UY Press - Agencia uruguaya de noticias

24.06.2026

WASHINGTON (Uypress) – Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra entidades clave de la economía cubana, en una escalada de presión dirigida al aparato empresarial vinculado a las Fuerzas Armadas de la isla y a sectores estratégicos como la banca, la logística y la minería.

Las medidas alcanzan al Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), considerado por Washington como una pieza central para las operaciones financieras con empresas extranjeras en Cuba. También fueron sancionadas RAFIN S.A., Almacenes Universales S.A., GeoMinera S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero.

El paquete incluye además a Annalie Lilliam Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro y exjefe de los servicios de inteligencia cubanos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo que el conglomerado GAESA, controlado por los militares cubanos, funciona como el “músculo financiero” del aparato represivo del régimen. Washington acusa a esa estructura de administrar recursos estratégicos de la isla en beneficio de la élite gobernante y no de la población.

El Banco Financiero Internacional es uno de los nombres más sensibles de la lista. Conocido como BFI, opera como una institución bancaria clave para transacciones en divisas y para la relación de empresas extranjeras con Cuba. Su inclusión en la lista de sanciones puede generar dificultades adicionales para inversores, proveedores y operadores internacionales que mantienen vínculos comerciales con la isla.

RAFIN, también vinculada al entramado financiero de GAESA, fue señalada como una entidad relevante en la administración de capitales del conglomerado. Almacenes Universales, por su parte, cumple un rol logístico y portuario importante en el comercio exterior cubano, incluido el movimiento de cargas y almacenamiento.

El capítulo minero también ocupa un lugar central. GeoMinera, empresa estatal bajo la órbita del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, administra activos metálicos no niquelíferos y participa en proyectos con inversión extranjera. Entre ellos figura el proyecto Castellanos, una mina de zinc y plomo en el occidente cubano vinculada al Grupo Trafigura.

La presión sobre ese sector venía aumentando en las últimas semanas. Trafigura ya había suspendido algunos envíos de concentrado de zinc desde Cuba a clientes chinos, en un contexto marcado por el endurecimiento de sanciones, la crisis energética de la isla y la creciente dificultad para operar con normalidad en sectores expuestos a medidas estadounidenses.

La Empresa Siderúrgica José Martí, principal productora de acero bruto de Cuba, también fue incluida en el paquete. Washington sostiene que estas compañías generan ingresos para el Estado cubano mediante la explotación de reservas minerales y metálicas, y que esos recursos terminan fortaleciendo al aparato político y de seguridad.

La decisión llega pocos días después de que el gobierno cubano anunciara un paquete de reformas económicas orientadas a ampliar espacios para la actividad privada, permitir nuevas formas de participación en empresas estatales y habilitar cambios en el sistema financiero. Para Washington, esas medidas son insuficientes y no modifican el control estructural del régimen sobre los sectores estratégicos.

La Habana rechazó las sanciones y las calificó como una nueva agresión económica. El gobierno cubano sostiene que las medidas estadounidenses agravan la situación de la población, dificultan el comercio exterior, golpean el abastecimiento y buscan asfixiar financieramente a la isla.

El impacto práctico puede ser significativo. Al quedar incluidas en la lista de sanciones, las entidades afectadas ven bloqueados sus activos bajo jurisdicción estadounidense y las personas o empresas sujetas a la legislación de Estados Unidos tienen prohibido operar con ellas. Además, compañías extranjeras pueden enfrentar riesgos si mantienen negocios con esas entidades.

La nueva ofensiva sancionatoria forma parte de una estrategia más amplia de Washington contra el gobierno cubano. En las últimas semanas, Estados Unidos también adoptó medidas contra sectores energéticos, financieros y empresariales asociados al Estado, en un intento por restringir el acceso de La Habana a divisas, combustible e inversión extranjera.

Cuba atraviesa una de sus crisis económicas más profundas en décadas, con apagones, escasez de combustible, deterioro de servicios básicos, inflación y fuerte emigración. En ese escenario, las nuevas sanciones pueden aumentar la presión sobre el gobierno, pero también profundizar las dificultades cotidianas de la población.

El punto central de la disputa vuelve a ser el mismo: para Washington, las sanciones buscan limitar los recursos de la dirigencia comunista y del aparato militar. Para La Habana, son parte de una política de bloqueo que castiga a todo el país.

Con esta nueva ronda, Estados Unidos golpea el corazón financiero, logístico y minero del sistema económico estatal cubano. El efecto dependerá de la reacción de bancos, empresas extranjeras y socios comerciales que, a partir de ahora, deberán decidir si mantienen operaciones con entidades cada vez más expuestas al régimen de sanciones estadounidense.