UY Press - Agencia uruguaya de noticias

06.06.2026

WASHINGTON (Uypress) – Estados Unidos impuso nuevas sanciones financieras contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, miembros de su familia y figuras vinculadas al entorno de Raúl Castro, en una medida que profundiza la presión de la administración de Donald Trump sobre La Habana.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro incluyó en su lista de sancionados al mandatario cubano, a su esposa Lis Cuesta Peraza y a Manuel Anido Cuesta, hijo de Cuesta e hijastro de Díaz-Canel.

También fueron incorporados Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro y antiguo asesor en temas de defensa y seguridad, y Raúl Alejandro Castro Calis, hijo de Castro Espín.

La medida implica el bloqueo de bienes e intereses que las personas designadas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense. También prohíbe a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con los sancionados, salvo autorización específica.

El paquete no se limita a personas. Según reportes internacionales, las sanciones también alcanzan a entidades vinculadas al aparato estatal cubano, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la agencia Amistur.

La decisión forma parte de una escalada más amplia de Washington contra el gobierno cubano. En mayo, Estados Unidos ya había sancionado a 11 funcionarios cubanos, incluidos altos mandos militares, responsables de inteligencia y el ministro de Comunicaciones. También presentó cargos contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

Trump fue consultado sobre si las sanciones buscaban acelerar el colapso del régimen cubano. El presidente respondió que Estados Unidos quiere que Cuba sea un país “bien administrado” y sostuvo que la isla “en cierto modo” ya colapsó, aludiendo a la crisis económica, energética y social que atraviesa el país.

La Habana rechazó las medidas y las calificó como una nueva expresión del intervencionismo estadounidense. El canciller Bruno Rodríguez sostuvo que cada acción destinada a crear un escenario de conflicto entre ambos países está condenada al fracaso. Díaz-Canel, por su parte, acusó a Washington de reforzar el bloqueo y escalar la confrontación.

El contexto económico agrava el alcance político de las sanciones. Cuba enfrenta una de sus peores crisis en décadas, con apagones prolongados, dificultades para abastecerse de combustible, caída del turismo, escasez de alimentos y deterioro de servicios básicos.

La presión estadounidense también impacta sobre empresas extranjeras que operan en la isla. En los últimos días, cadenas hoteleras internacionales comenzaron a retirarse o reducir operaciones vinculadas a establecimientos relacionados con GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Según El País, la orden ejecutiva 14404 amplía el margen de acción de Washington contra personas o empresas extranjeras que apoyen material o financieramente al gobierno cubano, en particular en sectores como energía, defensa, finanzas, minería, seguridad y turismo.

Ese punto convierte las sanciones en algo más que una medida simbólica contra dirigentes. Aunque es incierto si Díaz-Canel o su entorno poseen activos relevantes en Estados Unidos, el verdadero efecto puede estar en el mensaje a bancos, operadores turísticos, navieras, proveedores y socios internacionales: cualquier vínculo con el aparato estatal cubano puede implicar riesgo de sanción secundaria.

La inclusión de familiares del presidente y del círculo de Raúl Castro busca además golpear la estructura de poder y patrimonio del régimen. Washington sostiene que esas redes familiares y militares se benefician del control económico de la isla, mientras la población enfrenta deterioro material creciente.

Cuba rechaza esa lectura y sostiene que las sanciones agravan deliberadamente la vida cotidiana de la población. Para el gobierno cubano, Estados Unidos intenta provocar malestar social, debilitar al Estado y forzar un cambio político mediante asfixia económica.

El nuevo paquete refuerza la política de máxima presión de Trump hacia Cuba. La estrategia combina sanciones personales, presión sobre empresas extranjeras, bloqueo de sectores económicos clave, imputaciones judiciales y mensajes políticos que ya no descartan un cambio de régimen como objetivo final.

La tensión deja a Cuba en una posición cada vez más estrecha. Sin acceso suficiente a combustible, con turismo debilitado y con mayor riesgo para socios internacionales, el gobierno de La Habana enfrenta menos margen económico para sostener su modelo interno.

Para Washington, las sanciones buscan aislar a la dirigencia cubana y aumentar el costo de mantener el actual sistema político. Para La Habana, son una ofensiva destinada a quebrar la soberanía nacional y empujar al país hacia una crisis mayor.

El resultado inmediato es una relación bilateral en su punto más tenso en años. Las sanciones a Díaz-Canel y su círculo cercano no resuelven la crisis cubana, pero elevan el nivel de confrontación y confirman que la isla vuelve a ocupar un lugar central en la política hemisférica de Estados Unidos.