UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.01.2026

WASHINGTON (Uypress) - Agentes federales registraron este miércoles la casa de Hannah Natanson, periodista de The Washington Post, confiscando varios dispositivos electrónicos como parte de una investigación sobre filtraciones de documentos clasificados.

Los investigadores explicaron a Natanson que ella no era el objetivo de la investigación, sino un funcionario llamado Aurelio Pérez-Lugones, quien trabaja como administrador de sistemas informáticos en una oficina federal de Maryland. Según una declaración jurada del FBI, Pérez-Lugones, que disponía de una autorización de seguridad de alto secreto desde 2002, es acusado de acceder y llevarse a casa informes clasificados de inteligencia, que fueron hallados en una fiambrera de comida y en el sótano de su vivienda.

Natanson se ha especializado en cubrir los despidos masivos emprendidos por la Administración de Donald Trump. En diciembre publicó un artículo en primera persona donde relataba su trabajo cubriendo los recortes en la administración federal. En ese texto, explicó cómo abrió una cuenta en una red social pidiendo testimonios de funcionarios que fueran presionados o directamente despedidos, recibiendo una avalancha de comentarios de trabajadores públicos que criticaban las tensiones en sus departamentos amenazados con cierres.

Según The Washington Post, Natanson ha formado parte de la cobertura "más sensible y de más alto perfil" durante el primer año del segundo mandato de Trump. La Vanguardia señala que la periodista fue una de las integrantes del equipo que recibió el Premio Pulitzer en 2022 por su cobertura del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El allanamiento ha sido calificado como "inusual y agresivo" por The Washington Post, que destacó que no es habitual que las fuerzas del orden registren domicilios de periodistas en el marco de investigaciones por filtraciones a la prensa. Matt Murray, editor ejecutivo del Post, envió un correo electrónico al personal del periódico calificando la acción como "extraordinaria y agresiva" y señalando que "plantea profundas preguntas y preocupaciones en torno a las protecciones constitucionales para nuestro trabajo", según recoge The Guardian.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó en un comunicado que el registro se realizó a petición del Pentágono. "La administración Trump no tolerará filtraciones ilegales de información clasificada que, una vez es materia de reportaje, supone un grave riesgo para nuestra seguridad nacional y para los valientes hombres y mujeres que sirven a nuestro país", declaró Bondi en la red social X.

Bondi ordenó recientemente anular una norma que impedía a los investigadores federales acceder a los registros telefónicos de periodistas para tratar de identificar a fuentes gubernamentales que hubieran filtrado información confidencial. Para justificar este cambio de política, escribió en un memorando que "no tolerará divulgaciones no autorizadas que socaven las políticas del presidente Trump, victimicen a las agencias gubernamentales y causen daño al pueblo estadounidense".

Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa han reaccionado con contundencia ante este registro. Bruce D. Brown, presidente del Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, señaló en un comunicado que "el registro físico de los dispositivos, casas y pertenencias de los periodistas representa algunos de los pasos investigativos más invasivos que las fuerzas de seguridad pueden desarrollar".

Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight First Amendment Institute, exigió una explicación pública del Departamento de Justicia sobre "por qué cree que esta búsqueda era necesaria y legalmente permisible". En su declaración, Jaffer advirtió que "el registro de redacciones y de periodistas son característicos de los regímenes antiliberales y nuestra obligación es garantizar que estas prácticas aquí no se normalizan".

Seth Stern, jefe de defensa de la Fundación por la Libertad de Prensa, calificó el registro como "una alarmante escalada en la guerra multipronóstica de la administración Trump contra la libertad de prensa" y llamó a la orden de registro "indignante".

Desde su primer mandato, Trump se ha quejado sobre las filtraciones y ha amenazado a los medios con demandarlos, a pesar de que él mismo se enfrentó a una acusación penal por malversación de información clasificada. Tras abandonar la Casa Blanca en 2021, agentes del FBI encontraron material clasificado en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, aunque el caso fue posteriormente desestimado.

The New York Times recuerda que durante los últimos días de su primer mandato, el Departamento de Justicia ordenó registros telefónicos y de correo electrónico de periodistas de los principales periódicos estadounidenses para investigar filtraciones.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, ha marcado la reducción del Gobierno federal como una de sus prioridades. Nombró a Elon Musk como responsable del departamento de recortes, bautizado como DOGE (acrónimo en inglés de Departamento de Eficiencia gubernamental). Durante el año pasado, la plantilla pública del Gobierno federal se redujo en algo más de 277.000 funcionarios.