UY Press - Agencia uruguaya de noticias

21.08.2026

WASHINGTON (Uypress) – Estados Unidos impuso sanciones financieras contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la jueza japonesa Tomoko Akane, como parte de la ofensiva de la administración de Donald Trump contra el tribunal encargado de investigar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Las medidas también alcanzaron al abogado senegalés Abdoulaye Seye, integrante del equipo de la Fiscalía que solicitó la orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes cometidos durante la guerra en Gaza.

Las sanciones congelan los activos que ambos funcionarios puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y les impiden realizar operaciones con personas, empresas e instituciones financieras vinculadas a Estados Unidos.

La medida puede provocar, además, la cancelación de tarjetas y otros servicios financieros internacionales. Sin embargo, no existe confirmación pública de que las tarjetas personales de Akane ya hayan sido bloqueadas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó a la CPI como un tribunal “corrupto” y “fatalmente politizado” que, según Washington, excedió sus competencias al investigar a ciudadanos de países que no reconocen su jurisdicción.

Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma, tratado que creó la corte. La CPI sostiene, sin embargo, que puede investigar delitos cometidos en territorios pertenecientes a Estados miembros, como Palestina, aunque los acusados sean ciudadanos de países que no integran el tribunal.

La orden de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, fue emitida por la CPI en noviembre de 2024. Los jueces consideraron que existían fundamentos razonables para atribuirles presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La nueva decisión elevó a 13 el número de funcionarios de la corte sancionados por Estados Unidos. Entre ellos se encuentran nueve de sus 18 jueces, los dos fiscales adjuntos, el anterior fiscal jefe y un abogado de la Fiscalía.

La CPI calificó las medidas como un “ataque flagrante” contra la independencia judicial y advirtió que las amenazas económicas pueden dificultar las investigaciones y limitar el acceso de las víctimas a la justicia.

Japón, país de origen de Akane y uno de los principales aliados de Washington en Asia, calificó las sanciones como “muy lamentables”. Naciones Unidas, Alemania y los Países Bajos también expresaron preocupación y reafirmaron su respaldo al tribunal.

La administración Trump extendió además su campaña a América Latina. Durante una reunión de la Coalición Americana contra los Cárteles celebrada en Panamá, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, instó a los representantes de casi 20 países a abandonar la CPI y rechazar su autoridad.

Colombia se incorporó en esa instancia como el integrante número 19 de la coalición antidrogas. Esa cifra fue presentada en algunas publicaciones como si Washington hubiera formulado una propuesta individual a 19 gobiernos.

No se ha documentado, sin embargo, que Estados Unidos haya ofrecido expresamente mayor asistencia militar a Colombia, Argentina, Chile, Panamá y otros países a cambio de que abandonen el Estatuto de Roma. Lo comprobable es que Washington pidió a los integrantes de la coalición que se desvinculen de la corte mientras amplía su cooperación regional contra el narcotráfico.

Al menos cinco Estados miembros anunciaron durante los últimos meses su intención de retirarse de la CPI, en un contexto de creciente presión estadounidense. La salida no es inmediata: entra en vigor un año después de que el país correspondiente presente formalmente la notificación ante Naciones Unidas.

Organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho internacional advierten que las sanciones buscan intimidar a jueces y fiscales y podrían debilitar el principal tribunal permanente encargado de juzgar los crímenes internacionales más graves.

Washington afirma, por el contrario, que protege su soberanía y la de sus aliados frente a una institución que considera carente de autoridad sobre ciudadanos estadounidenses e israelíes. La controversia enfrenta así dos principios: la soberanía de los Estados que no reconocen al tribunal y la posibilidad de exigir responsabilidades cuando los sistemas judiciales nacionales no investigan los crímenes denunciados.