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19.10.2026

ITALIA (Uypress) - La renuncia del Rector de la UPAZ como caso de estudio sobre la gobernanza de las instituciones internacionales

La renuncia de Francisco Rojas Aravena al rectorado de la Universidad para la Paz, efectiva a partir del 31 de octubre de 2026, no nace de una crisis de gestión sino de un vacío de institucionalidad: el Consejo previsto por el Estatuto nunca alcanzó la composición necesaria para deliberar. El artículo reconstruye el mecanismo del bloqueo, sus consecuencias operativas y la solución adoptada, y extrae algunas consideraciones sobre la fragilidad de las universidades con mandato internacional.

La Universidad para la Paz es una institución sui generis en el panorama de la educación superior: creada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 35/55 de 1980, a propuesta del presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo, se rige por una Carta internacional y un Estatuto que confían su gobierno a un Consejo de 17 miembros y a un Comité Ejecutivo de 7. Diez consejeros son designados por el Secretario General de la ONU; el Comité Ejecutivo incluye un representante del Secretario General, uno del Director General de la UNESCO, el Rector de la Universidad de las Naciones Unidas, dos representantes del país anfitrión, el Rector y el Canciller.

Es una arquitectura concebida para garantizar pluralismo y control recíproco. Tiene, sin embargo, un punto débil: si uno solo de los tres sujetos que nombran, ONU, UNESCO y Costa Rica, no procede a las designaciones de su competencia, el Consejo no alcanza la composición legal y no puede deliberar. En 2026 ocurrió con los tres a la vez, por razones independientes: la transición en la cúpula de la Secretaría de la ONU, el cambio de dirección en la UNESCO, la instalación de un nuevo gobierno en San José.

La carta de renuncia enumera con precisión las competencias paralizadas: aprobación de los presupuestos, toma de conocimiento de las auditorías, aprobación de nuevas sedes académicas, adopción de medidas de emergencia, aplicación de los recortes de gasto que exige la contracción de la cooperación internacional. Se trata, en sustancia, de todo el ciclo financiero y de la capacidad de respuesta ante choques externos. El Rector conserva la gestión ordinaria, pero pierde toda palanca estratégica. Rojas Aravena lo define como una «falta de institucionalidad» que afecta «los elementos fundamentales del Estatuto y de la Carta Internacional».

El bloqueo alcanzó también al relevo en la cúpula. El Consejo, en su XXVII reunión celebrada en Roma el 19 y 20 de junio de 2025, había aprobado el procedimiento de selección del nuevo Rector con inicio en mayo de 2026. Ese procedimiento presupone un Consejo en funcionamiento y nunca se puso en marcha. El mandato se prolongó así, de hecho, más allá del horizonte programado, sin que el órgano competente pudiera ni confirmarlo ni concluirlo.

Ante un impasse que ningún órgano interno podía resolver, el Rector eligió la única jugada disponible: renunciar con efecto a partir del 31 de octubre de 2026 y transferir desde el 19 de octubre la gestión cotidiana al Vicerrector, Juan Carlos Sainz-Borgo, «de conformidad con las normas y los procedimientos institucionales aplicables». El periodo de transición se dedica a la redacción de los informes de gestión que se entregarán al Consejo. Este, una vez reconstituido, deberá formalizar o ratificar el nombramiento del Vicerrector como Rector interino y retomar la selección interrumpida.

Es una solución que protege la continuidad de las funciones académicas y administrativas sin prefigurar decisiones que corresponden a otros. El Rector es explícito al remitir toda valoración al Consejo «en el ejercicio de sus atribuciones» y al respetar «las competencias y los plazos de las autoridades involucradas». Desde el punto de vista de la gobernanza, la renuncia funciona como un acto de desbloqueo: retira el único elemento que el Rector controla, su propia permanencia, para que el sistema pueda realinearse.

La carta no reduce el asunto a un problema de ingeniería institucional. El Rector relata haberse reunido en las últimas semanas con personal académico y administrativo, trabajadores, estudiantes y egresados, haber recogido preocupaciones y recomendaciones, y haber tomado en el pasado «decisiones difíciles» que generaron resistencias. Declara que no puede continuar sin el pleno apoyo de sus colegas, pues no concibe «otra forma de ejercer mis responsabilidades». En un documento anexo rechaza como falsas y difamatorias las acusaciones de un comunicado anónimo. La decisión de separar la respuesta a las acusaciones de la comunicación institucional es en sí misma una indicación de método.

El mandato deja una universidad más acreditada y más presente. Todas las maestrías del campus central obtuvieron la acreditación del SINAES, la agencia nacional y regional costarricense, y de instituciones de la Unión Europea. La red de sedes se amplió: campus en Somalia desde septiembre de 2021; doctorado en Liderazgo y Desarrollo Sostenible en el Centro UPAZ de Pekín desde 2020; sede de Bucaramanga, en cooperación con la Universidad de Santander, desde noviembre de 2021; maestría en posconflicto con la Universidad de Cali; actividades en Roma sobre inteligencia artificial y diálogo interreligioso, en Turín con UNICRI sobre crimen organizado, en los Países Bajos, en Belgrado, en Ginebra, Viena y París. El programa Asia Peace Scholar, con la Nippon Foundation y el Ateneo de Manila, cuenta con unos quinientos graduados y continúa con un doctorado plurianual en colaboración con la Universidad de Hiroshima y la Universidad de las Naciones Unidas.

En el plano de la infraestructura, la sede central se dotó de auditorios, aulas y espacios polivalentes. En el plano humanitario, el proyecto con ACNUR y la OIM dio protección a cientos de personas de la región centroamericana.

El caso UPAZ muestra hasta qué punto las universidades creadas por tratados o resoluciones internacionales dependen de la salud de los organismos que las generaron. Su autonomía académica es real, pero su gobernanza es rehén de nombramientos externos que ninguna norma interna puede suplir. Cuando esos nombramientos se detienen, la institución no quiebra: se detiene. La renuncia de Rojas Aravena debe leerse en esta clave, como el gesto de quien prefiere entregar una universidad en funcionamiento a un sucesor legítimo antes que ocupar un cargo vaciado de sus poderes.

Queda abierta una pregunta que concierne al sistema, no a la universidad en particular: cómo proteger a estas instituciones de los vacíos de institucionalidad de las organizaciones matrices. La respuesta, probablemente, pasa por cláusulas estatutarias de continuidad que hoy no existen. Mientras tanto, como escribe el Rector saliente, «si quieres la paz, trabaja por la paz». Incluso cuando el trabajo consiste en hacerse a un lado.

Por Juan Carlos Protto