GUATEMALA / OFENSIVA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Guatemala despliega mil militares y declara el estado de sitio tras una ola de violencia criminal
17.11.2026
CIUDAD DE GUATEMALA (Uypress) – El Gobierno de Guatemala reforzó este martes 17 de noviembre las operaciones militares y policiales en los departamentos orientales de Zacapa e Izabal, fronterizos con Honduras, después de declarar el estado de sitio por 30 días ante una escalada de violencia atribuida a organizaciones vinculadas al narcotráfico. Los ataques registrados desde finales de septiembre dejaron al menos 17 muertos, entre ellos un diputado y tres agentes de la Policía Nacional Civil.
La medida, decretada el sábado 14 de noviembre por el presidente Bernardo Arévalo mediante el Decreto Gubernativo 8-2026, otorga facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad y permite restringir temporalmente derechos constitucionales, como la libertad de circulación y de reunión, así como realizar determinados allanamientos y detenciones sin orden judicial previa.
El Ejército desplegó aproximadamente mil efectivos, distribuidos entre Zacapa e Izabal, mientras la Policía Nacional Civil intensificó los controles, patrullajes y operativos destinados a recuperar el control territorial y desarticular las estructuras criminales que operan en la región.
Una sucesión de ataques que precipitó la decisión
La crisis de seguridad se agravó durante las últimas semanas con varios episodios de violencia armada en Zacapa, una región históricamente utilizada como corredor del narcotráfico por su cercanía con Honduras y sus conexiones hacia otras zonas de Centroamérica.
El 27 de septiembre, un ataque en el municipio de Huité dejó ocho personas muertas. Posteriormente, el 6 de noviembre, hombres armados asesinaron al diputado Julio César Portillo Paz y a tres policías que integraban su equipo de seguridad, en una emboscada ocurrida en Río Hondo.
La violencia continuó el viernes 13 de noviembre, cuando otro ataque armado en el caserío El Tocino, aldea La Majada, provocó la muerte de cinco personas y dejó varias heridas.
La sucesión de hechos llevó al Ejecutivo a considerar que las organizaciones criminales estaban amenazando no solamente a la población, sino también el funcionamiento de las instituciones y la autoridad del Estado.
Restricciones de derechos y mayores facultades policiales
El estado de sitio constituye uno de los mecanismos de excepción contemplados por la legislación guatemalteca para enfrentar situaciones que comprometen gravemente el orden público.
Durante su vigencia, las autoridades pueden establecer restricciones a la circulación de personas y vehículos, limitar concentraciones y manifestaciones públicas y ordenar la dispersión de reuniones en determinadas circunstancias.
También se habilitan facultades extraordinarias para efectuar detenciones y registros de viviendas sin autorización judicial previa, bajo las condiciones establecidas en el decreto.
Estas disposiciones generan una responsabilidad adicional para las autoridades, que deben garantizar que las operaciones respeten los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
El Gobierno sostiene que las medidas están dirigidas específicamente contra organizaciones delictivas y que la población podrá continuar desarrollando sus actividades habituales, siempre que cumpla las disposiciones de seguridad.
El Gobierno busca recuperar el control territorial
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y el ministro de Defensa, Henry Sáenz, supervisaron el lunes las operaciones desplegadas en ambos departamentos, con el propósito de coordinar el trabajo conjunto entre policías y militares.
Villeda explicó que las fuerzas de seguridad desarrollan acciones planificadas durante los 30 días de vigencia de la medida, en coordinación con el Ministerio Público.
Las autoridades también identifican vínculos entre las organizaciones dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales, entre ellas la extracción clandestina de jade y oro.
El presidente Arévalo estableció tres objetivos para la intervención: proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de los servicios esenciales, fortalecer el control territorial del Estado y enfrentar a las estructuras criminales vinculadas al tráfico de drogas.
El mandatario defendió la decisión como una respuesta excepcional ante la gravedad de los acontecimientos y aseguró que el restablecimiento de la seguridad debe realizarse dentro del marco legal.
Los clanes del narcotráfico y la presión de Estados Unidos
La ofensiva coincide con nuevas medidas adoptadas por Estados Unidos contra organizaciones criminales guatemaltecas.
El viernes 13 de noviembre, Washington anunció la designación de Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza como organizaciones terroristas extranjeras, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y redes criminales transnacionales.
Dos de estas estructuras mantienen una presencia histórica en los departamentos alcanzados por el estado de sitio.
Los Lorenzana han sido señalados por las autoridades estadounidenses como una organización familiar involucrada en el transporte de drogas y el lavado de dinero, mientras que Los Mendoza han desarrollado actividades en Izabal y otras zonas del país.
La proximidad geográfica con Honduras y las rutas hacia México y Estados Unidos convierten al oriente guatemalteco en un territorio estratégico para las redes de tráfico internacional de estupefacientes.
La decisión estadounidense agrega una dimensión internacional a la crisis de seguridad y refuerza la cooperación entre ambos gobiernos para identificar integrantes de estas organizaciones, investigar sus operaciones financieras y debilitar sus estructuras.
La segunda declaración de estado de sitio en 2026
No es la primera vez que el presidente Bernardo Arévalo recurre a un régimen de excepción para enfrentar la violencia criminal.
En enero de 2026, el Gobierno decretó un estado de sitio de alcance nacional después de una serie de motines carcelarios y ataques coordinados contra policías, atribuidos a integrantes de la pandilla Barrio 18.
Aquella medida también tuvo una duración de 30 días y estuvo acompañada por operativos conjuntos del Ejército y la Policía Nacional Civil.
El nuevo episodio, sin embargo, presenta características diferentes. Mientras la crisis de enero estuvo vinculada principalmente con organizaciones pandilleriles, la actual intervención se concentra en estructuras relacionadas con el narcotráfico y el control de corredores territoriales.
La reiteración de estas medidas extraordinarias plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener una presencia permanente en regiones donde las organizaciones criminales han desarrollado actividades durante décadas.
El desafío de recuperar la seguridad sin prolongar la excepcionalidad
El despliegue militar y policial representa una respuesta inmediata a los ataques, pero el desafío del Gobierno guatemalteco se extiende más allá de los 30 días previstos.
La recuperación del control territorial requiere sostener investigaciones judiciales, combatir las redes de financiamiento ilícito, fortalecer las instituciones locales y evitar que las organizaciones criminales simplemente trasladen sus operaciones hacia otras regiones.
Especialistas en seguridad han advertido que los estados de excepción pueden contribuir a contener episodios de violencia, pero no necesariamente resuelven las condiciones estructurales que permiten la expansión del crimen organizado.
En ese contexto, el Gobierno de Arévalo enfrenta el desafío de demostrar que el despliegue extraordinario puede traducirse en una mejora duradera de la seguridad y no solamente en una reducción temporal de los ataques.
Los resultados de los operativos y la evolución de la violencia durante las próximas semanas serán determinantes para evaluar la eficacia de la intervención en Zacapa e Izabal, dos departamentos que se han convertido en el principal escenario de la confrontación entre el Estado guatemalteco y las organizaciones vinculadas al narcotráfico.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias