UY Press - Agencia uruguaya de noticias

08.07.2026

DURBAN (Uypress) – Decenas de miles de migrantes africanos abandonaron Sudáfrica en las últimas semanas o esperan ser repatriados, empujados por una nueva ola de violencia xenófoba que golpea especialmente a Durban y otras zonas urbanas del país austral.

La ofensiva combina protestas antiinmigración, amenazas, saqueos, desalojos forzados y ataques contra viviendas y pequeños comercios de extranjeros. Aunque los migrantes representan alrededor del 4% de la población sudafricana, se han convertido en blanco de acusaciones por desempleo, inseguridad y deterioro de los servicios públicos, en un país con una desocupación cercana al 30%.

El epicentro de la crisis está en la provincia de KwaZulu-Natal, donde grupos antiinmigración intensificaron sus movilizaciones desde mayo. Uno de ellos, March and March, fijó el 30 de junio como fecha límite para que los extranjeros indocumentados abandonaran el país. Desde entonces se multiplicaron los campamentos improvisados, las familias durmiendo en la calle y las filas de personas que esperan subir a autobuses hacia sus países de origen.

Según El País, más de 25.000 personas —principalmente de Malaui— ya regresaron a sus países desde el inicio de la campaña xenófoba. EFE, citada por Medios Públicos, informó además repatriaciones o retornos de ciudadanos de Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia, con cifras que muestran la dimensión regional de la crisis.

La situación afecta tanto a migrantes sin documentación regular como a refugiados, solicitantes de asilo y residentes con papeles en regla. En Durban, familias congoleñas que huyeron de la guerra en el este de la República Democrática del Congo fueron expulsadas de sus casas o perdieron sus medios de vida. Varias denuncian que la policía no las protegió frente a agresiones, amenazas o saqueos.

La violencia también dejó víctimas mortales. Nigeria informó que dos de sus ciudadanos murieron en Sudáfrica en medio de las protestas antiinmigrantes, uno presuntamente por disparos de policías y otro por atacantes no identificados. AP señaló que esos hechos ocurrieron el 28 de junio, dos días antes del ultimátum fijado por los grupos de protesta.

Otros países africanos expresaron preocupación o protesta formal. Ghana, Nigeria, Kenia, Malaui, Lesoto, Guinea-Bisáu y otros gobiernos emitieron alertas, convocaron diplomáticos sudafricanos o pidieron respuestas regionales ante lo que consideran ataques contra sus ciudadanos.

El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, condenó la violencia y afirmó que la aplicación de la ley migratoria corresponde al Estado, no a grupos civiles. Sin embargo, también defendió la necesidad de controlar la inmigración irregular y anunció medidas para endurecer los controles fronterizos, acelerar deportaciones y reformar el sistema de asilo.

En paralelo, el gobierno desplegó más de 3.000 soldados para apoyar a la Policía. Reuters informó que 3.405 efectivos de la Fuerza Nacional de Defensa Sudafricana fueron movilizados desde el 28 de junio, en una operación destinada a reforzar la seguridad durante las protestas antiinmigrantes y prevenir nuevos episodios de violencia.

La crisis no es nueva para Sudáfrica. El país ya atravesó estallidos xenófobos graves en 2008, 2015, 2019 y 2021. En 2008, más de 60 personas murieron en ataques contra extranjeros. La diferencia, según testimonios recogidos por organizaciones sociales y medios internacionales, es que la actual ola no se limita a saqueos o protestas, sino que incluye la expulsión directa de familias enteras de barrios donde vivieron durante años.

El fenómeno expone una fractura profunda en la sociedad sudafricana posterior al apartheid. Históricamente construida sobre migraciones internas y regionales, Sudáfrica es hoy el destino económico más importante del sur del continente. Pero el estancamiento, la desigualdad, el desempleo y la disputa por servicios públicos han creado un terreno fértil para discursos que culpan a extranjeros africanos de problemas estructurales.

Los especialistas advierten que esa explicación es falsa o, al menos, profundamente simplificadora. Reuters consignó que investigadores sociales cuestionan la idea de que los migrantes sean responsables del desempleo, la delincuencia o el colapso de los servicios públicos. En muchos casos, los atacados son pequeños comerciantes, trabajadores informales o refugiados que sostienen sus propios negocios y emplean también a sudafricanos.

El temor, sin embargo, ya transformó la vida cotidiana de miles de personas. Algunos migrantes optan por irse; otros no tienen adónde volver. Para refugiados congoleños, etíopes o somalíes, regresar puede significar enfrentar persecución, guerra o ausencia total de redes familiares. Esa realidad deja a muchos atrapados entre la violencia xenófoba en Sudáfrica y la inseguridad en sus países de origen.

La nueva ola antiinmigrante coloca a Ramaphosa ante un dilema político y humanitario: responder a demandas internas de control migratorio sin legitimar grupos que actúan mediante intimidación, violencia y expulsiones ilegales.

Por ahora, la salida masiva de migrantes africanos ya convirtió la crisis en un problema regional. Lo que comenzó como una campaña contra extranjeros indocumentados derivó en ataques indiscriminados, desplazamiento forzado y una advertencia incómoda para Sudáfrica: tres décadas después del fin del apartheid, nuevas formas de exclusión vuelven a marcar quién puede vivir, trabajar y sentirse seguro dentro del país.

Imagen: AFP