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TRÍPOLI (Uypress) – Diez activistas del convoy terrestre Global Sumud Land permanecen retenidos por autoridades del este de Libia desde el 24 de mayo, cuando se acercaron a un puesto de control cercano a Sirte para negociar el paso seguro de una caravana humanitaria hacia Gaza.

La actualización del caso fue difundida en las últimas horas por medios internacionales y por la propia organización, que denunció que los detenidos siguen sin comunicación directa y sin acceso consular regular. Entre las personas retenidas hay ciudadanos de España, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Portugal, Túnez e Italia.

El uruguayo detenido es Matías Álvarez Rodríguez, de 29 años. Su presencia en el convoy fue confirmada por Global Sumud y por medios uruguayos. Cancillería informó días atrás que estaba al tanto de la situación y que realizaba gestiones diplomáticas con el gobierno libio, aunque advirtió que se trata de una situación compleja.

El caso volvió a tomar fuerza pública por el testimonio de Bruno Rodríguez Armesto, hijo de la española Alicia Armesto Núñez. Según relató a elDiario.es, su madre le avisó que se acercaría con un pequeño equipo negociador al checkpoint para intentar destrabar el paso del convoy. La expectativa era regresar en pocas horas. Eso no ocurrió. Desde entonces, las familias no tienen información clara sobre cuándo ni cómo podrán volver a casa.

Global Sumud informó que la última comunicación directa del grupo se produjo el 24 de mayo, cuando uno de los delegados avisó que estaban siendo trasladados en tres camionetas blancas. Desde ese momento, según la organización, no hubo contacto directo con los diez activistas.

Los retenidos son Alicia Armesto Núñez, de España; Laura Kwoczala, de Polonia; Jenelle Jones, de Estados Unidos; María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera, de Argentina; Matías Álvarez Rodríguez, de Uruguay; Ana Margarida França Santana Baptista, de Portugal; Ashraf Khoja, de Túnez; y los italianos Domenico Centrone y Leonarda Alberizia.

El grupo formaba parte de una caravana de más de 200 personas procedentes de más de 20 países. El convoy transportaba ambulancias, viviendas móviles y camiones con suministros humanitarios destinados a la población civil de Gaza. La misión buscaba atravesar el norte de África y llegar a Egipto para intentar ingresar ayuda por el paso de Rafah.

Según Global Sumud, los diez activistas no intentaban una acción violenta ni clandestina, sino negociar con las autoridades del este de Libia el paso del convoy o la entrega de la ayuda a través de intermediarios humanitarios, incluida la Media Luna Roja Libia. La organización sostiene que habían realizado trámites y comunicaciones previas con distintos gobiernos de la ruta.

Las autoridades del este libio ofrecen otra versión. Afirman que los integrantes del convoy ingresaron en territorio bajo su control sin completar los procedimientos legales ni obtener las autorizaciones necesarias. También sostienen que el paso fronterizo terrestre hacia Egipto está restringido a ciudadanos libios y egipcios, y que los retenidos están recibiendo atención en el marco de la normativa local.

El conflicto ocurre en una zona especialmente compleja. Sirte se ubica cerca de la línea que separa las áreas de influencia del oeste y el este de Libia. Desde la caída de Muamar el Gadafi, el país quedó dividido entre autoridades rivales, con un gobierno en Trípoli reconocido internacionalmente y un poder de facto en el este, vinculado al mariscal Jalifa Hafter y al Ejército Nacional Libio.

Esa fragmentación dificulta las gestiones diplomáticas. Las familias reclaman información, los organizadores piden la liberación inmediata y los gobiernos de los países involucrados deben interactuar con autoridades cuya legitimidad y control territorial forman parte del propio problema libio.

El caso tiene además una dimensión humanitaria más amplia. El convoy terrestre era parte de las acciones internacionales de Global Sumud para denunciar el bloqueo a Gaza y trasladar ayuda a una población civil devastada por la guerra. La misión terrestre se coordinaba con iniciativas marítimas de la misma red, que también fueron interceptadas en los últimos días.

La detención de los activistas dejó al convoy sin posibilidad de continuar su ruta. Global Sumud anunció que la misión terrestre debió concluir por los obstáculos acumulados, la falta de garantías de paso y la retención de su equipo negociador.

Para Uruguay, el caso tiene un componente directo por la presencia de Matías Álvarez Rodríguez. Hasta ahora no hay información pública que indique una liberación ni un retorno seguro. La situación permanece abierta y depende de gestiones diplomáticas en un escenario de alta fragilidad institucional.

El episodio expone tres crisis superpuestas: la guerra y el bloqueo en Gaza, la inestabilidad política de Libia y los límites de las misiones civiles internacionales cuando atraviesan territorios fragmentados, militarizados y sin autoridad única.

Las familias solo tienen una certeza: los activistas fueron a negociar y no volvieron. Cinco días después, el reclamo central ya no es solo que la ayuda llegue a Gaza, sino que los diez detenidos aparezcan, se comuniquen con sus consulados y puedan regresar con seguridad.