulado por el Legislativo en un país que ha visto caer a seis presidentes desde 2018. Jerí, dirigente del partido centroderecha Somos Perú, enfrenta investigaciones por corrupción y acoso, lo que anticipa una gestión marcada por la desconfianza.

El Congreso emerge nuevamente como el árbitro de la crisis, aunque su propio descrédito ante la opinión pública-con niveles de desaprobación superiores al 90 %- convierte su papel en un ejercicio de legitimidad precaria.

El factor de desgaste y la erosión del sistema político

La salida de Boluarte no sorprende tanto por su causa como por su contexto. La crisis de violencia ha sido el catalizador de una inestabilidad institucional que arrastra al país desde hace más de un lustro. Perú vive atrapado en un ciclode destituciones, renuncias y pactos efímeros, en el que el sistema presidencialista se ha vuelto rehén de un Congreso sin contrapesos reales.

Boluarte llegó al poder como figura de transición, pero su gestión se transformó en un reflejo de la debilidad estructural del Estado peruano: incapaz de garantizar seguridad ni cohesión política.

Con la juramentación de José Jerí, el país se encamina a una nueva transición, en teoría breve, pero políticamente incierta. El nuevo gobierno deberá enfrentar el desafío de restaurar la confianza pública, controlar la violencia urbana y garantizar que las elecciones de 2026 se celebrensin sobresaltos.

Sin embargo, el relevo no despeja las dudas: en el Perú contemporáneo, la presidencia se ha convertido en un cargo de alto riesgo y corta duración. Boluarte, como sus predecesores, cae no solo por sus errores, sino también por un sistema político que ha perdido toda capacidad de estabilidad a largo plazo.

La destitución de Dina Boluarte marca un nuevo episodio en la descomposición del poder en Perú. La inseguridad, convertida en crisis de Estado, ha servido de catalizador para un Congreso que combina supervivencia institucional y oportunismo político. A ocho meses de las elecciones, el país encara una nueva transición que, más que cerrar un ciclo, parece perpetuarlo.

*Diego Tudares, colaborador de Mundiario, es abogado egresado de la URBE, aficionado a la política internacional, a los derechos humanos y al medioambiente.

Imagen: archivo/Infobae