UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.06.2026

TEHERÁN (Uypress) – Organizaciones de derechos humanos denunciaron un fuerte aumento de las ejecuciones de presos políticos en Irán, en un contexto marcado por la guerra, la tensión con Estados Unidos e Israel y la intensificación de los controles internos del régimen.

La alerta apunta a una dinámica cada vez más visible: mientras el gobierno iraní presenta las medidas como parte de la defensa nacional frente a enemigos externos, activistas y expertos sostienen que la guerra está siendo utilizada como cobertura para acelerar procesos judiciales, silenciar disidencias y ejecutar opositores.

Según reportes de organizaciones internacionales, decenas de personas fueron ejecutadas en los últimos meses tras ser condenadas por cargos políticos o de seguridad nacional, entre ellos espionaje, colaboración con Israel, pertenencia a grupos opositores o participación en protestas antigubernamentales.

El incremento generó preocupación entre defensores de derechos humanos, que advierten sobre procesos judiciales sin garantías, confesiones obtenidas bajo tortura, falta de acceso efectivo a abogados y juicios sumarios ante tribunales revolucionarios.

Amnistía Internacional denunció que las autoridades iraníes están utilizando lo que denominan “condiciones de guerra” para intensificar la represión de la disidencia. La organización señaló que el patrón incluye arrestos masivos, condenas aceleradas, ejecuciones por motivos políticos, largas penas de prisión y confiscación de bienes.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán también advirtió sobre una aceleración extraordinaria de la maquinaria de ejecución. Según esa organización, el régimen recurre a la pena de muerte como herramienta política para sembrar miedo, castigar la protesta y enviar un mensaje de control a la sociedad.

La presión se concentra especialmente sobre personas acusadas de participar en las protestas de enero de 2026, militantes de grupos opositores, minorías étnicas y activistas vinculados a movimientos de derechos humanos. Varios casos fueron denunciados por sus familias como condenas basadas en expedientes fabricados o confesiones forzadas.

En los últimos días, medios internacionales informaron sobre nuevas ejecuciones de personas acusadas por el Poder Judicial iraní de haber liderado disturbios o colaborado con enemigos externos. Las autoridades de Teherán defienden esas sentencias como parte de su lucha contra el espionaje, el terrorismo y la desestabilización interna.

Para las organizaciones de derechos humanos, en cambio, el uso de figuras como “enemistad contra Dios”, “corrupción en la Tierra” o “colaboración con el enemigo” permite criminalizar la protesta política y aplicar la pena capital contra opositores sin garantías judiciales mínimas.

El fenómeno se produce en un momento de alta sensibilidad interna. Irán atraviesa una crisis económica profunda, marcada por inflación, devaluación, escasez y malestar social. A eso se suma el impacto de la guerra, las sanciones internacionales, los ataques externos y el aumento del control del aparato de seguridad.

Expertos en derechos humanos sostienen que el régimen busca impedir que el descontento social se transforme nuevamente en protestas masivas. La ejecución de presos políticos funciona, en esa lectura, como una advertencia directa a quienes puedan intentar organizarse o desafiar al poder.

La situación también preocupa por la cantidad de personas que permanecen en riesgo. Amnistía Internacional informó que decenas de manifestantes, disidentes y personas acusadas de vínculos reales o supuestos con grupos opositores se encuentran bajo sentencia de muerte o expuestas a ejecuciones inminentes.

La ONU había advertido previamente que, desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel, Irán ejecutó a varias personas por cargos vinculados a protestas, oposición política o espionaje, y detuvo a miles bajo acusaciones de seguridad nacional.

El gobierno iraní niega que se trate de presos políticos y sostiene que los condenados participaron en acciones violentas, espionaje o actividades contra la seguridad del Estado. Sin embargo, la falta de transparencia judicial y las denuncias reiteradas de torturas y confesiones forzadas alimentan el cuestionamiento internacional.

El aumento de las ejecuciones abre un nuevo frente de presión sobre Teherán. Mientras el régimen busca presentarse como víctima de agresiones externas, las organizaciones de derechos humanos insisten en que la guerra no puede justificar la eliminación de garantías judiciales ni el uso de la pena de muerte como herramienta de control político.

Irán vuelve así al centro de las denuncias internacionales por su política represiva. La guerra opera como telón de fondo, pero el mensaje de las organizaciones es claro: detrás del argumento de seguridad nacional, el régimen estaría profundizando una ofensiva interna contra presos políticos, disidentes y manifestantes.