UY Press - Agencia uruguaya de noticias

26.04.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – Una investigación judicial en Argentina apunta a un presunto esquema de importaciones ficticias armado para acceder a dólares oficiales durante el cepo cambiario y luego revenderlos en el circuito informal. Según la reconstrucción publicada este sábado por iProfesional, la maniobra bajo la lupa habría movido operaciones por unos US$ 3.000 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y se investiga además un posible lavado por $819.000 millones.

El expediente, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se aceleró a fines de 2025 con allanamientos a funcionarios del Banco Central y con el secuestro de documentación vinculada con autorizaciones para acceder a dólares oficiales durante la etapa final del gobierno de Alberto Fernández. La hipótesis es que se simulaban operaciones de importación a través del sistema SIRA para comprar divisas al tipo de cambio oficial y luego volcarlas al mercado blue, aprovechando una brecha que en 2023 llegó a rozar el 200%.

La nota de iProfesional menciona entre los investigados a exfuncionarios de alto rango como el exsecretario de Comercio Matías Tombolini, el expresidente del BCRA Miguel Pesce, el extitular de la AFIP Carlos Castagneto y el exdirector general de Aduanas Guillermo Michel, además de técnicos de carrera del Central. También aparecen bajo análisis casas de cambio y financieras como Mega Latina, Gallo Cambios, Arg Exchange y Concordia Inversiones, dentro de una red que habría buscado perder la trazabilidad del dinero.

El trasfondo económico ayuda a entender la magnitud del negocio. El sistema SIRA había sido creado en octubre de 2022 para administrar y controlar importaciones, en reemplazo del régimen SIMI, en un contexto de fuerte escasez de reservas y múltiples tipos de cambio. Ya en 2023 el Departamento de Comercio de Estados Unidos describía al SIRA como un esquema burocrático y opaco que obligaba a los importadores a obtener aprobación previa para casi toda operación. Más tarde, en octubre de 2024, Reuters informó que el gobierno de Javier Milei decidió desmontar parte de ese andamiaje con el argumento de reducir trabas y discrecionalidad sobre el comercio exterior.

Lo que se investiga ahora es si ese sistema no solo funcionó como mecanismo de administración del cepo, sino también como plataforma para negocios ilícitos. iProfesional sostiene que algunos operadores conseguían autorizaciones para importaciones que no se concretaban, y que incluso miles de monotributistas habrían accedido a dólares oficiales por montos que en ciertos casos llegaban a US$ 2 millones mensuales. La Justicia intenta determinar si hubo además pagos ilegales de entre 10% y 15% para destrabar operaciones, un mecanismo que el medio compara con una lógica de coimas sistemáticas.

Por ahora, el caso sigue en etapa de investigación y no hay condenas firmes sobre el tramo principal de la maniobra cambiaria. Pero la causa ya expone una grieta política y judicial más profunda: la posibilidad de que uno de los instrumentos centrales del control de importaciones durante el cepo haya sido usado no solo para administrar escasez, sino también para alimentar una estructura paralela de arbitraje, sobornos y fuga hacia el mercado informal.