UY Press - Agencia uruguaya de noticias

25.03.2026

BRUSELAS (Diego Marenaci/ Fondazione Machiavelli)- La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos, que comenzó el 28 de febrero con la Operación Furia Épica, no es un simple episodio de inestabilidad en Oriente Medio. Para Europa, representa la primera prueba de fuego real para una arquitectura de seguridad que durante décadas pudo permitirse permanecer incompleta, protegida por el paraguas estadounidense de la OTAN y resguardada por la distancia geográfica.

Esa distancia se redujo repentinamente cuando, en la noche del 1 al 2 de marzo de 2026, un dron de fabricación iraní atacó la base de la Real Fuerza Aérea en Akrotiri, Chipre, llevando la guerra directa al territorio de un Estado miembro de la UE por primera vez. El episodio revela algo más profundo que una vulnerabilidad militar contingente. Pone al descubierto las contradicciones sin resolver de un proyecto político -el de la autonomía estratégica europea- que sigue proclamándose como un objetivo sin que se corresponda con una adaptación real de las capacidades operativas, las estructuras de toma de decisiones y la voluntad política necesarias para respaldarlo.

La trampa de la marginalidad: una Europa que reacciona pero no decide

La primera fractura que revela el conflicto es la toma de decisiones. Europa no fue consultada antes del inicio de las operaciones estadounidenses e israelíes contra Irán, ni tuvo voz ni voto en la definición de los objetivos estratégicos. Esto no es nuevo; ya en el momento de la retirada de Estados Unidos del JCPOA en 2018, Washington había actuado al margen del marco multilateral europeo. Sin embargo, se vuelve políticamente insostenible cuando las repercusiones del conflicto llegan físicamente a la Unión. Las respuestas de las capitales europeas reflejaron, más que una estrategia común, la suma de posiciones nacionales divergentes. El E3 (Francia, Alemania y Reino Unido) condenó las represalias iraníes sin respaldar explícitamente los ataques aliados, en una postura de ambigüedad calculada que refleja tanto la inquietud jurídica como la dependencia estructural de Washington. El presidente francés Macron pidió una respuesta multilateral, convocando al Consejo de Seguridad de la ONU; el canciller alemán Merz reconoció públicamente un «dilema» entre condenar las violaciones iraníes y respetar el derecho internacional. España, por otro lado, adoptó la postura más enérgica, negándose al tránsito militar estadounidense por su territorio. Esta decisión, más allá de su significado simbólico, evidencia la persistencia de profundos desacuerdos sobre la identidad estratégica de Europa. La reacción de la Comisión Europea fue particularmente reveladora: la portavoz principal, Paula Pinho, aclaró que no se estaban llevando a cabo "discusiones específicas" sobre la activación de la cláusula de defensa mutua, especificando que el ataque a Chipre había alcanzado una base británica soberana, no territorio chipriota en sentido estricto. Esta distinción es formalmente correcta, pero su frialdad burocrática revela hasta qué punto la UE aún carece de una doctrina operativa para gestionar escenarios de agresión que quedan fuera de los rígidos límites del derecho internacional.

El caso de Chipre: cuando el derecho no basta

El caso de Chipre resume con precisión quirúrgica las contradicciones estructurales de la arquitectura de seguridad europea. La isla es miembro de la Unión Europea, pero no de la OTAN; por lo tanto, no puede invocar el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, y el instrumento teóricamente disponible -el artículo 42.7 del TUE, la cláusula europea de defensa mutua- nunca se ha activado en la historia de la Unión. Nicosia optó por no invocarla formalmente tampoco en esta ocasión, probablemente consciente de que hacerlo habría obligado a sus socios europeos a afrontar una obligación jurídica colectiva para la que aún no existe una estructura de mando operativa adecuada. En otras palabras, la cláusula existe en la legislación primaria, pero es inerte en la práctica: una medida disuasoria sobre el papel sin mecanismo de aplicación. La respuesta resultante ha sido bilateral y reactiva, no institucional. Grecia, Francia, el Reino Unido, Italia, España y los Países Bajos han desplegado unidades navales y sistemas antidrones en la zona chipriota a través de canales nacionales y acuerdos de coordinación ad hoc, no mediante una decisión formal del Consejo Europeo. El presidente Macron, durante su visita a Pafos, declaró que «cuando Chipre es atacada, Europa es atacada». Una declaración políticamente significativa, cuya fuerza retórica, sin embargo, es inversamente proporcional a la solidez institucional de la respuesta que la acompañó. La dimensión de la OTAN en este problema es igualmente relevante.

El 4 de marzo, un misil balístico iraní cruzó el espacio aéreo turco -tras haber cruzado también el espacio aéreo iraquí y sirio- y fue interceptado por un destructor de la Armada estadounidense como parte del sistema de defensa antimisiles (ABM) operado por la OTAN. Fue la primera vez que un sistema ABM de la Alianza se desplegaba para defender a un país miembro de una amenaza externa. El incidente se repitió el 9 y el 13 de marzo, con dos interceptaciones más en la misma zona. Estos tres incidentes en diez días documentan la naturaleza sistemática de la amenaza y, al mismo tiempo, la dependencia estructural de la arquitectura de defensa respecto de la infraestructura estadounidense: desde la base Aegis Ashore en Deveselu, Rumania, hasta los destructores con base en Rota, España, y el radar en Kurecik, Turquía. Este sistema, diseñado hace quince años específicamente para contener la amenaza balística iraní, sigue operativo hoy en día, pero funciona porque es estadounidense. Alemania, con el sistema Arrow 3 alcanzando su capacidad operativa inicial a finales de 2025, representa la principal -y prácticamente única- excepción europea autónoma en este contexto.

Asimetría de costes y el retraso sistémico de la defensa europea

En el plano estrictamente militar, el conflicto ha puesto de manifiesto una dinámica que está redefiniendo los parámetros de la defensa aérea moderna: la denominada asimetría de costes. Un misil iraní Shahed-136 tiene un coste unitario estimado de unos 20.000 dólares; un interceptor PAC-3 Patriot cuesta entre 3,7 y 4 millones de dólares. La estrategia de Teherán -enjambres de drones baratos utilizados como escudos para lanzar misiles balísticos como carga útil letal- no busca superar las defensas enemigas por la fuerza bruta, sino colapsar su sostenibilidad económica y logística con el tiempo, agotando las reservas de interceptores a un ritmo que las cadenas de producción occidentales no pueden compensar en tiempo real. Se trata de una doctrina de desgaste, no de avance decisivo: y la arquitectura tecnológica por sí sola no basta para contrarrestarla. Ante este desafío, la UE ha respondido con la Hoja de Ruta de Preparación para la Defensa 2030, que incluye entre sus prioridades la Iniciativa Europea de Defensa contra Drones, con capacidades operativas iniciales previstas para finales de 2026 y plena funcionalidad en 2027, y el Escudo Aéreo Europeo, diseñado para cubrir todo el espectro de defensa en coordinación con la estructura de mando de la OTAN. Se trata de herramientas ambiciosas y necesarias; pero su plazo de 2030 choca con la realidad de un conflicto en curso. La capacidad de respuesta de Europa es insuficiente hoy, no dentro de cuatro años. La persistente división política interna dentro del proyecto complica aún más el panorama. Los países de la frontera oriental -Polonia, Finlandia y los Estados bálticos- consideran la defensa común como un imperativo existencial urgente, reforzado por la guerra en Ucrania y la amenaza rusa. Los países de Europa occidental y meridional, incluidos Francia, Italia y Grecia, siguen modulando su compromiso sopesando las consideraciones de costes, las prerrogativas nacionales y la reticencia a ceder soberanía a Bruselas en uno de los ámbitos tradicionalmente más celosamente protegidos por los Estados: la defensa. Hasta que esta división no se supere mediante una voluntad política compartida, toda hoja de ruta seguirá siendo un mero documento de intenciones.

Aceptación de precios en medio de la crisis global: ¿qué futuro le espera a la seguridad europea?

El concepto de autonomía estratégica se desarrolló, paradójicamente, precisamente como respuesta al unilateralismo estadounidense que expulsó a Washington del JCPOA en 2018, erosionando la credibilidad diplomática europea ante Teherán. La evolución del conflicto de 2026 demuestra que, ocho años después, la situación europea no ha cambiado sustancialmente. Investigadores del Instituto Clingendael la definen con precisión: Europa se encuentra en la posición de aceptar precios, un actor que sufre las consecuencias de las decisiones estratégicas de otros sin haber contribuido a definirlas y sin contar con las herramientas para modular sus efectos. Esto no es neutralidad, sino irrelevancia. Sin embargo, existe una dimensión en la que la convergencia de intereses entre Europa y sus socios atlánticos es más profunda de lo que sugiere la retórica de la desescalada. Irán fue el principal proveedor de drones de Rusia durante la guerra de Ucrania: entre 2023 y 2024, las fuerzas ucranianas interceptaron más de 44.700 drones Shahed. La degradación de la capacidad de producción iraní tras la Operación Furia Épica reduce estructuralmente esta cadena de suministro, con efectos directos en la presión aérea sobre las ciudades ucranianas. Varios gobiernos europeos, si bien se abstienen de hacer declaraciones públicas al respecto, no consideran que esto sea un efecto secundario indeseable. La jerarquía de vulnerabilidades europeas ya está plasmada en los hechos: desde la base de Akrotiri hasta la base italiana en Erbil, en el Kurdistán iraquí, que fue atacada con drones el 11 de marzo, como confirmó el propio ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani. El perímetro de exposición europea no coincide con las fronteras geográficas de la Unión: se extiende a lo largo de toda la cadena logística y militar occidental en el Mediterráneo. Bases avanzadas, contingentes multinacionales, buques de guerra, sistemas de misiles prestados: todo ello constituye una red de interdependencias que ninguna declaración de neutralidad puede borrar. La cuestión que plantea el conflicto no es si Europa quiere involucrarse en las crisis del Gran Oriente Medio. Ya lo hace, por razones geográficas, históricas y estructurales. La cuestión es si quiere involucrarse como actor con capacidades autónomas, una doctrina operativa coherente y estructuras de toma de decisiones a la altura del desafío, o como espectador armado que reacciona a los acontecimientos una vez que otros los han determinado. La Hoja de Ruta 2030 señala una dirección; pero esa dirección, sin la celeridad necesaria para seguirla, es insuficiente para salvar la brecha entre las ambiciones de autonomía estratégica y la realidad de un continente que aún depende estructuralmente.