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12.08.2026

LA HABANA (Uypress) – Un tribunal cubano confirmó que la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, serán llevadas a juicio por grabar y publicar en redes sociales la visita de un agente del MININT a su domicilio.

La propia Bensi lo dio a conocer este martes en su cuenta de Facebook, donde compartió la notificación oficial.

«Ya el tribunal confirmó que mi mamá y yo seremos llevadas a juicio, acusadas del delito contra la intimidad personal y familiar. La denuncia fue supuestamente presentada por el policía que se considera ofendido, quien se presentó en nuestro apartamento el 10 de marzo de este año para dejar una citación de la Seguridad del Estado a nombre de mi madre. Ante esta situación, tomamos la decisión de grabar y publicar en redes sociales el momento, como medida para nuestra seguridad», escribió la joven de 21 años.

Según da cuenta CiberCuba, el proceso se remonta al 10 de marzo, cuando el suboficial del MININT Yoel Leodán Rabaza Ramos se presentó en el apartamento de ambas para entregar una citación de la Seguridad del Estado. Madre e hija decidieron documentar el momento y difundirlo en redes como medida de protección, acción que las autoridades convirtieron en base de una imputación penal.

Las acusaciones se amparan en el artículo 393 del Código Penal cubano, que tipifica los «actos contra la intimidad personal y familiar» con penas de entre dos y cinco años de prisión.

El caso tuvo un primer cierre en abril: el abogado defensor Roberto Ortega Ortiz logró que fuera archivado al argumentar que ese delito solo puede perseguirse mediante querella directa del ofendido, no por denuncia policial. Sin embargo, el propio agente Rabaza Ramos presentó una querella directa en julio, lo que reactivó el proceso y anuló el argumento de la defensa.

Desde el 25 de marzo, Anna Bensi y su madre permanecen bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país.

A principios de julio fue retenida casi 11 horas en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria de Alamar. Según su relato, el objetivo era impedirle asistir a la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en la residencia del encargado de negocios de la Embajada estadounidense: «Me soltaron a las nueve de la noche como diciendo ya estamos seguros de que no vas a poder ir. Una injusticia total», declaró tras ser liberada.

La organización Cubalex ha defendido que filmar a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones no constituye delito, sino un derecho ciudadano reconocido por la propia Constitución cubana de 2019.

Imagen: Facebook