UY Press - Agencia uruguaya de noticias

30.05.2026

WASHINGTON (Uypress) – Estados Unidos atraviesa una nueva etapa de censura cultural en escuelas y bibliotecas públicas, con cifras récord de libros retirados, restringidos o cuestionados en distintos estados del país.

Los últimos informes de organizaciones especializadas muestran que el fenómeno dejó de ser una serie de casos aislados y pasó a convertirse en una política sostenida, impulsada por leyes estatales, grupos de presión, campañas locales y autoridades escolares que buscan retirar determinados contenidos del acceso público.

La American Library Association registró en 2025 un total de 5.668 libros prohibidos en bibliotecas, la cifra más alta desde que la organización lleva registros. Además, otros 920 títulos sufrieron restricciones de acceso, como traslado a estanterías especiales, necesidad de autorización parental o limitaciones para ser retirados por menores.

El informe también documentó 4.235 títulos únicos cuestionados en bibliotecas públicas, escolares y universitarias. Aunque esa cifra quedó apenas por debajo del récord absoluto de 2023, marcó uno de los niveles más altos de la serie histórica y confirmó que la presión sobre bibliotecas continúa en un punto crítico.

En el ámbito escolar, PEN America registró 6.870 casos de prohibición de libros durante el año lectivo 2024-2025, distribuidos en 23 estados y 87 distritos escolares. Las prohibiciones afectaron a 3.743 títulos únicos y se concentraron principalmente en Florida, Texas y Tennessee.

El blanco principal de las campañas son libros que abordan diversidad sexual, identidad de género, racismo, historia afroestadounidense, violencia sexual, activismo social, derechos civiles y experiencias de minorías. También fueron cuestionadas obras de ficción juvenil, novelas gráficas, clásicos literarios y best sellers contemporáneos.

La ALA señaló que cerca del 40% de los materiales cuestionados en 2025 incluían temas LGBTQ+ o personajes de comunidades racializadas. Para la organización, ese dato muestra que la censura no se dirige únicamente contra contenidos considerados sexualmente explícitos, sino contra voces, identidades y experiencias históricamente marginadas.

PEN America advirtió además sobre un fenómeno creciente: la censura de libros de no ficción. Según su último análisis, los títulos de no ficción pasaron de representar 14% de los libros prohibidos el año anterior a 29% en el ciclo 2024-2025. La organización considera especialmente grave este avance porque afecta materiales educativos sobre historia, ciencia, política, arte, derechos civiles y movimientos sociales.

Entre los libros más cuestionados aparecen obras como Sold, de Patricia McCormick; The Perks of Being a Wallflower, de Stephen Chbosky; Gender Queer, de Maia Kobabe; A Clockwork Orange, de Anthony Burgess; y títulos de autores como Stephen King, Jodi Picoult, Ellen Hopkins y Sarah J. Maas. También fueron alcanzadas obras de escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez e Isabel Allende.

Los defensores de estas restricciones sostienen que no se trata de censura, sino de garantizar que padres y madres puedan decidir qué materiales son apropiados para sus hijos. Argumentan que escuelas y bibliotecas públicas no deben ofrecer contenidos que consideren sexualmente explícitos, ideologizados o inadecuados para determinadas edades.

Sus críticos responden que esa explicación encubre una ofensiva política coordinada. La ALA sostiene que la mayoría de los reclamos no provienen de padres individuales preocupados por un libro específico, sino de grupos organizados, autoridades o campañas con motivaciones políticas. Para bibliotecarios, docentes y defensores de la libertad de lectura, el objetivo real es reducir el acceso a historias sobre diversidad, raza, género y desigualdad.

La disputa se inscribe en una batalla cultural más amplia que atraviesa a Estados Unidos. En varios estados gobernados por republicanos se aprobaron leyes que restringen contenidos vinculados a orientación sexual, identidad de género, historia racial, educación sexual o diversidad. Esas normas habilitan denuncias masivas, revisión de catálogos y retiro preventivo de títulos para evitar sanciones.

El efecto no se limita a los libros efectivamente prohibidos. Organizaciones educativas advierten sobre un aumento de la autocensura: docentes, bibliotecarios y directores que evitan comprar, recomendar o exhibir determinados materiales por temor a denuncias, procesos disciplinarios o presiones políticas.

Para las bibliotecas públicas, el problema también es institucional. Su función histórica ha sido garantizar acceso amplio a información, literatura, pensamiento crítico y pluralidad de voces. Cuando la presión política define qué historias pueden circular, el principio mismo de biblioteca pública queda debilitado.

La censura de libros en Estados Unidos también tiene un fuerte componente simbólico. En un país que suele presentarse como defensor global de la libertad de expresión, el retiro masivo de obras en escuelas y bibliotecas revela una contradicción profunda: la libertad de leer se vuelve cada vez más dependiente del código postal, del distrito escolar y de la correlación política local.

El debate seguirá creciendo de cara al nuevo año escolar. La ALA, PEN America y asociaciones de editores advierten que las campañas de censura se mantienen activas, mientras grupos conservadores presionan por ampliar controles parentales, bases de datos de libros y mecanismos de denuncia.

Lo que está en juego no es solo una lista de títulos. Es quién decide qué pueden leer los estudiantes, qué historias merecen estar en una biblioteca pública y qué voces quedan fuera del espacio común.

Estados Unidos vuelve a discutir, libro por libro, una pregunta de fondo: si la educación pública debe proteger a los estudiantes del conflicto social o prepararlos para comprenderlo.