UY Press - Agencia uruguaya de noticias

10.07.2026

COLUMBUS (Uypress) – Un juez federal de Ohio ordenó al gobierno de Donald Trump reanudar el procesamiento de varias solicitudes migratorias que habían quedado paralizadas por políticas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), en una nueva derrota judicial para la estrategia migratoria de la Casa Blanca.

La orden fue dictada el 6 de julio por el juez Algenon L. Marbley, del Distrito Sur de Ohio, en una demanda presentada por 25 extranjeros que ya viven en Estados Unidos y que denunciaron que sus trámites quedaron congelados por políticas vinculadas a las restricciones de viaje impulsadas por Trump.

Los demandantes tienen pendientes solicitudes como el formulario I-485, utilizado para pedir residencia permanente; el I-765, de autorización de empleo; y el I-131, vinculado a documentos de viaje. Entre ellos hay una farmacéutica hospitalaria, una enfermera, un investigador en cáncer con financiamiento federal, graduados con ofertas laborales en ciencia e ingeniería, un profesor universitario y familias con hijos en Estados Unidos.

El tribunal sostuvo que USCIS trasladó restricciones presidenciales de entrada al país —pensadas para personas fuera de Estados Unidos— a la adjudicación de beneficios migratorios de extranjeros que ya residen dentro del país. Según la resolución, esas políticas ponían en pausa de forma indefinida solicitudes pendientes y trataban la nacionalidad de ciertos países como un factor negativo relevante.

Marbley concluyó que los demandantes tienen probabilidades de éxito en su reclamo de que el gobierno demoró ilegalmente la adjudicación de sus solicitudes bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. También consideró que las políticas de USCIS eran probablemente arbitrarias, caprichosas y emitidas sin autoridad suficiente.

El fallo no ordena conceder residencias ni permisos de trabajo. Lo que exige es que el gobierno procese las solicitudes pendientes conforme al marco legal existente, sin mantenerlas congeladas por una política general basada en nacionalidad o país de origen.

La medida alcanza, en principio, a los demandantes del caso. El juez ordenó a USCIS y al Departamento de Seguridad Nacional reanudar el procesamiento de los formularios I-485 e I-131 pendientes y resolver las solicitudes I-765 dentro de los plazos establecidos. También dispuso que una demandante que ya tenía aprobado su permiso de trabajo reciba el documento físico en un plazo de siete días.

El caso es políticamente sensible porque toca uno de los pilares del segundo gobierno de Trump: endurecer no solo la frontera y las deportaciones, sino también los mecanismos de inmigración legal. Reuters informó esta semana que los nuevos criterios de revisión, controles reforzados y mayores exigencias documentales vienen generando demoras, incertidumbre laboral y dificultades para empresas que dependen de trabajadores extranjeros calificados.

Para el gobierno, la revisión más estricta responde a razones de seguridad nacional, protección del empleo y control migratorio. Pero el tribunal rechazó que la invocación genérica de seguridad nacional deje a USCIS fuera del control judicial. En su orden, Marbley sostuvo que pueden existir preocupaciones legítimas, pero debe haber una conexión racional entre los hechos concretos y la decisión de paralizar un trámite individual.

La resolución se suma a otros reveses judiciales recientes contra restricciones migratorias de la administración Trump. En junio, funcionarios del gobierno aceptaron reanudar el procesamiento de solicitudes de asilo tras ser reprendidos por otro juez federal por no cumplir con una orden anterior.

El impacto práctico del fallo dependerá de cómo responda la administración y de si apela la decisión. Por ahora, representa un alivio para los demandantes, muchos de los cuales estaban en una situación de incertidumbre laboral, familiar y migratoria pese a haber iniciado trámites dentro de los canales legales.

La disputa también revela una tensión más amplia: hasta dónde puede un gobierno usar restricciones de ingreso al país para afectar procesos migratorios internos de personas que ya están en Estados Unidos y que, en muchos casos, cuentan con empleos, familias o autorizaciones previas.

Para las organizaciones migratorias, el fallo confirma que la administración no puede congelar trámites legales de manera indefinida sin explicación individualizada. Para la Casa Blanca, en cambio, supone otro límite judicial a una política que busca ampliar el margen de control ejecutivo sobre el sistema migratorio.