UY Press - Agencia uruguaya de noticias

16.07.2026

WASHINGTON / BRASILIA (Uypress) – Estados Unidos anunció la imposición de un arancel de 25% sobre determinados productos brasileños, en una decisión que reabre la guerra comercial con Brasil y agrega tensión política a pocos meses de las elecciones presidenciales en el país sudamericano.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó que la medida fue adoptada por instrucción del presidente Donald Trump, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Según Washington, la decisión es resultado de una investigación de un año sobre prácticas brasileñas consideradas “irrazonables” o restrictivas para el comercio estadounidense.

El arancel comenzará a regir el 22 de julio. Reuters informó que Brasil se convirtió en el primer país alcanzado por la nueva estrategia arancelaria de la administración Trump, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos limitara a comienzos de este año el uso de otra base legal para imponer gravámenes generales a las importaciones.

La investigación de la USTR incluyó áreas como comercio digital, servicios de pagos electrónicos, tarifas preferenciales consideradas injustas, propiedad intelectual, acceso al mercado de etanol, interferencia en políticas anticorrupción y deforestación ilegal. El gobierno estadounidense sostiene que esas prácticas perjudican a agricultores, trabajadores, empresas tecnológicas, exportadores e innovadores de Estados Unidos.

El representante comercial Jamieson Greer afirmó que la medida busca garantizar condiciones de competencia para trabajadores y empresas estadounidenses. También sostuvo que las negociaciones con Brasil durante el último año no resolvieron las diferencias, aunque Washington mantiene abierta la posibilidad de continuar el diálogo.

La decisión no abarca a todos los productos. AP informó que quedaron exentos bienes que Estados Unidos no produce o cuya afectación podría alterar cadenas de suministro. Entre ellos figuran café, carne bovina, naranjas y jugo de naranja, algunos productos energéticos de petróleo y gas, y componentes aeronáuticos.

Reuters agregó que las exenciones más relevantes incluyen carne, café, tierras raras, productos energéticos, aeronaves y partes aeronáuticas, y que el listado cubre alrededor de 11.000 millones de dólares de comercio anual. Aun así, los nuevos aranceles alcanzan miles de productos, entre ellos azúcar, maquinaria agrícola, prendas de vestir, maquinaria eléctrica, papel y acero.

Brasil rechazó de plano la medida. Lula da Silva afirmó que no existe justificación para los aranceles y anunció que su gobierno iniciará de inmediato los procedimientos previstos por la Ley de Reciprocidad, además de llevar el tema al mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio.

El gobierno brasileño sostiene que la ofensiva de Washington tiene motivación política. En Brasilia se interpreta que la presión arancelaria no responde solo a disputas comerciales, sino también al clima electoral y al vínculo de sectores bolsonaristas con la administración Trump. El País informó que Brasil acusa a la familia Bolsonaro de haber contribuido activamente a construir el escenario que derivó en la medida.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, endureció el tono y acusó a Lula de no negociar “de buena fe”. Según AP, Rubio sostuvo que las políticas económicas del gobierno brasileño perjudican tanto a estadounidenses como a brasileños, y atribuyó los aranceles a la falta de acuerdo durante el último año.

La tensión se venía acumulando. UyPress informó el 5 de junio que Brasil defendía el sistema de pagos Pix frente a la presión de Washington, que lo considera perjudicial para empresas estadounidenses de medios de pago. El 8 de julio, UyPress también consignó que Flávio Bolsonaro había pedido al gobierno de Trump no imponer los aranceles porque, según su lectura, terminarían fortaleciendo políticamente a Lula.

La paradoja es que Estados Unidos mantiene desde hace años superávit comercial con Brasil. AP subrayó que, pese a la acusación de prácticas desleales, Washington ha registrado saldo positivo en bienes con Brasil durante varios años. El gobierno brasileño insiste en ese punto para cuestionar el fundamento económico de la medida.

La respuesta brasileña puede abrir una nueva fase del conflicto. La Ley de Reciprocidad permite a Brasil adoptar contramedidas frente a acciones unilaterales de otros países que perjudiquen sus exportaciones o vulneren reglas comerciales. Sin embargo, una represalia directa también podría escalar la disputa y afectar sectores empresariales de ambos lados.

Para Trump, la medida confirma el regreso de los aranceles como herramienta central de política exterior y comercial. Tras el revés judicial a parte de su estrategia previa, la administración recurrió a la Sección 301, un instrumento con mayor estructura procedimental porque exige investigación, audiencias y fundamentación técnica.

Para Lula, el episodio ofrece un terreno político conocido: defensa de la soberanía nacional frente a presiones de Washington. En la campaña brasileña, el conflicto puede reforzar su discurso contra lo que presenta como injerencia externa y al mismo tiempo obligar a la oposición bolsonarista a explicar su cercanía con Trump.

El impacto económico inicial podría ser moderado por la lista de excepciones, pero el efecto político es inmediato. Brasil es la mayor economía de América Latina, miembro del Mercosur y actor clave del comercio global de alimentos, energía, minerales y manufacturas. Un conflicto arancelario con Estados Unidos puede alterar cadenas de suministro, precios, inversiones y negociaciones comerciales regionales.

La decisión también será observada por otros países. Reuters señaló que la estrategia aplicada a Brasil puede funcionar como precedente para nuevas investigaciones bajo la Sección 301 contra socios comerciales de Estados Unidos, incluidos India, China, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur.

El caso brasileño muestra que la política comercial de Washington dejó de limitarse a déficits bilaterales o barreras arancelarias tradicionales. Ahora incorpora regulación digital, sistemas de pago, políticas ambientales, propiedad intelectual, anticorrupción y competencia tecnológica como argumentos para imponer sanciones comerciales.

El 22 de julio marcará el inicio efectivo del nuevo capítulo. Hasta entonces, Brasil intentará combinar presión diplomática, respuesta jurídica ante la OMC y preparación de eventuales contramedidas. Estados Unidos, por su parte, mantiene abierta la puerta a negociar, pero ya fijó un costo concreto para forzar cambios en la política comercial brasileña.

La disputa entre Washington y Brasilia vuelve así a mezclar comercio, soberanía y elecciones. Lo que comenzó como una investigación técnica de la USTR terminó convertido en un choque político entre Trump y Lula, con efectos potenciales sobre el Mercosur, la campaña brasileña y la nueva arquitectura de la guerra comercial global.