UY Press - Agencia uruguaya de noticias

03.07.2026

BRUSELAS (Uypress) – El Parlamento Europeo aprobó una reforma clave del sistema migratorio de la Unión Europea que endurece los mecanismos de retorno de personas migrantes sin derecho de permanencia en el bloque y habilita la posibilidad de crear centros de retorno en terceros países.

La medida fue aprobada por el pleno de la Eurocámara con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, según informó el propio Parlamento Europeo. El texto forma parte del nuevo Reglamento de Retornos, una pieza central del rediseño migratorio comunitario.

La reforma introduce nuevas obligaciones para los ciudadanos de terceros países que hayan recibido una orden de retorno. Entre ellas, deberán cooperar con las autoridades migratorias y abandonar el territorio de la Unión Europea. El objetivo declarado por las instituciones europeas es acelerar los procedimientos y aumentar la efectividad de las expulsiones.

Uno de los puntos más controvertidos es la posibilidad de establecer “return hubs” o centros de retorno fuera del territorio de la UE. Según el Consejo Europeo, estos centros podrían funcionar en países terceros como destino final o como espacios de transferencia para facilitar el posterior regreso al país de origen u otro Estado.

La normativa también habilita la detención de personas migrantes para evitar fugas durante el proceso de retorno. El Parlamento Europeo señaló que la reforma permite detenciones de hasta 24 meses y, en determinadas circunstancias, incluso por un plazo mayor.

La aprobación consolidó un giro más duro en la política migratoria europea. Medios internacionales señalaron que la votación reflejó una mayoría construida con el respaldo del centroderecha y sectores de extrema derecha, en un contexto de creciente presión política sobre los gobiernos europeos por el control de fronteras y las expulsiones.

Para sus defensores, el nuevo reglamento busca corregir una debilidad estructural del sistema europeo: la baja tasa de retorno efectivo de personas cuya solicitud de asilo fue rechazada o que no tienen permiso legal para permanecer en el bloque. La Comisión Europea y varios gobiernos sostienen que sin retornos más eficaces no puede existir una política migratoria creíble.

Las críticas, sin embargo, son fuertes. Organizaciones de derechos humanos advierten que los centros fuera de la UE pueden convertirse en espacios con menor control judicial, menos transparencia y mayores riesgos de detención arbitraria, maltrato o devolución de personas a países donde podrían sufrir persecución.

Human Rights Watch sostuvo que la Unión Europea avanza hacia una política de externalización de las deportaciones que puede aumentar las detenciones, facilitar expulsiones forzadas y debilitar las garantías contra el principio de no devolución, conocido como non-refoulement.

Reuters también recogió las advertencias del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien cuestionó la deshumanización de migrantes y refugiados y alertó que las nuevas reglas europeas pueden expandir el uso de la detención y debilitar salvaguardas fundamentales.

El texto aprobado prevé además un mayor reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre Estados miembros. Esto significa que una orden emitida por un país podría ser utilizada por otros, con el objetivo de evitar que las personas afectadas se trasladen dentro del bloque para eludir la expulsión.

La reforma se inscribe en una tendencia más amplia de endurecimiento migratorio en Europa, impulsada tras años de tensiones políticas derivadas de la llegada de refugiados, el ascenso de partidos de extrema derecha y las dificultades de los gobiernos para conciliar control fronterizo, derechos humanos y obligaciones internacionales.

España se ubicó entre los países más críticos de la norma. Según informó El País, el gobierno español expresó dudas jurídicas, operativas y de derechos fundamentales sobre los centros de retorno en terceros países, así como sobre la proporcionalidad de algunas medidas previstas en el reglamento.

El nuevo esquema aún requiere completar pasos formales de aprobación y revisión jurídico-lingüística antes de su entrada en vigor plena. Una vez vigente, al tratarse de un reglamento europeo, será de aplicación directa en los Estados miembros.

La discusión de fondo, sin embargo, ya está instalada: la Unión Europea busca reforzar su capacidad de expulsión y disuasión migratoria, mientras organizaciones humanitarias y sectores políticos de izquierda advierten que el bloque corre el riesgo de trasladar fuera de sus fronteras responsabilidades legales y morales que siguen siendo propias.