UY Press - Agencia uruguaya de noticias

22.05.2026

WASHINGTON (Uypress) – Estados Unidos retiró a Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, de la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

La decisión fue publicada por el Tesoro estadounidense sin una explicación política detallada, pero llegó una semana después de que un juez federal bloqueara temporalmente las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump, al considerar que probablemente habían violado el derecho a la libertad de expresión de la funcionaria internacional.

Albanese, jurista italiana y relatora de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Cisjordania y Gaza, había sido sancionada en julio de 2025 dentro del régimen de medidas estadounidenses vinculadas a la Corte Penal Internacional. Washington la acusó de promover acciones contra funcionarios, empresas y ciudadanos de Estados Unidos e Israel ante instancias internacionales.

Las sanciones le impedían ingresar a Estados Unidos, operar en el sistema financiero del país y realizar transacciones bancarias. En los hechos, también afectaban su vida familiar: su esposo y su hija, ciudadana estadounidense, presentaron una demanda contra la administración Trump denunciando el impacto personal y profesional de la medida.

El juez Richard Leon, del distrito federal de Washington, sostuvo el 13 de mayo que Albanese, aunque reside fuera de Estados Unidos, podía invocar la protección de la Primera Enmienda por sus vínculos sustanciales con el país. En su resolución, señaló que el gobierno buscó sancionarla por el contenido de sus expresiones y por el mensaje político de sus críticas.

El fallo judicial fue especialmente duro para la Casa Blanca porque ubicó el caso en el terreno de la libertad de expresión. Albanese no fue sancionada por ejecutar una acción material contra Estados Unidos, sino por sus informes, declaraciones y recomendaciones como experta independiente de Naciones Unidas.

La administración Trump había defendido la medida bajo el argumento de que Albanese participaba de una ofensiva jurídica contra Israel y Estados Unidos. Sus críticos, en cambio, sostienen que las sanciones fueron una represalia política por denunciar posibles crímenes de guerra en Gaza y por reclamar investigaciones ante la Corte Penal Internacional.

La remoción de la lista no implica, sin embargo, un cierre definitivo del caso. El Departamento de Estado aclaró que la decisión es temporal y que no representa un cambio de política. Washington apeló la orden judicial y advirtió que, si el tribunal de apelaciones revoca o suspende el fallo, el gobierno buscará volver a incluir a Albanese en la lista de nacionales especialmente designados.

La propia relatora celebró la decisión, pero advirtió que la batalla legal continúa. En declaraciones recogidas por medios europeos, sostuvo que puede “respirar aliviada”, aunque remarcó que la administración estadounidense mantiene su ofensiva judicial y que el caso todavía no está cerrado.

El episodio se inscribe en una disputa más amplia entre Estados Unidos, Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional por la guerra en Gaza. La administración Trump sancionó también a integrantes del tribunal y a figuras vinculadas a investigaciones sobre Israel, en una línea de confrontación directa con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Para organizaciones de derechos humanos, el caso Albanese representó un intento de intimidar a una experta independiente por cumplir su mandato. Human Rights Watch denunció en su momento que la sanción buscaba silenciar a una funcionaria de la ONU que había cuestionado la conducta israelí en los territorios palestinos y la complicidad de gobiernos y empresas.

La decisión del Tesoro abre ahora una pausa, pero no elimina el conflicto de fondo. Estados Unidos retiró a Albanese de la lista porque una orden judicial limitó la aplicación de las sanciones, no porque haya abandonado su posición política sobre la relatora, la Corte Penal Internacional o las investigaciones contra Israel.

El caso deja planteada una pregunta mayor: hasta dónde puede llegar una potencia para castigar a funcionarios internacionales por informes, opiniones o recomendaciones que contradicen su política exterior. Por ahora, la Justicia estadounidense puso un freno. Pero el gobierno de Trump ya dejó claro que intentará revertirlo.