UY Press - Agencia uruguaya de noticias

27.04.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – El Fondo de Asistencia Laboral aparece como una de las piezas más sensibles de la reforma laboral argentina: promete dar previsibilidad a las empresas para afrontar despidos, pero también abre dudas sobre su impacto previsional, la protección efectiva del trabajador y el negocio financiero que puede generar.

La puesta en marcha del sistema volvió a quedar en el centro de la discusión después de que la reforma laboral recuperara vigencia tras un nuevo movimiento judicial. El esquema habilita a reemplazar el pago directo de indemnizaciones por un fondo financiado con aportes periódicos de los empleadores, administrado por entidades del mercado financiero y destinado exclusivamente a cubrir obligaciones derivadas del cese laboral. Según Infobae, la alternativa debe definirse en el marco de convenios colectivos y no puede afectar derechos adquiridos.

El potencial financiero es considerable. iProfesional informó que el equipo económico del Gobierno estima que el nuevo sistema podría reunir entre US$3.000 millones y US$5.000 millones anuales, mientras que Adcap calculó un flujo mensual cercano a $120.000 millones, sobre la base de unos 6 millones de trabajadores formales, un salario promedio próximo a $2 millones y un aporte moderado del 1% sobre la masa salarial.

La Nación manejó una estimación algo menor, pero igualmente relevante para el mercado: entre US$2.500 millones y US$4.000 millones por año. Según ese medio, los Fondos de Asistencia Laboral serían inembargables, se integrarían con aportes obligatorios de los empleadores y quedarían bajo administración de una ALyC habilitada por la Comisión Nacional de Valores, a elección de cada empresa.

La lógica del instrumento es sencilla: en lugar de enfrentar de golpe el costo de una indemnización al momento del despido, la empresa iría acumulando recursos en una cuenta o vehículo financiero. Al producirse una desvinculación, podría utilizar total o parcialmente esos fondos para pagar la obligación correspondiente. Para el Gobierno y los sectores que apoyan la reforma, el mecanismo reduciría incertidumbre, bajaría litigiosidad y permitiría ordenar un costo que muchas empresas consideran imprevisible.

La dimensión más novedosa está en el puente entre relaciones laborales y mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores ya había creado en 2025 un régimen especial para Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral, estructurados como Fondos Comunes de Inversión Abiertos o Fideicomisos Financieros. La normativa estableció que las cuotapartes o valores fiduciarios pueden organizarse a nivel individual, por empresa o por sector, y que los aportes deberán surgir de contribuciones de empleadores y/o trabajadores según lo pactado en los convenios colectivos.

La City mira esos fondos como una fuente nueva de demanda para instrumentos de renta fija. Los analistas citados por iProfesional esperan que, en una primera etapa, los recursos se orienten a letras y bonos en pesos ajustados por CER, instrumentos a tasa fija, cauciones y activos dolarizados de corto plazo. La razón es que el fondo necesita preservar capital, mantener liquidez y cubrirse frente a inflación o devaluación, sin asumir niveles de volatilidad incompatibles con su función laboral.

Pero el sistema también concentra críticas. Reuters señaló que una de las disposiciones más controvertidas de la reforma es la creación de un fondo de despido financiado por empleadores con recursos que antes estaban destinados al sistema previsional nacional, lo que generó advertencias opositoras sobre un eventual impacto en las jubilaciones. La misma agencia informó que los sindicatos cuestionan la reforma por entender que debilita protecciones laborales y restringe derechos colectivos.

El País también puso el foco en ese punto: el riesgo de que la reforma funcione menos como motor de creación de empleo formal y más como una transferencia de costos desde las empresas hacia el Estado, los trabajadores o el sistema previsional. El análisis advierte que el problema estructural argentino no es solo el costo de salida, sino el estancamiento económico y la dificultad de generar empleo registrado genuino después de una década sin crecimiento sostenido del trabajo formal.

La discusión, entonces, no se limita a cómo se pagan las indemnizaciones. Lo que está en juego es quién asume el costo del despido, qué garantías tendrá el trabajador, cómo se protegerán esos fondos frente a crisis financieras y qué parte del ahorro terminará convertida en comisiones, instrumentos públicos o financiamiento del Tesoro. El antecedente de las AFJP, recordado por analistas del mercado, vuelve a aparecer como advertencia: cuando recursos laborales o previsionales ingresan al circuito financiero, la regulación y la supervisión dejan de ser detalles técnicos.

Para las empresas, el Fondo de Asistencia Laboral puede significar previsibilidad. Para el mercado, una masa nueva de recursos de largo plazo. Para el Gobierno, una herramienta para mostrar modernización laboral y profundidad financiera. Para sindicatos y opositores, en cambio, puede representar una reforma regresiva que abarata despidos, tensiona el sistema jubilatorio y desplaza riesgos hacia los trabajadores.

La clave estará en la letra chica. Si el fondo efectivamente preserva capital, cubre indemnizaciones completas y no desfinancia otros sistemas, podría convertirse en un mecanismo de previsión laboral. Si, por el contrario, termina siendo una vía para trasladar costos, reducir derechos o alimentar negocios financieros con protección insuficiente, el conflicto laboral argentino sumará un nuevo capítulo en torno a una pregunta de fondo: si la modernización sirve para crear empleo o apenas para hacer más barato despedir.