BRASIL
Escándalo en Brasil: detienen a un diputado y un exjefe policial por una red que movió R$ 7.600 millones
20:56
RÍO DE JANEIRO (Uypress) – La Policía Federal de Brasil detuvo al diputado estadual electo Márcio Canella, del partido União Brasil, y al exsecretario de la Policía Civil de Río de Janeiro Marcus Amim, acusados de integrar una presunta organización criminal que utilizaba una extensa red de estaciones de servicio para lavar dinero. Según la investigación, el entramado empresarial movilizó más de 7.600 millones de reales durante seis años y habría contado con protección política y policial, además de mantener conexiones con milicias y organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Las detenciones se realizaron el 15 de octubre, durante la octava fase de la Operación Unha e Carne, autorizada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF).
Además de Canella y Amim, fueron detenidos otros cuatro investigados, entre ellos funcionarios de la Policía Civil y un responsable de seguridad municipal. La Justicia mantuvo las seis prisiones preventivas tras las audiencias correspondientes.
El caso adquirió una dimensión política particular porque Canella había sido elegido apenas diez días antes como el segundo diputado estadual más votado de Río de Janeiro, con 197.178 sufragios.
Una red de 96 estaciones de servicio bajo investigación
La investigación de la Policía Federal identificó una estructura empresarial integrada por decenas de estaciones de servicio que presuntamente eran utilizadas para ocultar el origen de recursos provenientes de actividades ilegales.
De acuerdo con un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras de Brasil (Coaf), la red investigada movilizó más de 7.600 millones de reales entre 2020 y 2026.
La cifra corresponde al volumen de operaciones financieras identificado y no significa que la totalidad de ese dinero haya sido demostrada como producto de actividades criminales.
Los investigadores sospechan que parte de los recursos eran canalizados mediante empresas formalmente constituidas, operaciones comerciales irregulares y personas utilizadas para ocultar a los verdaderos propietarios del patrimonio.
El Supremo Tribunal Federal autorizó medidas contra 112 empresas vinculadas con las investigaciones, además de disponer la incautación de bienes y el bloqueo de activos por hasta 700 millones de reales.
Entre los delitos investigados figuran lavado de dinero, organización criminal armada, corrupción activa y pasiva, violación del secreto funcional, comercialización ilegal de combustibles y formación de cárteles.
Un diputado señalado como articulador político
Uno de los elementos centrales del expediente es el presunto papel desempeñado por Márcio Canella, exalcalde de Belford Roxo y dirigente de União Brasil en Río de Janeiro.
Según la resolución de Alexandre de Moraes, el político habría actuado como articulador de alto nivel de la organización, estableciendo conexiones entre empresarios, agentes públicos y estructuras políticas.
La Policía Federal sostiene que Canella no habría sido simplemente un beneficiario económico del esquema, sino una figura relevante para facilitar relaciones institucionales que permitieran el funcionamiento de la red.
Los investigadores también identificaron comunicaciones que, según su interpretación, muestran contactos entre personas vinculadas al dirigente y representantes del Comando Vermelho, una de las principales organizaciones del narcotráfico brasileño.
Las sospechas incluyen posibles acuerdos para facilitar intervenciones municipales en territorios controlados por grupos criminales.
En determinadas circunstancias, las organizaciones armadas habrían aceptado retirar temporalmente barricadas utilizadas para controlar accesos a barrios, mientras se negociaban condiciones para permitir obras públicas y limitar intervenciones policiales.
Estas acusaciones forman parte de una investigación judicial en curso y todavía no constituyen responsabilidades penales establecidas mediante una sentencia definitiva.
Las conexiones con milicias y el Comando Vermelho
La investigación también plantea la existencia de relaciones entre sectores políticos, funcionarios policiales y organizaciones criminales que tradicionalmente mantienen disputas territoriales en Río de Janeiro.
El Comando Vermelho surgió dentro del sistema penitenciario brasileño y posteriormente amplió su participación en el narcotráfico y el control de territorios urbanos.
Las milicias, por su parte, se desarrollaron mediante organizaciones armadas integradas inicialmente por policías y exagentes de seguridad, aunque sus estructuras y actividades se diversificaron con el tiempo.
Estos grupos obtienen recursos mediante extorsiones, control de servicios, apropiación de negocios y otras actividades ilegales.
Según la Policía Federal, la organización investigada habría mantenido relaciones operativas con diferentes grupos criminales, utilizando conexiones políticas y económicas para proteger sus actividades.
La posibilidad de que organizaciones rivales compartan determinados circuitos financieros constituye una de las hipótesis relevantes de la investigación.
El caso pone de manifiesto las dificultades que enfrenta el Estado brasileño para desarticular estructuras criminales que no se limitan al tráfico de drogas, sino que también pueden penetrar sectores legales de la economía y establecer vínculos con funcionarios públicos.
Un exjefe policial entre los detenidos
Marcus Amim, quien ocupó la Secretaría de la Policía Civil de Río de Janeiro y también presidió el Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RJ), figura entre los principales investigados.
La Policía Federal sospecha que su posición institucional pudo haber sido utilizada para facilitar relaciones entre integrantes de la organización y estructuras vinculadas con la seguridad pública.
El expediente incluye indicios de posibles pagos mediante contratos de consultoría cuya legitimidad está siendo investigada.
La detención de un exresponsable de la Policía Civil adquiere especial relevancia porque el organismo tiene entre sus funciones combatir precisamente las organizaciones criminales que operan en el estado.
La investigación procura establecer si existieron mecanismos de protección institucional, circulación indebida de información y utilización de funciones públicas para beneficiar intereses particulares.
La defensa de Amim informó que presentaría sus aclaraciones una vez que tuviera acceso completo a la decisión judicial y al expediente.
Armas, vehículos de lujo y bienes incautados
Durante los procedimientos realizados el 15 de octubre, los agentes federales registraron propiedades y oficinas en distintos municipios del estado de Río de Janeiro.
Según la información difundida por medios brasileños, se incautaron 20 vehículos, 33 armas, aproximadamente 90.000 reales en efectivo, 14 teléfonos celulares y 49 joyas y relojes de lujo.
También fueron recogidos documentos y dispositivos electrónicos destinados a reconstruir las operaciones financieras investigadas.
Algunas diligencias se desarrollaron en propiedades de alto valor ubicadas en Niterói, Angra dos Reis y la región serrana de Río de Janeiro.
La Policía Federal busca determinar si parte de esos bienes fue adquirida mediante recursos de origen ilegal y si se utilizaron empresas o terceros para ocultar la titularidad del patrimonio.
El análisis de la documentación financiera constituye una de las principales líneas de investigación para identificar a los posibles responsables y establecer el destino de los recursos movilizados.
Una investigación que continúa ampliándose
La Operación Unha e Carne comenzó en diciembre de 2025 y ha avanzado mediante sucesivas etapas que involucran a políticos, policías, empresarios y otros agentes públicos.
Las primeras investigaciones se concentraron en presuntas filtraciones de información policial y vínculos entre autoridades y organizaciones criminales.
Posteriormente, las actuaciones se extendieron hacia movimientos financieros, actividades empresariales y posibles mecanismos de ocultamiento patrimonial.
El 29 de octubre, dos semanas después de la detención de Canella y Amim, la Policía Federal desarrolló una novena fase de la operación.
En esta nueva etapa se realizaron registros en inmuebles y oficinas vinculados con el empresario y pastor Márcio Poncio, así como en una propiedad relacionada con Bernardo Coutinho Loyola, sobrino de un presunto dirigente de una organización vinculada con el juego ilegal.
Los procedimientos fueron autorizados nuevamente por Alexandre de Moraes y tuvieron como objetivo obtener documentación sobre propiedades, empresas y transacciones financieras sospechosas.
Los investigadores examinan la posibilidad de que parte de los activos fueran registrados a nombre de familiares, colaboradores y otras personas para ocultar a sus verdaderos titulares.
La ampliación de la investigación demuestra que las autoridades brasileñas consideran que el entramado económico investigado podría extenderse más allá de los primeros detenidos.
El desafío de combatir el crimen organizado dentro de las instituciones
La detención de un diputado electo, un exjefe policial y otros funcionarios coloca nuevamente en el centro del debate brasileño la penetración del crimen organizado en las estructuras políticas y de seguridad.
Río de Janeiro enfrenta desde hace décadas la expansión de organizaciones armadas que disputan territorios y actividades económicas, en un contexto marcado por altos niveles de violencia.
Las investigaciones recientes muestran que las actividades ilícitas pueden extenderse hacia sectores económicos aparentemente legales, dificultando la identificación de sus fuentes de financiamiento.
Las estaciones de servicio, por su elevado movimiento comercial y financiero, pueden ser utilizadas como instrumentos para introducir recursos de procedencia ilegal dentro de circuitos formales.
El caso también vuelve a plantear la necesidad de fortalecer los controles sobre las relaciones entre representantes políticos, funcionarios públicos y operadores económicos.
Márcio Canella declaró que confía en la Justicia y espera que los hechos sean esclarecidos. Su defensa ha cuestionado las medidas adoptadas y reclamado acceso a los elementos de la investigación.
Como corresponde a un procedimiento penal en curso, los investigados mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva sobre sus responsabilidades.
La continuidad de la Operación Unha e Carne permitirá establecer hasta dónde se extendían las presuntas conexiones entre empresas, organismos públicos y organizaciones criminales.
Más allá de las detenciones, el principal desafío para las autoridades brasileñas será determinar cómo pudo funcionar durante años una estructura financiera de semejante magnitud y qué mecanismos institucionales pudieron haber facilitado sus operaciones.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
