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18.06.2026

BOGOTÁ (Uypress) – A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, la Federación Internacional por los Derechos Humanos emitió una alerta sobre la candidatura de Abelardo de la Espriella y advirtió que varias de sus propuestas podrían representar riesgos para el Estado social de derecho y las garantías democráticas.

El comunicado fue difundido el 17 de junio, en la recta final hacia el balotaje del 21 de junio, en el que De la Espriella enfrentará al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La FIDH sostuvo que algunas iniciativas del candidato en materia de seguridad, justicia, institucionalidad y política exterior podrían afectar la protección de los derechos humanos en Colombia.

Uno de los puntos centrales de la advertencia es la propuesta de replicar el llamado “modelo Bukele”, con creación de megacárceles y mecanismos acelerados de encarcelamiento. Para la organización, ese enfoque puede derivar en detenciones arbitrarias, criminalización de jóvenes pobres y debilitamiento del debido proceso.

La FIDH también cuestionó las propuestas de recuperar control territorial mediante operaciones militares más agresivas y reactivar bombardeos aéreos sin garantías suficientes para la población civil. La organización recordó que el derecho internacional humanitario exige proporcionalidad, distinción y protección efectiva de civiles en cualquier operación armada.

La advertencia llega en una campaña marcada por el peso de la seguridad pública. De la Espriella construyó buena parte de su discurso sobre la idea de restaurar el orden, enfrentar a las organizaciones criminales, reducir el tamaño del Estado y cerrar cualquier negociación con grupos armados que no se sometan.

Esa plataforma le permitió conectar con sectores golpeados por la violencia, el narcotráfico, la extorsión y la desconfianza hacia el Estado. Pero también encendió alarmas entre organizaciones de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de transformar la demanda legítima de seguridad en una agenda de excepción permanente.

La FIDH puso además el foco en la arquitectura institucional surgida del Acuerdo de Paz. Según el comunicado, De la Espriella ha planteado eliminar o fusionar entidades clave como la Unidad Nacional de Protección, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia para la Reincorporación y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Para la organización, desmontar esa estructura implicaría abandonar compromisos del proceso de paz, dejar sin protección a víctimas y defensores de derechos humanos, y abrir espacio para que el crimen organizado gane poder territorial.

La Jurisdicción Especial para la Paz aparece como uno de los puntos más sensibles. De la Espriella propone reducir drásticamente su presupuesto y cerrar su funcionamiento hacia 2030. Sus críticos sostienen que esa medida afectaría investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El comunicado también advierte sobre planteos del candidato vinculados al retiro de Colombia de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para la FIDH, una decisión de ese tipo aislaría al país, debilitaría los mecanismos de protección internacional y dejaría a millones de víctimas sin vías de amparo cuando la justicia interna no responda.

La organización también mencionó antecedentes relacionados con declaraciones contra periodistas, presiones judiciales a comunicadores e investigaciones periodísticas sobre vínculos profesionales, empresariales y financieros del candidato. En ese punto, la FIDH aclaró que rige la presunción de inocencia y que un abogado no puede ser identificado automáticamente con sus clientes, pero sostuvo que la acumulación de señalamientos exige explicaciones públicas.

El pronunciamiento se suma a otras alertas surgidas durante la campaña. Organizaciones de prensa y derechos humanos han cuestionado el tono de algunos mensajes de De la Espriella contra medios, periodistas y adversarios políticos.

La candidatura del abogado y empresario se consolidó como expresión de una derecha dura, nacionalista y de mano firme. Sus seguidores lo presentan como un outsider capaz de enfrentar al crimen y romper con la política tradicional. Sus críticos lo ven como parte de una ola regional de liderazgos autoritarios que prometen orden a costa de garantías democráticas.

La segunda vuelta colombiana se desarrolla en un clima de fuerte polarización. De un lado, Cepeda representa la continuidad del bloque progresista que llegó al poder con Gustavo Petro. Del otro, De la Espriella concentra el voto opositor de derecha, sectores conservadores, militares retirados, iglesias evangélicas y ciudadanos desencantados con la seguridad y la economía.

El comunicado de la FIDH no llama a votar por un candidato específico, pero sí pide a la sociedad civil colombiana mantenerse alerta frente a agendas que, bajo el discurso de la seguridad, puedan socavar libertades y derechos conquistados durante décadas.

La advertencia coloca el debate electoral en un plano más amplio. No se trata solo de quién gobernará Colombia, sino de qué límites institucionales tendrá el próximo gobierno frente al crimen, la protesta social, la justicia transicional, la prensa y los organismos internacionales.

De la Espriella llega al balotaje con una promesa de autoridad. La FIDH responde con una advertencia: la seguridad no puede construirse debilitando el Estado de derecho.

Colombia decidirá el 21 de junio entre dos modelos políticos profundamente distintos. En esa elección también se pondrá a prueba hasta qué punto la demanda de orden puede convivir con las garantías democráticas que el país construyó tras décadas de conflicto armado.

Imagen: Abelardo de la Espriella durante la campaña / archivo.