INTERNACIONALES / ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
La Corte Suprema bloquea el plan de Trump para restringir el voto por correo
15.09.2026
WASHINGTON (Uypress) – La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de la administración de Donald Trump para aplicar nuevas restricciones al envío de boletas electorales por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El tribunal mantuvo vigente una orden de la jueza federal Indira Talwani que impide al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) utilizar un nuevo sistema para decidir qué boletas pueden ser distribuidas a los votantes.
La resolución fue adoptada por siete votos contra dos mediante una orden breve, sin firma y de apenas tres oraciones. La mayoría indicó que era “poco probable que la administración tenga éxito en cuanto al fondo de su impugnación”.
Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en disidencia. Brett Kavanaugh, también integrante del sector conservador del tribunal, consideró que el Servicio Postal podría disponer de determinadas facultades regulatorias, pero coincidió en que introducir el sistema a pocas semanas de los comicios provocaría alteraciones graves.
La decisión no resuelve definitivamente la legalidad del plan, que podrá continuar siendo discutida en los tribunales. Impide, sin embargo, que las restricciones sean aplicadas durante las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.
Qué pretendía cambiar el Gobierno
El plan se originó en una orden ejecutiva firmada por Trump el 31 de marzo, con la que buscó ampliar la intervención federal en los procedimientos electorales administrados por los estados.
Las reglas elaboradas posteriormente por el USPS obligaban a las autoridades estatales a presentar listas con los nombres y datos de las personas habilitadas para recibir boletas por correo.
Los estados también debían utilizar sobres con características uniformes, códigos de barras y elementos gráficos previamente aprobados por el Servicio Postal.
El USPS podía negarse a transportar las boletas destinadas a votantes que no aparecieran correctamente registrados en las listas cargadas en un nuevo portal federal. También podía rechazar los sobres que no cumplieran los requisitos técnicos establecidos.
La aplicación del procedimiento habría representado un cambio sustancial en la función tradicional del Servicio Postal. En lugar de limitarse a distribuir la correspondencia electoral entregada por los estados, el organismo habría adquirido capacidad para verificar información de los votantes y retener determinadas boletas antes de que llegaran a sus destinatarios.
Advertencias sobre millones de boletas
Más de veinte estados, organizaciones defensoras del derecho al voto y funcionarios electorales impugnaron el plan ante la Justicia.
Los demandantes sostuvieron que la Constitución reserva a los estados la administración de las elecciones y que el Poder Ejecutivo no puede utilizar al Servicio Postal para establecer unilateralmente nuevas condiciones de acceso al voto.
También advirtieron que el portal federal todavía no había sido probado adecuadamente y que las diferencias entre las bases de datos podían dejar afuera a ciudadanos legalmente habilitados.
Errores ortográficos, cambios de domicilio, nombres compuestos, registros incompletos o demoras en la actualización de la información podían impedir que una persona recibiera su boleta.
Funcionarios electorales, incluidos algunos pertenecientes al Partido Republicano, señalaron que modificar los sobres, actualizar los sistemas informáticos y transmitir grandes volúmenes de datos resultaba materialmente imposible a pocas semanas de la elección.
Varios estados ya habían comenzado a imprimir o enviar las boletas cuando el Gobierno intentó aplicar las nuevas reglas.
Cerca de un tercio de los votos emitidos en las elecciones presidenciales de 2024 fueron enviados por correo. En ocho estados, esta modalidad constituye el sistema principal de votación, por lo que cualquier interrupción habría afectado a millones de electores.
Dos jueces federales frenaron el procedimiento
La jueza Talwani, del Tribunal Federal de Massachusetts, concedió una medida cautelar solicitada por los estados y las organizaciones civiles.
La magistrada consideró que las reglas podían vulnerar las competencias constitucionales de los estados, provocar la privación del derecho al voto y generar daños imposibles de reparar una vez celebrada la elección.
La administración Trump apeló y pidió a la Corte Suprema que levantara urgentemente el bloqueo para permitir la entrada en vigor del sistema.
Mientras el máximo tribunal analizaba esa solicitud, el juez federal Carl Nichols, designado por Trump, dictó una segunda orden contra las disposiciones.
Nichols sostuvo que el Servicio Postal no cuenta con autoridad para exigir que los estados registren a sus votantes en un portal federal ni para rechazar correspondencia electoral por incumplimientos relacionados con esa información.
La existencia de dos decisiones judiciales independientes reforzó la incertidumbre sobre la viabilidad del plan antes de los comicios.
La Corte había permitido avanzar en agosto
La resolución representa un cambio respecto de otra decisión adoptada por la Corte Suprema el 24 de agosto.
En aquella oportunidad, el tribunal permitió que la administración avanzara con partes de la orden ejecutiva destinadas a reforzar los controles sobre las elecciones, incluida la elaboración de bases federales para verificar la ciudadanía de los votantes.
Esa decisión no autorizaba automáticamente al USPS a rechazar boletas. La regulación postal definitiva debía enfrentar un litigio separado una vez que sus requisitos concretos fueran establecidos.
Cuando el Servicio Postal publicó las reglas y quedó en evidencia su posible impacto operativo, los estados presentaron nuevas impugnaciones y obtuvieron la medida cautelar que ahora la Corte Suprema decidió mantener.
Por eso, ambas resoluciones no son necesariamente contradictorias. La primera permitió continuar determinadas tareas administrativas generales; la segunda impidió aplicar un mecanismo concreto de retención de boletas durante una elección que ya está en marcha.
Trump insiste en cuestionar el voto postal
Trump mantiene desde las elecciones de 2020 una campaña contra el voto por correo y afirma que esta modalidad facilita el fraude electoral.
Los estudios, auditorías y procesos judiciales desarrollados durante los últimos años no encontraron pruebas de un fraude generalizado capaz de modificar los resultados nacionales.
La administración defendió las nuevas exigencias como una herramienta para verificar que las boletas fueran enviadas únicamente a ciudadanos habilitados y para establecer procedimientos uniformes en todo el país.
Los estados demandantes respondieron que la medida trasladaba al Servicio Postal funciones electorales que no le corresponden y creaba un riesgo de exclusión mucho mayor que los problemas que pretendía solucionar.
La cercanía de las elecciones también resultó determinante. Los tribunales estadounidenses han evitado tradicionalmente autorizar modificaciones importantes cuando el proceso electoral ya comenzó, debido al riesgo de confusión entre votantes y autoridades.
El alcance de la resolución
Con el bloqueo confirmado, los 50 estados podrán continuar utilizando durante noviembre sus procedimientos habituales para imprimir, enviar y recibir las boletas electorales por correo.
El USPS deberá transportar la correspondencia sin exigir que los destinatarios aparezcan en el nuevo portal federal y sin rechazar sobres por incumplimientos vinculados con las reglas suspendidas.
La resolución constituye una derrota relevante para Trump en la denominada agenda de emergencia de la Corte Suprema, mecanismo mediante el cual el Gobierno solicita decisiones rápidas sin atravesar todas las instancias ordinarias de un juicio.
También ofrece previsibilidad a las autoridades electorales cuando faltan pocas semanas para unos comicios que renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y una parte del Senado.
El litigio continuará después de las elecciones. La contundencia de la frase empleada por la mayoría —que considera improbable que la administración pueda ganar sobre el fondo del asunto— anticipa, sin embargo, serias dificultades para que el Gobierno consiga restablecer posteriormente el plan en su forma actual.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
