COLOMBIA
De la Espriella prometió no subir impuestos y ahora presenta una reforma que recupera medidas de Petro
BOGOTÁ (Uypress) – El presidente colombiano Abelardo de la Espriella enfrenta una de las primeras contradicciones de su gobierno tras presentar al Congreso una reforma fiscal que contempla aumentos de impuestos, pese a haber convertido el rechazo a nuevas cargas tributarias en una de sus principales promesas electorales. La denominada Ley de Rescate Económico, radicada el jueves 29 de octubre, combina recortes del gasto público, modificaciones impositivas y medidas de reorganización estatal, algunas de ellas similares a propuestas que la derecha había cuestionado durante la administración de Gustavo Petro.
El proyecto fue presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, con el objetivo de enfrentar el deterioro de las finanzas públicas y reducir el déficit previsto para 2027.
La iniciativa abre, además, una discusión política que trasciende su contenido económico: cómo reaccionarán los legisladores que rechazaron medidas tributarias semejantes cuando fueron propuestas por Petro y qué posición adoptará el Pacto Histórico ante impuestos que anteriormente había defendido.
La promesa de campaña frente a la realidad del gobierno
Durante la campaña presidencial, De la Espriella insistió en que Colombia no necesitaba nuevas cargas tributarias, sino una administración más austera, una reducción del gasto público y mejores condiciones para la inversión privada.
En declaraciones recuperadas por el medio colombiano Infobae, el entonces candidato explicó que estaba dispuesto a impulsar una reforma tributaria, pero con un propósito opuesto al de aumentar la recaudación mediante nuevos impuestos.
Su planteo era reducirlos para estimular la actividad económica y mejorar las condiciones de empresarios y productores.
El mismo mensaje fue sostenido por integrantes de su equipo político, incluido José Manuel Restrepo, quien posteriormente asumió la vicepresidencia.
Sin embargo, la reforma presentada ante el Congreso contempla modificaciones que aumentan la carga tributaria sobre determinados bienes, servicios y contribuyentes.
La diferencia entre el discurso electoral y el contenido del proyecto ha generado cuestionamientos sobre el cumplimiento de aquellas promesas.
Una reforma que incluye más IVA y cambios en el impuesto a la renta
La Ley de Rescate Económico propone ampliar la aplicación del impuesto al valor agregado y modificar el tratamiento tributario de distintos productos y actividades.
Entre las medidas se encuentra el incremento del IVA del 5% al 19% para determinados bienes y servicios a partir de 2028, además de cambios aplicables a bebidas alcohólicas, vehículos híbridos y eléctricos, servicios digitales y otros consumos.
También incorpora ajustes en el impuesto a la renta de las personas naturales, modificaciones en las deducciones y cambios en los aportes al sistema de salud.
El Gobierno plantea compensar parte del efecto de los mayores impuestos mediante un mecanismo de devolución del IVA destinado a hogares de menores ingresos.
Según las autoridades, el sistema permitiría devolver la totalidad de ese impuesto a aproximadamente 19 millones de personas y una parte a otros 16,3 millones.
La propuesta incluye, al mismo tiempo, una reducción gradual del impuesto a la renta empresarial, cuya tarifa general pasaría del 35% al 31%, así como incentivos para determinadas inversiones.
Por lo tanto, no se trata exclusivamente de una reforma destinada a aumentar impuestos. Combina mayores cargas para ciertos contribuyentes con rebajas para otros y una reestructuración del gasto estatal.
El debate se concentra en determinar cómo se distribuirán los costos del ajuste y si las compensaciones previstas serán suficientes para proteger el poder adquisitivo de los hogares afectados.
Los impuestos que antes proponía Petro
Uno de los aspectos más llamativos es la coincidencia entre algunas disposiciones de la nueva reforma y medidas impulsadas por el gobierno anterior.
La administración de Gustavo Petro había promovido una ampliación de la base del IVA, incluyendo gravámenes sobre los juegos de azar operados por internet y modificaciones en la tributación de determinados consumos.
En septiembre de 2025, la Cámara de Representantes informó que la ley de financiamiento del entonces gobierno contemplaba nuevas cargas sobre diversos sectores, entre ellos los juegos de suerte y azar, los combustibles y algunas actividades económicas.
Posteriormente, otra propuesta tributaria impulsada durante 2026 mantuvo medidas relacionadas con las apuestas digitales, las ganancias ocasionales y el impuesto al patrimonio.
La nueva administración vuelve a plantear el IVA sobre operaciones de juegos de azar por internet, con disposiciones específicas para las plataformas digitales.
La coincidencia es significativa porque ese tipo de gravámenes había sido parte de las discusiones tributarias que enfrentaron al gobierno de Petro con la oposición.
No obstante, las iniciativas presentan diferencias en sus estructuras, tarifas y objetivos fiscales. La existencia de impuestos semejantes no significa que los proyectos sean equivalentes en su totalidad.
La prueba de coherencia para el Congreso
La discusión parlamentaria pondrá a prueba las posiciones sostenidas por los distintos partidos durante los últimos años.
Los legisladores que rechazaron incrementos tributarios durante el gobierno de Petro deberán definir si mantienen esos cuestionamientos frente a una iniciativa presentada por un presidente políticamente afín.
A su vez, los representantes del Pacto Histórico tendrán que decidir si respaldan gravámenes similares a los que promovieron anteriormente o si consideran que las diferencias generales del nuevo proyecto justifican una posición distinta.
El debate no exige necesariamente que cada partido vote de la misma manera dos reformas diferentes. Los legisladores pueden considerar el contexto fiscal, la distribución de las cargas y las disposiciones compensatorias de cada iniciativa.
Sin embargo, esas diferencias requieren una explicación pública.
La discusión sobre la coherencia política aparece precisamente cuando una medida considerada perjudicial bajo un gobierno pasa a ser defendida como necesaria bajo otro, o cuando ocurre el proceso inverso.
La consistencia de las posiciones deberá evaluarse a partir de los argumentos utilizados, los contenidos efectivamente comparables y los efectos esperados sobre la población.
El Gobierno atribuye el ajuste a la situación fiscal heredada
La administración de De la Espriella sostiene que recibió unas finanzas públicas deterioradas, con un elevado nivel de endeudamiento y una creciente carga por el pago de intereses.
Durante la presentación del proyecto, el vicepresidente José Manuel Restrepo responsabilizó al gobierno anterior por la situación económica y afirmó que era necesario adoptar medidas para evitar un agravamiento del déficit.
El Ejecutivo defiende la reforma como un programa de rescate fiscal que busca combinar austeridad administrativa con ingresos adicionales.
Entre las medidas propuestas figuran una reducción del 50% en los gastos asociados a determinados contratos de prestación de servicios durante 2027 y un recorte del 20% en los gastos de personal de entidades nacionales durante 2028, con excepciones previstas en el articulado.
La iniciativa también contempla facultades extraordinarias durante seis meses para reorganizar organismos públicos, fusionar entidades y modificar estructuras administrativas.
Según informó la agencia Reuters, el proyecto responde a las dificultades fiscales de una de las principales economías latinoamericanas, afectada por el crecimiento de la deuda y las obligaciones financieras del Estado.
Estas circunstancias explican por qué el Gobierno considera necesario modificar su estrategia económica, aunque no resuelven por sí solas la contradicción con las promesas formuladas durante la campaña.
¿Quién terminará pagando el ajuste?
La controversia también tiene una dimensión económica y social que va más allá de los enfrentamientos partidarios.
La ampliación del IVA puede afectar el precio final de productos y servicios, mientras que los cambios en el impuesto a la renta y las contribuciones a la seguridad social modifican las obligaciones de diferentes grupos de trabajadores.
El Gobierno sostiene que las devoluciones del IVA permitirán compensar a los sectores de menores ingresos y que la reducción de impuestos empresariales contribuirá a estimular la inversión.
Sin embargo, el alcance de esas compensaciones dependerá de su implementación efectiva, de la cobertura del sistema y de la forma en que los nuevos impuestos se trasladen a los precios.
Un análisis publicado por el medio colombiano La Silla Vacía advierte que la reforma combina medidas de austeridad con una importante ampliación del recaudo tributario y que algunos de sus componentes podrían afectar especialmente a sectores de ingresos medios.
La evaluación del proyecto requiere, por tanto, distinguir entre las intenciones declaradas por el Ejecutivo y los efectos concretos de las disposiciones propuestas.
Una discusión que trasciende a Colombia
El cambio de posición del gobierno colombiano plantea un problema recurrente en la política latinoamericana: la distancia entre las promesas electorales y las decisiones que los gobernantes adoptan cuando enfrentan las restricciones presupuestarias del Estado.
Los impuestos suelen convertirse en un instrumento de confrontación partidaria, especialmente durante las campañas electorales. Sin embargo, las necesidades de financiamiento público no desaparecen cuando cambia el signo político del gobierno.
Las administraciones deben resolver cómo financiar la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad y las obligaciones del Estado, además de determinar qué sectores de la sociedad contribuirán en mayor medida.
La discusión económica admite diferencias legítimas sobre el tamaño del Estado, la estructura tributaria y la distribución de los recursos.
Lo que resulta políticamente relevante es que esas diferencias sean explicadas con criterios consistentes y no exclusivamente en función de quién presenta una iniciativa.
La Ley de Rescate Económico todavía debe atravesar el debate parlamentario y puede experimentar modificaciones antes de una eventual aprobación.
Su discusión permitirá conocer si los partidos colombianos sostienen los argumentos tributarios que defendieron durante el gobierno anterior o si modifican sus posiciones ante la nueva correlación política.
Para De la Espriella, el desafío será justificar ante sus electores por qué un gobierno que prometió no aumentar impuestos considera ahora necesario hacerlo.
Para el Congreso, será una oportunidad de demostrar que las decisiones sobre los recursos públicos responden al contenido de las políticas y sus consecuencias, y no únicamente a la identidad política de quien las propone.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
