UY Press - Agencia uruguaya de noticias

17.04.2026

BRASILIA (Uypress) - Estados Unidos volvió a presionar a Brasil para endurecer el trato al PCC y al CV, incluso con la idea de encuadrarlos como organizaciones terroristas, mientras ambos países avanzan en una nueva cooperación contra el tráfico de armas y drogas. Brasil rechaza esa calificación, pero el tema ya abrió una diferencia estratégica con Washington.

La pieza más firme de ese cuadro sigue siendo la revelación publicada por Reuters en mayo de 2025: funcionarios del Departamento de Estado pidieron a Brasil que clasificara al PCC y al CV como organizaciones terroristas, con el argumento de que esa figura facilitaría sanciones, bloqueo financiero y cooperación represiva. Brasil se negó entonces. El secretario nacional de Seguridad Pública, Mario Sarrubbo, sostuvo que la legislación brasileña reserva la noción de terrorismo para acciones con motivación ideológica, religiosa o racial, no para organizaciones esencialmente criminales orientadas al lucro.

Esa diferencia de enfoque sigue vigente. El 10 de abril de 2026, el gobierno brasileño anunció una “Acción Brasil-EEUU contra el crimen organizado”, basada en intercambio de información en tiempo real entre la Receita Federal y la agencia estadounidense de fronteras CBP para rastrear armas, drogas y cargamentos ilícitos. Tanto la comunicación oficial del Ministerio de Hacienda como Reuters presentaron la iniciativa como una cooperación práctica de inteligencia y control aduanero, no como una adhesión brasileña a la tesis de equiparar facciones locales con terrorismo.

En ese contexto se inserta la publicación de Metrópoles, que aseguró que autoridades estadounidenses le transmitieron al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, que Washington avanza hacia una ofensiva financiera contra el PCC y el CV y evalúa clasificarlos como organizaciones terroristas. Ese dato específico —la reunión con Galípolo y el canal elegido para transmitir el mensaje— fue reproducido por medios brasileños que citan a Metrópoles, pero no aparece confirmado, por ahora, en Reuters, AP ni en comunicados oficiales de Brasil o de Estados Unidos. Lo que sí coincide con el resto de las fuentes es el contenido de fondo: la presión estadounidense existe y el eje es la asfixia financiera de las facciones.

La relevancia del tema excede la retórica diplomática. Un eventual encuadre del PCC y del CV como organizaciones terroristas por parte de Washington ampliaría el margen para sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones sobre personas, empresas o bancos que aparezcan vinculados, directa o indirectamente, a esas redes. Ese posible impacto fue subrayado por análisis especializados en Estados Unidos y la región, que advierten sobre consecuencias no solo penales sino también económicas y diplomáticas para Brasil.

Brasil, sin embargo, intenta sostener otra línea. El gobierno de Lula insiste en que el combate al crimen organizado debe pasar por cooperación policial, inteligencia aduanera, persecución patrimonial y control del flujo de armas, sin importar a la esfera del terrorismo una discusión que considera jurídicamente impropia y políticamente riesgosa. Esa posición fue reafirmada por Lula en los últimos días, al sostener que la “guerra” contra el PCC y el CV corresponde al Estado brasileño, no a una intervención externa.

La conclusión, por ahora, es de cautela. No hay evidencia pública suficiente para dar por plenamente verificado que Washington haya formalizado ese aviso directamente ante Gabriel Galípolo. Pero sí hay evidencia sólida de algo más amplio y más importante: Estados Unidos volvió a colocar al PCC y al CV en el centro de su agenda hemisférica de seguridad, Brasil resiste la etiqueta de terrorismo, y ambos gobiernos ensayan una cooperación operativa mientras mantienen una divergencia estratégica de fondo. Esa tensión, más que el gesto puntual revelado por un medio, es hoy el dato central de la relación entre Brasilia y Washington en materia de crimen organizado.