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30.01.2024

BUENOS AIRES (Xinhua) - El oficialismo de la Cámara de Diputados de Argentina convocó para el próximo miércoles a una sesión especial para el debate del proyecto de ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", una iniciativa considerada clave por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Fuentes al tanto dijeron hoy que la discusión del proyecto de ley demandará unas 30 horas de debate, a pesar de que el Ejecutivo retiró el capítulo fiscal de la iniciativa con el objetivo de facilitar las deliberaciones.

El proyecto de ley, conocido en el país sudamericano como "Ley Ómnibus" por la diversidad de temas que aborda, contempla una delegación de facultades al Poder Ejecutivo, una amplia reforma y desregulación del Estado, y la privatización de más de 40 empresas públicas.

Para la aprobación del proyecto legislativo se requieren 129 votos en la Cámara Baja y el bloque oficialista La Libertad Avanza está compuesto por 38 diputados, "una situación en minoría que explica los cambios que introdujo el Gobierno a la iniciativa", dijo a Xinhua el politólogo Patricio Giusto.

Desde que envió el proyecto a la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ha entablado conversaciones con bloques denominados "dialoguistas", por su disposición, aunque con matices, a avanzar con la propuesta.

Esos bloques son Propuesta Republicana (PRO, con 37 diputados), la Unión Cívica Radical (UCR, con 34 diputados), Hacemos Coalición Federal (HCF, con 23 diputados) e Innovación Federal (IF, con nueve diputados).

Si el oficialismo consiguiera el apoyo de estos bloques alcanzaría 141 votos a favor y aseguraría la media sanción de la "Ley Ómnibus" en Diputados, desde donde el proyecto se enviaría a la Cámara de Senadores para su consideración.

"Milei propone una reforma profunda del Estado, por ejemplo en términos de las empresas estatales, se trata de un nivel de cambios y de reformas que Argentina no ve desde principio de los años 90, en la época del menemismo, cuando llegó un Gobierno neoliberal, el de Carlos Menem (1989-1999), e hizo una reforma profunda", recordó Giusto.

El académico remarcó, sin embargo, que "Menem llegó con un grado de consenso mucho mayor, con una trayectoria política que Milei no tiene".

En ese marco, el oficialismo y los bloques más dialoguistas continuaron este lunes las conversaciones para ordenar la forma en que se tratará la iniciativa en el recinto de la Cámara, luego del estudio que realizaron distintas comisiones de diputados, entre ellas la de Legislación General, la de Presupuesto y la de Asuntos Constitucionales.

Una fuente allegada al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citada por la agencia oficial de noticias Télam, señaló que el martes se realizará la reunión de Labor Parlamentaria para "ordenar" el debate del proyecto de ley, un encuentro en el que participarán los presidentes de todos los bloques con presencia en la Cámara.

El programa implementado por el Gobierno argentino, desde la asunción de Milei el 10 de diciembre pasado, recorta el gasto público e impulsa una amplia desregulación en materia política y económica mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia y el proyecto de ley que debaten los diputados.

Esos dos instrumentos, de manera combinada, desregulan el comercio, los servicios y la industria, y dejan sin efecto toda normativa que "distorsione los precios del mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y la demanda".

Derogan o modifican alrededor de 300 regulaciones, entre ellas las que impiden privatizar empresas públicas, y establecen cambios en materia de empleo e indemnizaciones por despido, en el régimen de partidos políticos y en la composición de la Cámara de Diputados.

El capítulo fiscal del proyecto de ley fue retirado por el Ejecutivo, según anunció el viernes anterior el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión de retirar ese capítulo responde a un "disenso" con diversos actores, por lo que se resolvió someter a votación del Congreso solo la "parte estructural y más importante" del proyecto, según el funcionario.

El titular de la cartera económica detalló durante una conferencia de prensa que el paquete fiscal que se apartó constaba de medidas como el régimen de blanqueo de capitales, que estaba orientado a regularizar bienes no declarados, una regularización impositiva, una reforma del impuesto a las ganancias aplicable a los salarios altos, el aumento de los derechos de exportación agropecuaria y un cambio en la fórmula para calcular mejoras en las jubilaciones.

Gobernadores de provincias con producción agropecuaria, como Martín Llaryora (Córdoba, centro) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe, centro), se habían expresado contra los impuestos a la exportación de soya y derivados, mientras que legisladores de la UCR y HCF también habían expresado sus reparos por las medidas que podrían afectar el ingreso de los jubilados.

El Partido Justicialista (PJ, peronismo, que gobernó entre 2019 y 2023) se ha mostrado en contra de la iniciativa, al igual que legisladores de izquierda.

Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria (UxP), que representa al PJ en la Cámara Baja, consideró que la propuesta sigue siendo "invotable" a pesar de los cambios introducidos y los capítulos que se retiraron.

"Sigue el tema de las privatizaciones de 41 empresas públicas, siguen los componentes de elementos penales planteados en la criminalización de las protestas, al igual que los cambios que se proponen para temas culturales y educativos. Que nadie piense que ahora la ley es tolerable", planteó el legislador nacional por la provincia de Santa Fe.

Martínez agregó que como el Ejecutivo no pudo avanzar con los impuestos a las exportaciones agropecuarias ni modificar la fórmula por la que se actualizan las jubilaciones, ahora "va a acelerar los tarifazos y la quita de subsidios al transporte, algo que pagaremos todos los argentinos".

En visión del académico Giusto, el haber retirado el capítulo fiscal de la norma hace que se ingrese "a un terreno desconocido. ¿Qué va a hacer ahora el Gobierno? ¿Va a enviar una ley para el tema fiscal, una para el tema jubilatorio y otra para el blanqueo de capitales?", se preguntó el experto.

"El Gobierno no tenía un escenario fácil para hacer estas reformas tan profundas y tan radicales, pero esto no se manejó de la mejor manera, porque tensionó, por ejemplo, la relación con los gobernadores", planteó.

En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo hoy en una rueda de prensa en la Casa de Gobierno que "con la quita del capítulo económico del debate de la Ley Bases, va a haber un ajuste mayor a las provincias".

El portavoz estimó que "la quita del capítulo económico va a facilitar y allanar definitivamente el camino para la aprobación de la ley", y enfatizó que el objetivo del Gobierno es "el camino hacia el déficit cero. Ese es nuestro norte y no lo vamos a modificar".

Foto: Martín Zabala/Xinhua