UY Press - Agencia uruguaya de noticias

14.05.2026

WASHINGTON (Uypress) – El Fondo Monetario Internacional informó que mantiene conversaciones regulares con las autoridades venezolanas sobre información económica, pero aclaró que hasta ahora no ha participado en el proceso de reestructuración de deuda anunciado por Caracas.

La precisión fue realizada por Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, durante una conferencia de prensa en Washington. La funcionaria sostuvo que el organismo está al tanto del anuncio venezolano sobre el inicio de una reestructuración de deuda externa, pero señaló que el tema no ha formado parte del diálogo técnico mantenido hasta el momento.

La aclaración es relevante porque Venezuela acaba de anunciar una reestructuración “integral y ordenada” de su deuda soberana y de la petrolera estatal PDVSA, en default desde 2017. El país enfrenta uno de los procesos más complejos del mundo emergente: solo en bonos e intereses vencidos se estiman obligaciones cercanas a US$ 100.000 millones, mientras que la deuda total, incluyendo préstamos bilaterales, comerciales, laudos y otros pasivos, se ubica entre US$ 150.000 millones y US$ 170.000 millones.

El FMI intenta marcar una diferencia entre dos planos. Por un lado, la reanudación del diálogo institucional con Venezuela, que permite reconstruir información macroeconómica, datos fiscales, cuentas externas, inflación, crecimiento y estadísticas básicas. Por otro, una eventual reestructuración de deuda, que requiere análisis de sostenibilidad, negociación con acreedores, marco legal, asesores financieros y autorizaciones internacionales.

Hasta ahora, según el organismo, ese segundo plano no está bajo conducción del Fondo. Kozack indicó que el FMI no ha participado ni en el anuncio de la reestructuración ni en el análisis de sostenibilidad de deuda que el gobierno venezolano anunció que presentará próximamente. También aclaró que Caracas no solicitó financiamiento formal al organismo.

El dato no implica distancia total. El FMI dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades venezolanas, dada la importancia de restablecer la sostenibilidad fiscal y de deuda del país. Pero el punto de partida sigue siendo técnico: reconstruir datos confiables después de años de desconexión institucional, opacidad estadística, sanciones, default y crisis política.

La relación entre Venezuela y el FMI estuvo prácticamente suspendida desde 2019, cuando el organismo dejó de tratar regularmente con Caracas por la disputa internacional sobre el reconocimiento del gobierno venezolano. En abril de este año, el Fondo y el Banco Mundial reanudaron vínculos con Venezuela, abriendo la puerta a un proceso gradual de supervisión, asistencia técnica y eventual normalización financiera.

La propia página del FMI sobre la reanudación de relaciones establece que el primer paso será ayudar a Venezuela a recuperar la elaboración y provisión de datos económicos requeridos bajo los Artículos del Acuerdo del organismo. También aclara que el restablecimiento del vínculo no implica financiamiento inmediato ni un programa automático de apoyo.

Esa reconstrucción estadística es central. Sin datos confiables, no hay diagnóstico macroeconómico sólido; sin diagnóstico, no hay análisis serio de sostenibilidad de deuda; y sin ese análisis, cualquier propuesta de reestructuración queda debilitada frente a acreedores, tribunales y organismos multilaterales.

El gobierno venezolano, por su parte, busca presentar el anuncio como una señal de regreso al sistema financiero internacional. El presidente interino del Banco Central, Luis Pérez, afirmó que la reestructuración permitirá sacar al país de las “sombras” del sistema financiero global y abrir una nueva etapa de normalización, inversión y recuperación económica.

Caracas también anunció la contratación de asesores financieros para el proceso, entre ellos Centerview Partners, y prevé presentar un marco macroeconómico y un análisis de sostenibilidad de deuda el próximo mes. Esos documentos serán observados de cerca por bonistas, fondos especializados, gobiernos acreedores, empresas con reclamos judiciales y organismos internacionales.

El problema es que Venezuela llega a esta etapa con una deuda extremadamente fragmentada. Hay bonos soberanos, deuda de PDVSA, intereses acumulados, préstamos con China y Rusia, reclamos comerciales, laudos arbitrales, litigios por expropiaciones y activos externos bajo presión judicial, entre ellos Citgo. Ordenar ese mapa exigirá años de negociación y una arquitectura legal sofisticada.

También pesan las sanciones estadounidenses. Washington autorizó recientemente ciertas actividades preparatorias vinculadas a asesoramiento legal y financiero para una eventual reestructuración, pero eso no equivale a habilitar un canje de deuda, pagos, transferencias o acuerdos definitivos. Para avanzar, Venezuela necesitará nuevas autorizaciones y un marco político más estable.

Los mercados reaccionaron con optimismo inicial. Los bonos venezolanos y de PDVSA subieron después del anuncio de reestructuración, porque los inversores interpretaron que se abre una posibilidad concreta de negociación después de casi una década de default. Pero el entusiasmo financiero no elimina los obstáculos legales, políticos y económicos.

La aclaración del FMI enfría parte de las expectativas. El organismo no está liderando la reestructuración, no aprobó un programa, no recibió una solicitud de financiamiento y no validó todavía un análisis de sostenibilidad de deuda. Su rol, por ahora, está centrado en el diálogo técnico y en la reconstrucción de información económica.

Ese punto puede ser decisivo para los acreedores. Una reestructuración sin participación o validación del FMI puede avanzar como iniciativa local, pero tendrá menos capacidad para generar consenso internacional si no cuenta con un marco macroeconómico creíble y verificable. En procesos soberanos de esta magnitud, la palabra del Fondo suele ser clave para ordenar expectativas sobre cuánto puede pagar un país y bajo qué condiciones.

Venezuela necesita algo más que un anuncio. Necesita datos, auditorías, proyecciones fiscales, escenarios petroleros, reglas institucionales, relación normalizada con organismos multilaterales y garantías de que cualquier alivio de deuda será parte de un programa económico sostenible. Sin esos elementos, la reestructuración corre el riesgo de transformarse en una expectativa de mercado más que en una solución real.

La posición del FMI deja, por tanto, un mensaje doble. Hay diálogo con Venezuela y una ventana de normalización institucional que no existía hasta hace poco. Pero la reestructuración de deuda todavía no forma parte de ese diálogo y sigue siendo, por ahora, una iniciativa del gobierno venezolano frente a acreedores y asesores externos.

Para Caracas, el desafío será convertir ese primer movimiento en un proceso creíble. Para el FMI, la prioridad será reconstruir la base estadística y macroeconómica de un país que estuvo años fuera del circuito regular de supervisión. Y para los acreedores, la pregunta central sigue abierta: cuánto de la deuda venezolana podrá realmente pagarse y bajo qué reglas.