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ARGENTINA, 15 Oct (MINUTO POLÍTICO)- La presidenta atacó a la oposición y a Cobos por sancionar la ley sin especificar de dónde saldrían los fondos. Dijo que llevaría a la “quiebra” el Estado, pero no habló de la desigualdad del reparto. Por qué no usó un veto parcial.

El veto de la presidenta Cristina Kirchner al proyecto para fijar el 82 por ciento móvil a las jubilaciones ya fue publicado en el Boletín Oficial. Así se concretó oficialmente la medida que ya había anunciado este jueves, donde abundó en críticas a la oposición y al vicepresidente Julio Cobos por haber sancionado la ley. En los argumentos expuestos apunta al desequilibrio financiero que provocaría la aplicación de la medida, ya que no tiene prevista asignaciones presupuestarias ni impositivas específicas para cubrir el desembolso que, en 2011, será superior a los 40 mil millones de pesos. Lo paradójico, es que ni el gobierno ni la oposición hablaron del grado de inequidad de la iniciativa que, por ejemplo, llevaría a las jubilaciones mínimas un incremento del 37 por ciento, pero en las prestaciones más altas ese aumento alcanzaría el 80 por ciento.

Para la Jefa de Estado, lo que la oposición persigue con la sanción del 82% móvil "es desfinanciar y quebrar el Estado". Y que "los que ahora sancionaron el 82%, le descontaron el 13% a los jubilados en 2001". "Basta de estafar al Estado", pidió la mandataria. Lo hizo en una conferencia de prensa donde no faltaron los accidentes: hasta se cortó la luz en Casa Rosada. Antes, había dejado entrever su decisión, cuando en un acto en Moreno atacó con dureza a la oposición y al vicepresidente Julio Cobos, quien definió la votación para convertir en ley el proyecto, al que calificó de “okupa”.

La decisión de la presidenta se concretó a través del decreto 1482, mediante el cual vetó “en su totalidad el Proyecto de Ley N° 26.649 por el cual se proponía establecer el haber mínimo garantizado en 82% del salario mínimo, vital y móvil fijado para los trabajadores activo”. En sus argumentos explica que “la pretensión de aprobar un proyecto de ley que disponga la vigencia del 82 por ciento móvil sin financiamiento de corto, mediano y largo plazo, además de ignorar las condiciones pasadas, presentes y futuras del sistema previsional, terminará por desquiciar el régimen público y la totalidad del régimen fiscal”. Una explicación coqueta de la “ley de quiebra”, como calificó la presidenta la medida.

Y sigue: “El proyecto de ley implicaría destinar 9.280,32 millones de pesos para el período octubre diciembre del 2010 y 40.088,53 millones de pesos para 2011, no dice de dónde obtenerlos y está claro que la ANSES no los posee. No cabe duda entonces que se trataría de una medida irresponsable que aparejaría la pronta quiebra no sólo del sistema sino del propio Estado”.

Esta fue una decisión difícil, ya que una medida de esta índole traerá aparejado, seguramente, un costo político. De hecho, se analizó vetar sólo los artículos que ordenaban actualizar las jubilaciones más altas, una manera de responder a los ancianos que menos ganan y, de alguna manera, reducir notablemente el impacto fiscal del plan. Así lo confirmó La Nación. Pero lo descartaron: un veto parcial podía ser revertido con una mayoría simple de legisladores, cuando un veto total requiere dos tercios en cada cámara, algo inalcanzable para la oposición.

Entre los argumentos expuestos en el decreto, se explica que el impacto sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado en la Anses, sería tan grande que “obligaría a un virtual desbaratamiento del mismo”. Y explica a su vez lo que pasaría si la Anses debiese salir a vender las acciones empresarias que heredó de la reestatización de los aportes jubilatorios: “la asunción del Fondo de una posición vendedora, no estudiada con previsibilidad, provocaría el deterioro de los precios de los activos financieros argentinos, generando una desvalorización del mismo”.

Esto mismo había dicho, en otras palabras, la propia presidenta, al denunciar que "detrás de esto hay algo más: los que se sientan en las bancas son sólo máscaras". Se refería a supuestos intereses y empresas que buscan, a su juicio, desgastar al Gobierno y "recomprar a bajo costo acciones de empresas en poder de la Anses".

Desigualdad. Lo que Cristina ni siquiera mencionó al anunciar la medida, sí lo dice el decreto que firmó: “un documento elaborado por el CONICET sostiene que la aplicación del 82% móvil aumentaría la desigualdad en un 15%, la jubilación mínima sólo subiría un 37%, mientras que la media y la alta lo harían entre un 80% y un 100% destinando a los sectores medios y altos una importante masa de dinero”.

Sobre este trabajo de análisis científico del problema previsional, Página/12 ofrece mayor información. El artículo de Tomás Lukin explica que “los economistas enfatizan la necesidad de mejorar el monto de la jubilación mínima de acuerdo con los requerimientos de alimentación, vestimenta, vivienda y esparcimiento de los beneficiarios, y ampliar la cobertura que hoy alcanza al 87 por ciento de los jubilados a la totalidad de la población retirada”.

“La primera parte del articulado de la ley llevaba al 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) el monto de las jubilaciones mínimas. La prestación que perciben la mayoría de los beneficiarios hubiera pasado de 1042 a 1427 pesos. Esa actualización implicaba, de acuerdo con las estimaciones del Ceil-Piette, una erogación de entre 18 y 23 mil millones de pesos. Mientras tanto, el recálculo de los haberes de los ancianos mejor remunerados estipulado en los artículos 5, 6 y 7 de la iniciativa (referidos a los fallos Badaro, Sánchez y Eliff de la Corte Suprema) acarreaba un costo de hasta 30 mil millones pesos. Las simulaciones realizadas para el documento que está elaborando (Demián) Panigo junto con los economistas Julio Neffa, Emmanuel Agis y Nicolás Dvoskin, arrojan casos donde un jubilado pasaba de cobrar 4 mil pesos a 33 mil pesos mensuales si la ley hubiera entrado en vigencia”.