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12.06.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – Un documento reservado elaborado por especialistas internacionales expuso nuevas objeciones sobre el proceso de licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una de las concesiones más importantes impulsadas por el gobierno de Javier Milei y clave para el comercio exterior argentino y regional.

Según informó Ámbito, el informe fue elevado a uno de los consorcios participantes de la licitación y advierte sobre presuntas irregularidades en el pliego, en la evaluación de ofertas y en el diseño general del procedimiento. El documento apunta contra la actuación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, organismo encargado de conducir el proceso.

La Hidrovía Paraná-Paraguay es una infraestructura estratégica para Argentina y para el Mercosur. Por allí circula buena parte de las exportaciones agroindustriales argentinas y también cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. La concesión involucra tareas de dragado, redragado, señalización, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

El proceso licitatorio quedó reducido a dos grandes competidores: Jan De Nul, asociada con la argentina Servimagnus, y DEME NV, compañía belga que integra un consorcio con respaldo de actores financieros e industriales internacionales, entre ellos KKR, Clear Street y Great Lakes Dredge & Dock Company.

De acuerdo con la información publicada, el documento reservado advierte sobre un eventual direccionamiento del proceso, conflictos de interés en la evaluación, costos inflados, plazos excesivamente acotados y una tarifa de peaje que habría condicionado la competencia real entre los oferentes.

Uno de los puntos más delicados refiere al tratamiento de los antecedentes técnicos. El informe sostiene que la Agencia habría descalificado buena parte de la experiencia internacional presentada por DEME, pese a que se trata de una firma reconocida globalmente en el sector de dragado. En paralelo, cuestiona que se hayan aceptado antecedentes de Jan De Nul-Servimagnus bajo criterios que, según el documento, no habrían sido aplicados del mismo modo a sus competidores.

El informe también señala un posible conflicto de interés vinculado a certificaciones utilizadas para acreditar experiencia técnica y al rol de integrantes de la comisión evaluadora. Esa observación resulta especialmente sensible porque la etapa técnica fue decisiva para ordenar la competencia antes de la evaluación económica.

El Gobierno argentino había defendido el procedimiento y sostuvo que la etapa técnica se realizó con criterios validados por Naciones Unidas. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación informó oficialmente que Jan De Nul obtuvo 66,20 puntos y DEME 42,14, y que ambas empresas quedaron habilitadas para pasar a la apertura de ofertas económicas.

Sin embargo, los cuestionamientos no son nuevos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ya había advertido en mayo sobre “serias y evidentes irregularidades” en la redacción de los pliegos, con posibles consecuencias administrativas o penales. Entre las observaciones figuraban deficiencias en cláusulas anticorrupción, restricciones a la competencia, problemas en el acceso a la información ambiental y ausencia de una evaluación de impacto ambiental adecuada.

La novedad ahora es que el documento reservado citado por Ámbito agrega una lectura técnica externa y coincide, en varios puntos, con la ampliación judicial presentada por DTA Engenharia, la empresa brasileña que quedó fuera del proceso y que acudió ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Otro aspecto señalado es el costo de las impugnaciones. Según el informe, la exigencia de depósitos millonarios para objetar el resultado podría haber funcionado como una barrera de entrada y un desincentivo para que los competidores cuestionaran formalmente las decisiones administrativas.

La discusión también tiene impacto político. La concesión de la Hidrovía es presentada por el oficialismo argentino como una pieza central de su programa de privatizaciones y de reducción de costos logísticos. Pero para la oposición y para los sectores que cuestionan el proceso, la licitación debería suspenderse hasta que se aclaren las observaciones técnicas, judiciales y ambientales.

El caso tiene, además, una dimensión regional. Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil dependen directa o indirectamente de la eficiencia y transparencia de esta ruta fluvial. Cualquier cambio en tarifas, condiciones de operación, profundidad de navegación o acceso a la vía puede repercutir en costos logísticos, competitividad exportadora y equilibrio portuario en toda la región.

Por ahora, el Gobierno argentino mantiene el avance del proceso. Pero la aparición de este documento reservado vuelve a colocar bajo presión una licitación de alto valor económico, fuerte impacto estratégico y creciente sensibilidad judicial.

La pregunta central ya no es solamente quién ganará la concesión, sino si el procedimiento que definirá el control de una de las principales arterias comerciales del continente fue diseñado con garantías suficientes de transparencia, competencia e interés público.