UY Press - Agencia uruguaya de noticias

20.06.2026

BOGOTÁ (Uypress) – La segunda vuelta presidencial en Colombia entra en su tramo final con una campaña marcada por dos narrativas de alto voltaje político: Iván Cepeda como supuesto “heredero de la guerrilla” y Abelardo de la Espriella como “abogado de la mafia” o figura cercana al mundo paramilitar. Más que las propuestas de gobierno, buena parte del debate público quedó capturado por acusaciones sobre el pasado, la guerra interna y las viejas heridas del conflicto armado.

En el caso de Cepeda, candidato del Pacto Histórico y heredero político del campo progresista que llevó a Gustavo Petro al poder, el señalamiento proviene sobre todo de sectores de derecha, dirigentes opositores, activistas digitales y figuras cercanas a la campaña de De la Espriella. La idea que buscan instalar es que su trayectoria política estaría vinculada, directa o indirectamente, con las antiguas FARC o con el ELN.

La acusación se apoya en tres elementos: la historia familiar del candidato, el pasado político de sus padres, su papel en los procesos de paz y las menciones a su nombre en los computadores incautados a Raúl Reyes, jefe de las FARC muerto en 2008 durante la Operación Fénix.

Ese último punto volvió a circular con fuerza en redes sociales y medios colombianos. En los archivos atribuidos a Reyes aparecieron comunicaciones en las que se mencionaba a Cepeda en el contexto de movilizaciones sociales. Sus adversarios políticos presentan esas referencias como indicios de cercanía con la guerrilla. Cepeda, en cambio, siempre negó cualquier vínculo orgánico con las FARC y sostuvo que se trató de una interpretación política utilizada para estigmatizar su trabajo como defensor de derechos humanos.

El caso tiene un matiz clave: Interpol verificó en su momento que los archivos no habían sido manipulados después de su incautación, pero la justicia colombiana declaró ilegales esas pruebas por la forma en que fueron obtenidas y por los problemas vinculados a la cadena de custodia. En términos judiciales, esas menciones no derivaron en una condena ni en una acusación penal firme contra Cepeda.

Otro elemento utilizado por sus críticos son las fotografías de Cepeda con antiguos jefes de las FARC durante los procesos de paz. Pero esas imágenes fueron tomadas en el marco de escenarios institucionales de negociación, en los que participaron legisladores, delegados del Estado, representantes de víctimas y actores internacionales. Cepeda ha defendido reiteradamente su papel en esos procesos y ha señalado que buscar la paz no constituye un delito.

Su trayectoria pública está atravesada por esa agenda. Desde joven se vinculó a organizaciones de derechos humanos y luego llegó al Congreso, donde concentró buena parte de su actividad en la defensa de las víctimas, la memoria histórica, las denuncias contra el paramilitarismo y el respaldo al Acuerdo de Paz de 2016. Para sus partidarios, esa historia lo convierte en una figura coherente con la búsqueda de una salida política al conflicto. Para sus adversarios, en cambio, es el punto que permite intentar asociarlo con la insurgencia.

También pesa su historia familiar. Iván Cepeda es hijo de Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica y dirigente comunista asesinado en 1994, en uno de los episodios más emblemáticos de violencia política contra ese movimiento. Su madre, Yira Castro, también fue una figura relevante de la izquierda colombiana. Ambos militaron en espacios legales, civiles e institucionales, aunque vinculados a una tradición de izquierda que sus opositores intentan presentar como continuidad de la insurgencia armada.

La campaña de De la Espriella ha explotado ese flanco en un contexto de fuerte polarización. El abogado, ubicado en la derecha dura, llega al balotaje con un discurso de mano firme contra el crimen, rechazo a la política de paz total de Petro y promesas de endurecimiento del aparato de seguridad. Cepeda, por su parte, propone revisar la política de paz, corregir sus errores e implementar plenamente el acuerdo de 2016.

El cruce no es menor. Colombia vota después de años de deterioro en la seguridad, expansión de grupos armados, aumento de extorsiones y frustración social con los resultados de las negociaciones del gobierno Petro. En ese marco, hablar de paz puede ser visto por una parte del electorado como continuidad institucional, y por otra como debilidad frente al crimen organizado.

Por eso, la etiqueta de “heredero de la guerrilla” funciona más como arma electoral que como categoría judicial. Busca asociar a Cepeda con el miedo a las FARC, con el rechazo a Petro y con la percepción de que la izquierda ha sido condescendiente con los grupos armados. Pero, hasta ahora, no existe una decisión judicial que pruebe que el candidato del Pacto Histórico haya pertenecido a una organización guerrillera o haya actuado como parte de ella.

La recta final del balotaje colombiano queda así atrapada entre memoria, miedo y polarización. Cepeda intenta presentarse como defensor de la paz y las víctimas. De la Espriella busca capitalizar el cansancio con la inseguridad y el rechazo al petrismo. En el medio, las narrativas de campaña vuelven a mostrar que el conflicto armado colombiano no solo pertenece al pasado: sigue siendo una herramienta central de disputa política.