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07.05.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – La Corte Suprema argentina rechazó el pedido del Gobierno para intervenir de forma directa en la disputa por la reforma laboral impulsada por Javier Milei. La decisión no declara inconstitucional la ley, pero bloquea la estrategia oficial para acelerar su validación judicial y reabre la tensión política alrededor de una de las reformas más sensibles del gobierno.

El máximo tribunal declaró “inadmisible” el recurso extraordinario por salto de instancia —per saltum— presentado por la Procuración del Tesoro. El Gobierno pretendía que la Corte resolviera de manera inmediata la validez de la reforma laboral, evitando que el expediente siguiera recorriendo tribunales inferiores.

Con el fallo, la causa vuelve a las instancias judiciales ordinarias y el conflicto seguirá desarrollándose entre el fuero laboral y el contencioso administrativo federal, en medio de una fuerte disputa de competencia y una creciente tensión institucional.

La reforma laboral aprobada este año por el Congreso constituye una de las apuestas estructurales centrales del gobierno de Milei. La denominada Ley de Modernización Laboral modifica más de 200 artículos del régimen vigente desde la década de 1970 y flexibiliza contratación, despidos, jornada laboral, negociación colectiva y funcionamiento sindical.

Entre los cambios más discutidos aparecen la extensión potencial de la jornada hasta 12 horas diarias, la reducción de costos indemnizatorios, nuevas modalidades contractuales, flexibilización de horas extras, limitaciones al derecho de huelga en servicios esenciales y modificaciones al sistema de representación sindical.

El oficialismo sostiene que la reforma busca modernizar un mercado laboral “rígido” y generar empleo formal en una economía marcada por estancamiento, informalidad y baja productividad. El Gobierno argumenta que sin cambios estructurales Argentina seguirá atrapada en altos niveles de precarización y empleo informal.

La CGT y sectores sindicales respondieron llevando la ley a la Justicia. La central obrera sostiene que varios artículos vulneran garantías constitucionales, derechos adquiridos, libertad sindical y principios de progresividad laboral reconocidos por la Constitución y convenios internacionales de la OIT.

A fines de marzo, el juez laboral Raúl Ojeda aceptó parcialmente esos planteos y suspendió de forma cautelar más de 80 artículos de la reforma. El fallo representó el primer gran revés judicial para el proyecto de Milei y abrió una batalla jurídica que desde entonces escala entre distintos fueros y tribunales.

El Gobierno reaccionó cuestionando la competencia del fuero laboral y presentó un per saltum para que la Corte Suprema interviniera directamente. La Casa Rosada argumentó que la suspensión afectaba una ley votada por el Congreso y generaba inseguridad jurídica sobre inversiones y relaciones laborales.

Pero la Corte evitó asumir el caso en forma inmediata. Con su rechazo, el máximo tribunal no se pronuncia todavía sobre el fondo de la reforma, pero sí marca un límite institucional: el expediente deberá continuar su recorrido ordinario antes de llegar eventualmente a la instancia suprema.

La decisión deja al Gobierno en una situación incómoda. La reforma sigue formalmente vigente en gran parte de su articulado, pero la suspensión cautelar sobre artículos clave y las marchas y contramarchas judiciales generan incertidumbre en empresas, sindicatos y trabajadores.

El conflicto también revela una disputa más amplia sobre el equilibrio de poderes en Argentina. Milei impulsa una agenda de reformas aceleradas bajo una lógica de confrontación con sindicatos, oposición y parte del Poder Judicial. La Justicia, por su parte, aparece cada vez más como un actor central en la viabilidad o bloqueo de las transformaciones estructurales del gobierno.

El debate excede lo estrictamente laboral. Lo que está en discusión es hasta dónde puede avanzar una reforma estructural sin consenso político amplio y cuál es el rol de los tribunales frente a cambios que afectan derechos sociales históricos.

Sectores empresariales apoyan la reforma y reclaman definiciones rápidas para reducir incertidumbre jurídica. Consideran que la legislación laboral argentina desincentiva contratación formal y multiplica litigiosidad. Los sindicatos sostienen exactamente lo contrario: que la reforma precariza empleo, debilita negociación colectiva y reduce protección de trabajadores.

La situación deja además un mensaje político hacia adelante. Milei logró aprobar la reforma en el Congreso, pero eso no garantiza automáticamente estabilidad normativa. En Argentina, las grandes reformas económicas suelen continuar disputándose en tribunales, sindicatos, provincias y calles incluso después de sancionadas.

La Corte eligió por ahora una posición de prudencia institucional. Evitó convalidar de inmediato la estrategia oficial y también evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo. Pero el efecto político es claro: el Gobierno no consiguió el aval rápido que buscaba y la batalla judicial seguirá abierta.

El episodio muestra además las dificultades que enfrentan las reformas estructurales en América Latina. No basta con ganar elecciones o aprobar leyes; también hay que atravesar controles judiciales, resistencias corporativas y disputas institucionales que pueden modificar, ralentizar o incluso bloquear parte de los cambios.

La reforma laboral de Milei se convirtió así en mucho más que una discusión sobre contratación o despidos. Hoy funciona como un símbolo del modelo económico del gobierno y de la capacidad del sistema político y judicial argentino para aceptar —o limitar— transformaciones profundas en derechos laborales y reglas económicas históricas.