CRISIS DIPLOMÁTICA ENTRE ARGENTINA E IRÁN
Irán declaró «terroristas» a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en respuesta a una decisión de Milei
11.11.2026
BUENOS AIRES (Uypress) – El Gobierno de Irán declaró este miércoles 11 de noviembre como «organizaciones terroristas» a la Armada y a la Fuerza Aérea de Argentina, en respuesta a la decisión del presidente Javier Milei de incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro argentino de entidades vinculadas con el terrorismo. La medida, anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, profundiza las tensiones diplomáticas entre ambos países y fue rechazada categóricamente por Buenos Aires.
Teherán justificó su decisión en el principio de reciprocidad y en una legislación aprobada en 2019, que establece medidas contra los países que acompañen la clasificación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.
La declaración alcanza exclusivamente a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. El comunicado iraní no menciona al Ejército.
La Cancillería argentina respondió que la decisión carece de fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones militares legítimamente constituidas.
Irán invocó una ley de reciprocidad aprobada en 2019
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó la decisión argentina contra la Guardia Revolucionaria como un acto hostil y contrario, según su interpretación, a los principios fundamentales del derecho internacional.
La respuesta se fundamenta en una ley aprobada por el Parlamento iraní en 2019, después de que Estados Unidos declarara organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
La legislación permite aplicar medidas recíprocas contra países que respalden o reproduzcan aquella decisión estadounidense.
En su comunicado, la diplomacia iraní sostuvo que la Armada y la Fuerza Aérea argentinas quedan comprendidas dentro de las disposiciones de esa normativa.
También advirtió que el Gobierno argentino deberá asumir las consecuencias derivadas de la decisión.
Sin embargo, no especificó cuáles serían esas consecuencias ni anunció medidas operativas adicionales.
La designación constituye, por el momento, una decisión unilateral adoptada conforme a la legislación iraní. No implica que las fuerzas militares argentinas hayan recibido esa calificación por parte de organismos internacionales.
La decisión argentina que desencadenó la respuesta
El conflicto tiene su antecedente inmediato en el 31 de marzo de 2026, cuando el Gobierno de Javier Milei anunció la incorporación de la Guardia Revolucionaria Islámica al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La inscripción fue formalizada mediante una resolución conjunta publicada en el Boletín Oficial el 6 de abril.
El Gobierno argentino explicó entonces que su decisión se fundamentaba en investigaciones judiciales y antecedentes de actividades terroristas relacionadas con altos funcionarios iraníes.
La Guardia Revolucionaria constituye una de las principales estructuras militares y de seguridad de la República Islámica. Mantiene funciones de defensa, inteligencia y operaciones exteriores, además de una importante influencia económica y política.
Su designación en el registro argentino permite aplicar sanciones financieras y restricciones operativas dentro de la jurisdicción nacional.
La decisión también se inscribe en el alineamiento internacional del Gobierno de Milei con Estados Unidos e Israel.
Los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA
La relación entre Argentina e Irán permanece condicionada por dos atentados perpetrados en Buenos Aires durante la década de 1990.
El primero ocurrió el 17 de marzo de 1992, cuando un ataque con explosivos destruyó la Embajada de Israel y provocó 29 muertes.
El segundo tuvo lugar el 18 de julio de 1994, cuando un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejó 85 personas fallecidas y cientos de heridos.
La Justicia argentina atribuyó responsabilidades en ambos ataques a integrantes de la organización libanesa Hezbolá y a autoridades de la República Islámica de Irán.
En abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal concluyó que los atentados respondieron a decisiones políticas y estratégicas iraníes y fueron ejecutados por Hezbolá.
El fallo, informado oportunamente por Uypress, representó un pronunciamiento especialmente importante dentro de las investigaciones judiciales.
Irán ha rechazado las acusaciones de participación estatal y las controversias sobre las responsabilidades individuales continúan afectando las relaciones diplomáticas.
Argentina mantiene pedidos de cooperación judicial y reclamos relacionados con personas acusadas en esas causas.
Argentina rechazó la declaración iraní
La Cancillería argentina respondió este miércoles con un rechazo categórico a la designación de sus fuerzas militares.
El Gobierno sostuvo que la declaración iraní carece de fundamento y cuestionó que se equipare a instituciones regulares del Estado argentino con organizaciones involucradas en actos de terrorismo.
También reiteró sus reclamos para que Irán coopere con la Justicia argentina en las investigaciones sobre los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA.
La respuesta diplomática refleja la persistencia de posiciones profundamente enfrentadas.
Mientras Teherán considera que la inclusión de su Guardia Revolucionaria en el registro argentino constituye una medida hostil, Buenos Aires sostiene que esa decisión responde a antecedentes judiciales relacionados con ataques terroristas cometidos en su territorio.
Por ahora, las autoridades argentinas no anunciaron nuevas sanciones como consecuencia de la declaración iraní.
Una relación diplomática deteriorada
La nueva controversia se produce después de varios episodios de tensión durante 2026.
En enero, Argentina había declarado organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad especializada de la Guardia Revolucionaria iraní.
Posteriormente, la ampliación de esa designación al conjunto de la Guardia Revolucionaria provocó un fuerte rechazo de Teherán.
En abril, el Gobierno argentino declaró persona no grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y dispuso su salida del país.
La decisión deterioró aún más los canales de representación diplomática entre ambos Estados.
Las relaciones también están condicionadas por la posición argentina frente a los enfrentamientos militares registrados en Oriente Medio y por su respaldo político a Estados Unidos e Israel.
Irán, por su parte, ha cuestionado reiteradamente las decisiones de Washington y de sus aliados relacionadas con su estructura militar y sus políticas regionales.
¿Qué consecuencias puede tener la medida?
La declaración iraní plantea interrogantes sobre sus efectos concretos.
Aunque Teherán invocó una legislación nacional que contempla medidas de reciprocidad, todavía no detalló qué restricciones podrían aplicarse a las instituciones militares argentinas.
En principio, una designación de este tipo tiene efectos dentro del marco jurídico del Estado que la adopta.
No transforma automáticamente la condición jurídica de la Armada o la Fuerza Aérea argentinas ante terceros países ni equivale a una resolución de Naciones Unidas.
Sin embargo, puede profundizar las dificultades diplomáticas y afectar eventuales relaciones institucionales o actividades sujetas a la jurisdicción iraní.
También constituye una señal política en un escenario internacional donde las acusaciones de terrorismo se han convertido en instrumentos de confrontación entre Estados.
No existen, hasta el momento, elementos públicos suficientes para afirmar que la decisión implique una amenaza militar inmediata contra Argentina.
La advertencia iraní sobre posibles consecuencias deberá evaluarse a partir de las medidas que efectivamente adopte Teherán.
Una nueva escalada en un conflicto de larga duración
La decisión del Gobierno iraní agrega un nuevo capítulo a una relación bilateral marcada desde hace más de tres décadas por las investigaciones de los atentados terroristas en Buenos Aires.
El Gobierno de Milei sostiene que su política busca establecer responsabilidades y reforzar las medidas contra organizaciones vinculadas con el terrorismo internacional.
Teherán interpreta esa orientación como un alineamiento con las decisiones de Estados Unidos y responde mediante mecanismos previstos en su legislación nacional.
La controversia también expone los límites del principio de reciprocidad cuando es utilizado para designar como terroristas a instituciones militares de otros Estados.
La calificación unilateral no constituye, por sí misma, una determinación internacional sobre la naturaleza de esas instituciones.
Por ahora, el enfrentamiento permanece principalmente en el terreno político, jurídico y diplomático.
La evolución dependerá de las eventuales medidas adicionales de Irán y de la respuesta que adopte el Gobierno argentino.
El episodio confirma que, más de treinta años después de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, las controversias judiciales y las diferencias geopolíticas continúan condicionando profundamente las relaciones entre Buenos Aires y Teherán.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
