UY Press - Agencia uruguaya de noticias

30.09.2025

WASHINGTON (Infobae) – Chuck Schumer denuncia “grandes diferencias” sobre recortes sanitarios mientras el vicepresidente Vance culpa a los demócratas del inminente bloqueo

La reunión entre los líderes demócratas del Congreso y el presidente estadounidense, Donald Trump finalizó este lunes sin que se alcanzara un entendimiento para tratar de evitar el cierre del Gobierno federal que se activaría a partir de este miércoles.

"Tenemos grandes diferencias en materia de salud y en su capacidad para revertir cualquier presupuesto que acordemos mediante rescisiones y embargos", declaró a la prensa el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, al salir de la Oficina Oval de la Casa Blanca tras su reunión con el mandatario.

De acuerdo con los demócratas que asistieron a la reunión, se hizo ver a Trump "las consecuencias de lo que sucede en la atención médica al buscar recortes de seguros de salud".

"Por su rostro, parecía que era la primera vez que escuchaba sobre este problema", dijo Schumer a la prensa sobre la reacción del presidente durante el encuentro, en el que también estuvo el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, así como los líderes republicanos en la Cámara Alta y Baja, John Thune y Mike Johnson.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, dijo a medios al salir de la reunión: "Creo que nos encaminamos hacia un cierre porque los demócratas no harán lo correcto".

En menos de dos días las expira el plazo para lograr un acuerdo de financiamiento para el Gobierno, y ambas partes insisten en señalar al opositor como responsable por no ceder.

Los demócratas exigen que se prorroguen los subsidios de la ley para el cuidado asequible de la salud (Obamacare) que expiran a final de año, así como la reversión de los recortes al programa Medicaid que resultaron de la gran ley de recortes presupuestarios y fiscales aprobada en julio pasado.

Sin embargo, los republicanos en el Congreso han dicho que aceptarán negociar ambos apartados solo si los demócratas dan su apoyo a un presupuesto provisional en una votación que tendría lugar mañana en el Senado y que mantendría el Gobierno operativo hasta noviembre.

Los republicanos presentaron el pasado 19 de septiembre ese presupuesto provisional en el Senado para su ratificación, pero este resultó rechazado porque su mayoría en la Cámara es insuficiente y requiere de al menos siete votos demócratas para la aprobación del proyecto de ley.

Al riesgo de una paralización del Gobierno federal se añade la posibilidad de despidos masivos de funcionarios públicos, según un memorando de la Oficina de Gestión y Presupuesto, que ha ordenado a las agencias que identifiquen programas clasificados como no esenciales para continuar su misión y reducir el personal federal.

Si el Congreso no toma medidas, miles de trabajadores del Gobierno federal podrían ser suspendidos, desde la NASA hasta los parques nacionales, y una amplia gama de servicios se verían interrumpidos.

Los tribunales federales podrían tener que cerrar y las subvenciones a las pequeñas empresas podrían retrasarse.

Los enfrentamientos presupuestarios se han convertido en algo relativamente rutinario en Washington en los últimos 15 años y a menudo se resuelven en el último minuto. Sin embargo, la voluntad de Trump de anular o ignorar las leyes de gasto aprobadas por el Congreso ha inyectado una nueva dimensión de incertidumbre.

Los demócratas han presentado un plan que prorrogaría la financiación actual entre siete y diez días, según fuentes del partido, lo que podría dar tiempo a alcanzar un acuerdo más duradero. Se trata de un plazo más corto que el respaldado por los republicanos, que ampliaría la financiación hasta el 21 de noviembre.

El líder republicano en el Senado, John Thune, trató de presionar a los demócratas programando una votación el martes sobre el proyecto republicano, que ya fracasó una vez en el Senado.

Ha habido 14 cierres parciales del Gobierno desde 1981, la mayoría de los cuales duraron solo unos días. El más reciente fue también el más largo, 35 días en 2018 y 2019 debido a una disputa sobre inmigración durante el primer mandato de Trump.

Con información de EFE y Reuters

Cierre de gobierno en Estados Unidos: cuándo ocurre y qué servicios se ven afectados

Por Rossana Marín

Estados Unidos se prepara para un posible cierre del gobierno federal a partir del 1 de octubre de 2025, en medio de desacuerdos persistentes entre miembros del Congreso sobre la aprobación de fondos. La falta de consenso antes del inicio del nuevo año fiscal podría dejar a miles de empleados públicos sin remuneración y limitar funciones esenciales en el país.

El proceso presupuestario en Estados Unidos requiere que el Congreso apruebe anualmente una serie de doce leyes de asignaciones, piezas clave para mantener la operatividad de las diferentes agencias federales.

De acuerdo con Reuters, los legisladores suelen recurrir a un solo paquete legislativo conocido como "proyecto omnibus" para acelerar la aprobación, especialmente cuando se aproxima la fecha límite. Este año, ninguna de las doce leyes ha sido promulgada antes del plazo legal, lo cual amenaza con detener parcial o totalmente la maquinaria estatal.

En la actualidad, los partidos se muestran inflexibles en sus propuestas de solución. Mientras los republicanos han propuesto extender la financiación hasta el 21 de noviembre para ganar tiempo en la negociación, los demócratas sugieren mantener el Estado operativo solo durante octubre, junto a disposiciones sanitarias y limitaciones a la capacidad del presidente Donald Trump para retener fondos, algo que los republicanos consideran inaceptable.

Según información recogida por The Associated Press, el estancamiento de las partes ha incrementado el riesgo de un cierre a partir del miércoles 1 de octubre, mientras se aguarda una reunión clave entre líderes del Congreso y el presidente en la Casa Blanca.

Cuándo se da un cierre del gobierno

Un cierre del gobierno ocurre cuando una o varias agencias federales no reciben autorización presupuestaria y deben suspender sus operaciones. La ley conocida como Ley contra el déficit (Antideficiency Act) obliga a las dependencias afectadas a paralizar funciones no esenciales, impidiendo que el Departamento del Tesoro desembolse recursos que no hayan sido aprobados legalmente.

"El Tesoro no puede pagar dinero si no hay una ley que disponga quién recibe ese dinero", explicó Matt Glassman, investigador del Government Affairs Institute de la Universidad de Georgetown, citado por CBS News.

Según el Antideficiency Act, existen tres excepciones que permiten la continuidad parcial de las actividades. Se garantizan los servicios que protegen vidas y propiedades, así como los vinculados al proceso constitucional: el presidente, su gabinete y miembros del Congreso siguen en funciones.

Han sido catalogados como trabajadores esenciales los miembros en servicio activo de las fuerzas armadas, empleados de hospitales federales, personal de control de tráfico aéreo y empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), entre otros. Cada agencia define internamente a qué empleados mantiene operando.

El gobierno recomendó a las agencias, mediante un memorando de la Oficina de Presupuesto y Gestión, considerar despidos definitivos en programas que dependan de fondos discrecionales agotados a partir del 1 de octubre o que carezcan de fuentes alternativas de financiamiento.

Qué pasa durante un cierre gubernamental

Durante un cierre gubernamental, los empleados indispensables permanecen en sus puestos sin percibir salario hasta la restitución de fondos, mientras que las posiciones no esenciales suelen ser suspendidas. No obstante, estos trabajadores tienen garantizado el pago retroactivo una vez que finaliza el paro, como establece una ley de 2019.

Las secuelas económicas resultan notables: un reporte del Senado estimó que entre 2013 y 2019 la suma desembolsada en salarios retroactivos y costos asociados fue de unos 4.000 millones de dólares, de los cuales 3.700 millones correspondieron a pagos para empleados forzados a dejar de trabajar.

De acuerdo con The Associated Press, algunos servicios continúan operando durante un cierre, como los pagos de Seguridad Social, Medicare y Medicaid, ya que se financian mediante asignaciones permanentes.

Sin embargo, el personal administrativo de estas agencias podría verse afectado, lo que provocaría demoras en la atención al público. Matt Glassman advirtió que "cualquier interacción de atención al público con el gobierno federal podría verse afectada".

El cierre también impacta sobre otras áreas. El servicio postal opera con normalidad al ser autofinanciado, pero la gestión de parques nacionales ha mostrado problemas durante cierres previos, como vandalismo y reducción en servicios a visitantes en 2018-2019. El cierre más largo, registrado entre diciembre de 2018 y enero de 2019, se extendió durante 34 días y afectó a nueve departamentos ejecutivos y cerca de 800.000 empleados.

Resulta habitual que, para evitar cierres, el Congreso de Estados Unidos apruebe resoluciones continuas que extienden temporalmente el presupuesto al nivel vigente, concediendo más tiempo a negociaciones sobre nuevas partidas. Sin embargo, este mecanismo enfrenta trabas políticas cuando las medidas contienen condiciones que alguna de las partes no acepta.

"Lo cierto es que la mayoría de las personas no notará grandes diferencias si el cierre dura poco", explicó Maya MacGuineas, presidenta del Committee for a Responsible Federal Budget, en diálogo con Reuters. "Quienes programaron vacaciones en parques nacionales sí lo lamentarán, pero la vida cotidiana para muchos usuarios del gobierno se mantendrá sin alteraciones evidentes. Esto puede cambiar si la suspensión se prolonga", matizó.

El récord previo de cierre se remonta a los años 1995 y 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, cuyo enfrentamiento con el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, paralizó el Estado durante 21 días.

Imagen: Infobae/ (REUTERS/Erin Scott)