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12.09.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – La afirmación del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, de que una parte del oro del país se encuentra depositada en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza, no fue una aclaración espontánea.

Llegó después de más de dos años de versiones, pedidos de acceso a la información, respuestas incompletas, actuaciones judiciales y dificultades de la Auditoría General de la Nación (AGN) para reconstruir el recorrido de los lingotes trasladados al exterior.

Bausili debió responder sobre el tema durante su comparecencia ante las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde defendió el proyecto del Gobierno de Javier Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central.

“Los lingotes están en Suiza y siguen ahí”, afirmó ante las preguntas de los legisladores.

La respuesta permitió conocer por primera vez de manera oficial el nombre de la institución en la que, según el BCRA, se encuentra depositada una parte de las reservas. Sin embargo, no despejó todas las interrogantes sobre la cantidad trasladada, la ubicación física de los lingotes, los contratos firmados, los costos de la operación y el eventual uso financiero del oro.

Junio de 2024: los primeros movimientos

La controversia comenzó a mediados de 2024, cuando la Asociación Bancaria denunció que el Banco Central estaba retirando lingotes de sus bóvedas para enviarlos al exterior.

El gremio, encabezado por el diputado nacional Sergio Palazzo, aseguró haber recibido información sobre movimientos efectuados durante junio. Las primeras versiones mencionaron operaciones realizadas los días 7 y 28 de ese mes.

La organización sindical señaló que los lingotes habrían sido retirados mediante una empresa transportadora de valores y trasladados posteriormente en vuelos comerciales.

En ese momento, el Banco Central no había anunciado ninguna modificación en la administración del oro ni informado que una parte de las reservas abandonaría el país.

La ausencia de una comunicación oficial alimentó las especulaciones sobre el volumen transportado, el destino de las barras y la finalidad económica de la operación.

El pedido de información de Palazzo

En julio de 2024, Palazzo presentó un pedido formal de acceso a la información pública dirigido al Banco Central.

El legislador solicitó que la institución confirmara si se habían producido los traslados y detallara las cantidades, los montos, el destino, las monedas involucradas y las condiciones comerciales de la operación.

También pidió identificar a los funcionarios que la autorizaron, las empresas transportadoras y aerolíneas utilizadas, los costos de los fletes y seguros, y los procedimientos administrativos empleados.

El pedido no pretendía necesariamente conocer la ubicación exacta de las cámaras de seguridad, sino establecer qué decisión había tomado el Banco Central con un activo perteneciente a las reservas internacionales del país.

El BCRA se negó a proporcionar esa información. Argumentó que divulgar los detalles podía poner en peligro la seguridad de las reservas, afectar la política cambiaria y generar riesgos para el sistema financiero y bancario.

Caputo reconoció la operación

El 19 de julio de 2024, mientras el Banco Central todavía guardaba silencio, el ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció públicamente que se había trasladado oro al exterior.

Caputo defendió la decisión al considerar que mantener los lingotes dentro de las bóvedas del BCRA impedía obtener un rendimiento financiero.

“Si tenés ese oro afuera le podés sacar un retorno”, afirmó. También sostuvo que resultaba preferible mantenerlo custodiado en el exterior, donde podía producir algún ingreso, antes que conservarlo inmovilizado dentro del Banco Central.

Las declaraciones confirmaron la existencia de la operación, pero no aclararon cuánto oro había sido enviado, a qué país, bajo qué modalidad ni qué rendimiento esperaba obtener el organismo.

También instalaron otra pregunta: si los lingotes habían sido trasladados solamente para mejorar su custodia y calidad comercial o si podían utilizarse como garantía para obtener préstamos o liquidez en dólares.

El propio presidente Javier Milei reconoció posteriormente que el movimiento se había realizado, aunque tampoco proporcionó los detalles reclamados.

El comunicado que confirmó el traslado, pero no el destino

El 2 de septiembre de 2024, el Banco Central difundió finalmente un comunicado titulado “Administración de las reservas de oro del BCRA”.

La institución informó que había completado “transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas”.

Aseguró que la operación no modificaba el volumen total del metal perteneciente al país y recordó que las reservas podían mantenerse tanto en formato físico —barras y lingotes— como mediante cuentas en el exterior.

En aquel momento, el oro declarado por el Banco Central tenía un valor aproximado de 4.981 millones de dólares.

El comunicado, sin embargo, no indicó qué cantidad había salido de Argentina, cuál era su destino, qué entidades financieras habían intervenido ni qué operaciones se realizarían con los activos.

El BCRA sostuvo que la información siempre había sido manejada confidencialmente para proteger la seguridad de las reservas y acusó a quienes difundieron datos antes de completar los movimientos de haber puesto en riesgo el patrimonio de los argentinos.

La confirmación oficial, por tanto, no terminó con la controversia. Reconoció el traslado, pero mantuvo en secreto prácticamente todos sus aspectos operativos.

Cuatro transferencias bajo investigación

La información reunida posteriormente por la Auditoría General de la Nación indicó que se habrían efectuado cuatro transferencias entre junio y agosto de 2024.

Los movimientos fueron registrados los días 18 de junio, 2 y 31 de julio y 13 de agosto. Cada operación habría comprendido 250 lingotes.

Las distintas fuentes periodísticas y políticas no coinciden sobre el peso total trasladado. Las estimaciones publicadas van desde aproximadamente 13 hasta 37 toneladas.

El Banco Central no difundió una cifra oficial que permita resolver esa diferencia, por lo que no es posible establecer públicamente qué proporción de las reservas fue enviada al exterior.

Argentina mantiene alrededor de 1,98 millones de onzas troy de oro fino, equivalentes a unas 61,7 toneladas. El volumen total declarado permanece estable desde hace varios años, aunque su valor en dólares aumenta o disminuye con la cotización internacional del metal.

En septiembre de 2026, el BCRA valuó esas reservas en aproximadamente 8.611 millones de dólares.

La estabilidad del volumen indica que el oro no habría sido vendido definitivamente, pero no permite conocer dónde se encuentra depositado ni si fue utilizado temporalmente como garantía de alguna operación.

La negativa llegó a la Justicia

Ante la negativa del Banco Central, la Asociación Bancaria inició una acción judicial para exigir el acceso a los documentos.

En primera instancia, la Justicia aceptó los argumentos del BCRA sobre la necesidad de proteger información sensible.

La decisión fue revisada en diciembre de 2025 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

El tribunal determinó que la autoridad monetaria no podía declarar reservada toda la información mediante una explicación general. Debía responder las preguntas o justificar punto por punto por qué la divulgación de cada dato específico podía afectar la seguridad de las reservas o la estabilidad financiera.

Los magistrados recordaron que el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental y que sus excepciones deben interpretarse de manera restrictiva.

También señalaron que era posible proteger datos especialmente sensibles —como la localización exacta de una bóveda— y entregar al mismo tiempo información administrativa sobre las autorizaciones, contratos, costos y entidades intervinientes.

La sentencia aumentó la presión sobre el Banco Central para que explicara una operación que ya había sido reconocida públicamente por el ministro de Economía y el presidente de la República.

Una auditoría que no pudo concluir

Paralelamente, la Auditoría General de la Nación comenzó a examinar los movimientos.

La AGN solicitó actas, dictámenes, contratos y otros documentos necesarios para reconstruir la trazabilidad del oro desde su salida de las bóvedas del Banco Central hasta su destino final.

Según el presidente del organismo, Juan Manuel Olmos, el BCRA demoró más de un año en proporcionar parte de la información requerida.

Los auditores denunciaron además que se les ofreció consultar documentos directamente en computadoras del Banco Central, pero sin posibilidad de obtener copias, fotografiarlos o tomar notas.

Estas restricciones impidieron concluir el examen específico de las transferencias.

La AGN aprobó los estados contables generales del Banco Central correspondientes a 2023 y 2024. Sin embargo, esa aprobación no significa que haya confirmado el recorrido, los contratos o la ubicación de los lingotes trasladados.

La distinción adquirió importancia después de que Bausili afirmara ante el Senado que las auditorías internas, externas y de la AGN no habían formulado observaciones.

Olmos aclaró que la trazabilidad de las reservas de oro continuaba bajo análisis y que el procedimiento específico todavía no estaba terminado.

Suiza, Londres y una confusión pendiente

Durante los dos años de silencio oficial circularon dos posibles destinos: el Banco de Inglaterra, en Londres, y el Banco de Pagos Internacionales, cuya sede se encuentra en Basilea.

Bausili aseguró finalmente que el oro fue depositado en el BIS, en Suiza.

La afirmación identifica a la institución depositaria, pero no necesariamente determina la ubicación física de todas las barras.

El Banco de Pagos Internacionales administra cuentas y operaciones para bancos centrales y puede utilizar diferentes plazas y custodios internacionales. Por esa razón, una cuenta a nombre del BCRA en el BIS no excluye automáticamente que determinados activos físicos sean custodiados o procesados en otro centro financiero.

Legisladores opositores, entre ellos la senadora Juliana Di Tullio, sostienen que parte del oro se encuentra en Londres y acusaron a Bausili de no decir la verdad.

Hasta el momento, esas acusaciones tampoco fueron acompañadas públicamente por documentación concluyente.

La ubicación definitiva deberá establecerse mediante los contratos, certificados de depósito, registros de transporte y confirmaciones de custodia que todavía analiza la Auditoría General.

La explicación de Bausili

Bausili afirmó que el traslado respondió a una oportunidad comercial surgida a comienzos de 2024.

Parte de las reservas estaba integrada por lingotes fundidos durante las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990. Aunque mantienen su contenido de oro, las barras antiguas pueden tener niveles de pureza, formatos o certificaciones que reducen su aceptación en los mercados financieros actuales.

Según el funcionario, la elevada demanda internacional de 2024 permitió entregar lingotes de menor calidad comercial y obtener barras de estándares superiores a un costo conveniente.

Bausili comparó la situación con las diferencias aplicadas en Argentina entre los billetes de dólar de “cara chica” y “cara grande”. Ambos poseen el mismo valor nominal, pero algunos operadores descuentan los ejemplares más antiguos.

El titular del Banco Central sostuvo que informar anticipadamente la necesidad de refinar o cambiar los lingotes habría permitido que el mercado operara en contra de Argentina y encareciera la transacción.

“Hay cosas que se resguardan del mercado para que no le operen en contra”, argumentó.

Esta explicación difiere parcialmente de la ofrecida en 2024 por Caputo, quien había colocado el énfasis en la posibilidad de obtener un rendimiento financiero mediante el depósito del oro en el exterior.

Ambos propósitos no son necesariamente incompatibles, pero el BCRA todavía no publicó los documentos que permitirían determinar si la operación se limitó al reemplazo de barras o incluyó además colocaciones financieras.

Por qué tuvo que responder ahora

Bausili compareció en el Congreso para defender una reforma de la Carta Orgánica que modificaría las facultades y límites operativos del Banco Central.

El proyecto generó preguntas sobre la posibilidad de utilizar activos de las reservas como garantía para obtener liquidez y sobre los controles necesarios para ese tipo de operaciones.

En ese contexto, la oposición volvió a plantear el caso del oro como ejemplo de la falta de transparencia con que, a su juicio, se administraron activos estratégicos.

La combinación de una sentencia judicial, una auditoría inconclusa, pedidos parlamentarios y el debate sobre nuevas facultades para el BCRA hizo inevitable que Bausili proporcionara una respuesta más concreta.

Su afirmación de que el oro está en el BIS, en Suiza, constituye un avance respecto del silencio mantenido desde 2024.

No obstante, la controversia no quedará definitivamente cerrada hasta que los organismos de control puedan verificar cuánto oro fue trasladado, cuál es su ubicación física, qué contratos se firmaron, qué costos tuvo la operación y si los lingotes fueron utilizados para obtener rendimientos o garantizar financiamiento.