UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.06.2026

MADRID/LA HAYA (Uypress) – Solomy Balungi Bossa, jueza de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció que las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra magistrados del tribunal constituyen una “caza de brujas” y un ataque directo a la justicia internacional.

La magistrada ugandesa, integrante de uno de los tribunales más relevantes del sistema jurídico internacional, afirmó que no puede realizar transferencias bancarias, que sus tarjetas fueron bloqueadas y que también enfrenta restricciones en cuentas y aplicaciones digitales. El impacto, según explicó, alcanza su vida cotidiana, sus vínculos familiares y su capacidad de operar con normalidad desde La Haya.

Bossa fue sancionada por Estados Unidos por su participación en decisiones de la CPI vinculadas a investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos por personal estadounidense en Afganistán. Otras juezas fueron sancionadas por decisiones relacionadas con investigaciones sobre Israel y Palestina.

La jueza sostuvo que las sanciones no castigan una conducta personal indebida, sino el ejercicio mismo de la función judicial. Para Bossa, Washington busca enviar un mensaje intimidatorio a quienes trabajan en el tribunal: investigar a potencias o aliados de potencias puede tener consecuencias personales severas.

El caso volvió a cobrar actualidad en las últimas horas por dos hechos convergentes. Por un lado, Bossa brindó una entrevista en Madrid, donde participó en una actividad sobre los ataques al sistema de justicia internacional junto al jurista Baltasar Garzón y el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar. Por otro, tres juezas de la CPI, entre ellas Bossa, presentaron una demanda en una corte federal de Estados Unidos contra la administración Trump por considerar ilegales las sanciones.

La demanda sostiene que las medidas fueron diseñadas para castigar y coaccionar decisiones judiciales de la Corte Penal Internacional. También denuncia que el uso de sanciones financieras contra magistrados extranjeros constituye una amenaza a la independencia judicial y al funcionamiento de una institución creada para perseguir los crímenes más graves del derecho internacional.

Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la CPI y tampoco es parte del Estatuto de Roma. Israel, China y Rusia tampoco integran el tribunal. Sin embargo, la Corte tiene competencia sobre crímenes cometidos en territorios de Estados parte y sobre situaciones remitidas o aceptadas bajo mecanismos previstos en su marco jurídico.

La administración Trump justificó las sanciones bajo el argumento de proteger la soberanía de Estados Unidos y de Israel frente a lo que considera acciones ilegítimas de la CPI. Washington acusa al tribunal de exceder su autoridad al investigar o procesar a ciudadanos de países que no son parte del Estatuto de Roma.

La CPI rechaza esa interpretación y sostiene que las sanciones buscan debilitar su mandato. Para el tribunal, la presión contra jueces, fiscales y funcionarios afecta no solo a las personas sancionadas, sino también a las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio que recurren a la justicia internacional.

El caso de Bossa muestra el alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses. Aunque la jueza no vive en Estados Unidos, las restricciones impactan en bancos, plataformas tecnológicas, servicios digitales, transferencias y operaciones cotidianas que dependen directa o indirectamente del sistema financiero estadounidense.

Organizaciones de derechos humanos advirtieron que este tipo de medidas puede producir una forma de muerte civil: personas que no fueron condenadas por un tribunal quedan, de hecho, expulsadas de servicios bancarios y digitales esenciales.

La situación también plantea un problema para Europa. La CPI tiene sede en La Haya y cuenta con el respaldo de buena parte de los Estados europeos, pero bancos y empresas tecnológicas del continente pueden terminar aplicando sanciones estadounidenses por temor a represalias. Esa dependencia deja al descubierto los límites de la autonomía europea frente a decisiones de Washington.

Bossa subrayó además su condición de mujer africana y del Sur Global como parte de la dimensión política del ataque. Según la jueza, las potencias que deberían defender el orden internacional están, por el contrario, socavando los mecanismos creados para juzgar atrocidades cuando esas investigaciones alcanzan intereses propios o de sus aliados.

El debate excede a una jueza o a un caso judicial. La CPI ya enfrenta presiones por sus investigaciones sobre Afganistán, Ucrania, Palestina, Israel y otros escenarios de conflicto. Las sanciones estadounidenses agregan una capa de intimidación institucional que puede afectar la disposición de jueces y fiscales a avanzar en causas políticamente sensibles.

La ofensiva contra la Corte Penal Internacional ocurre en un momento en que el sistema multilateral atraviesa una crisis de legitimidad. Las guerras, las acusaciones de doble estándar y la falta de cumplimiento de decisiones internacionales alimentan la percepción de que la justicia global funciona con fuerza frente a países débiles, pero encuentra obstáculos cuando toca a las grandes potencias.

La denuncia de Bossa apunta justamente a ese núcleo. Si los jueces internacionales pueden ser castigados por ejercer su función, la promesa de una justicia universal pierde sustento. Y si los Estados poderosos pueden bloquear financieramente a magistrados incómodos, el mensaje para las víctimas es devastador.

La demanda presentada en Estados Unidos abrirá ahora una nueva batalla judicial. Las juezas buscarán demostrar que las sanciones exceden la autoridad presidencial y vulneran principios básicos de independencia judicial. La administración Trump, en cambio, defenderá su potestad de proteger la seguridad nacional y la soberanía estadounidense.

Mientras tanto, la vida cotidiana de Bossa sigue condicionada por las restricciones. Su caso se convirtió en símbolo de una disputa mayor: si el derecho internacional puede investigar a todos, o si seguirá detenido en la frontera de los intereses de las potencias.

La justicia internacional, como dijo la propia jueza, empezó a morder. Y esa mordida parece haber activado una reacción política destinada a disciplinarla.