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06.06.2025

OTHER NEWS (Por Eduardo J. Vior* – Tektónicos) – La presidenta Claudia Sheinbaum profundiza el liberalismo social que conformó su país desde 1917, pero la brecha entre la elite ilustrada y la mayoría hispanoindígena sigue intacta

Coincidiendo con la llegada del nuevo embajador norteamericano a México y prologando la próxima visita del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, la magra participación en las primeras elecciones directas para escoger a la mitad del poder judicial el pasado 1° de junio y el asesinato el pasado 20 de mayo de dos de los más estrechos colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México pusieron un cono de sombra sobre el idilio que el gobierno de la 4ª Transformación (4T) está viviendo con la mayoría de la población. Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) confía en la legitimidad que le da la omnipresencia del Estado para imprimir definitivamente a México el sello del liberalismo social. Sin embargo, el abismo que separa a la minoría intelectual, política y empresarial del 70% del pueblo hispanoindígena y católico no se salva con medidas racionales. Hace falta un corazón que la elite no tiene.

Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Clara Brugada, y José Muñoz Vega, asesor de seguridad de ésta, fueron asesinados el martes 20 por la mañana en la calzada de Tlalpán, en Colonia Juárez. Cuatro sicarios les dispararon a quemarropa y huyeron a contramano en sus motos.

El hecho tuvo inmediatamente una honda repercusión internacional. Un día antes el nuevo embajador norteamericano, Ronald Johnson, había presentado sus cartas credenciales a la presidenta Claudia Sheinbaum. El embajador viene de servir en El Salvador, donde apoyó la dura política anticriminal de Nayib Bukele. Apenas en el cargo, debe apresurarse a organizar la llegada de su jefe, el secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Marco Rubio, quien anunció que viajará a México en las próximas semanas para fortalecer la colaboración bilateral en temas de seguridad y comercio. En la ocasión no se privó de manifestar ante la prensa que el asesinato de los dos funcionarios capitalinos demuestra que en algunas regiones de México "gobierna el crimen organizado" y "la violencia política es real". Estas declaraciones le valieron una fuerte reprimenda de la presidenta Sheinbaum en su "Mañanera del Pueblo" (sus conferencias de prensa matutinas) del jueves 22.

El secretario de origen cubano intercambió en pocos meses convicciones por poder: dejó de apoyar a Ucrania, para impulsar la iniciativa de paz de Donald Trump. También en la tercera semana de mayo extendió a Chevron la licencia para seguir operando con el petróleo venezolano. Este pragmatismo se extiende a su relación con México: promete ser un aliado para sostener el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y pide, a cambio, un esfuerzo del Estado mexicano para reducir la presencia de los cárteles de la droga y atacar los nexos de dirigentes políticos con el crimen organizado.

Rubio coincide con el presidente en que EE.UU. puede ganar la guerra contra el narcotráfico, pero no tanto en que para ello sea necesario intervenir militarmente en el país vecino. El secretario prefiere la cooperación y en su entorno señalan el ingreso permanente de agentes y militares estadounidenses a México para diversas tareas conjuntas con la Secretaría de la Defensa y con aval del Senado de la República. Claro que la violencia persistente en México da impulso a quienes, como Michael Anton (director de Planificación de Política del Departamento de Estado y principal ideólogo de la política exterior de Trump) abogan por una intervención militar unilateral.

Estas discusiones en el gobierno norteamericano, a su vez, influyen sobre el curso de su par mexicano, en el que los sectores más "civilistas" de la época de AMLO han cedido gran parte de sus posiciones a la Secretaría de la Defensa. La presidenta se balancea entre ambos.

Desde 2018 ambos gobiernos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han sostenido siempre y sostienen que el combate contra el narcotráfico es una responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Justicia y de las fuerzas policiales, que pueden ser asistidas, pero no sustituidas por las fuerzas armadas.

Aún más, para limpiar la Justicia de entramados mafiosos, López Obrador sancionó la Reforma Judicial que prevé la elección directa de jueces y magistrados. Ésta se realizó el pasado domingo 1° de junio, pero sólo el 13% del padrón emitió su voto, dando pábulo a la derecha para que cuestione la legitimidad de las nuevas autoridades del poder judicial, una de ellas de origen indígena.

La llamada "guerra contra el narcotráfico" (2006-18) dejó múltiples heridas todavía abiertas en la sociedad mexicana. Entre diciembre de 2006 y enero de 2022 murieron entre 350.000 y 400.000 personas tanto a manos de los cárteles como de policías y militares. El empleo masivo de las fuerzas armadas en la guerra contra los cárteles, si bien desarticuló algunas bandas, no terminó con el narcotráfico, alentado por la permanente y creciente demanda allende la frontera norte. Por otra parte, la opción por la pura represión corrompió profundamente a los organismos del Estado y a las propias fuerzas armadas.

Actualmente la lucha contra el narcotráfico se centra en el combate al comercio con fentanilo, una droga sintética altamente adictiva que está produciendo estragos en las grandes ciudades de EE.UU. Para acabar con esta lacra se ha demostrado especialmente efectiva la colaboración de China en el control sobre el envío a México de precursores para su elaboración.

Desde la asunción de la Presidencia por Andrés Manuel López Obrador en 2018 el enfoque ha cambiado radicalmente: con la consigna de "abrazos en vez de balazos", los gobiernos de Morena han limitado en algo la intervención de las fuerzas armadas, han saneado las fuerzas de seguridad, han puesto coto a la intervención de agencias norteamericanas en territorio mexicano y han dado gran importancia a las políticas de reparación social para territorios y poblaciones vulnerables. Sobre todo, han combatido vigorosamente la corrupción, mérito que se les reconoce dentro y fuera del país.

No obstante, subsiste todavía el drama de las desapariciones. Se estima que más de 116.000 personas han sido desaparecidas desde 2006. La violencia, los enfrentamientos entre cárteles y la participación de las fuerzas de seguridad en operaciones contra el narcotráfico han sido factores clave para ello.

Como una de las respuestas de la sociedad mexicana a la violencia se ha desarrollado el movimiento de "las madres buscadoras". Se trata de activistas y madres que buscan a sus hijos desaparecidos y reclaman justicia para las desapariciones forzadas en el país. Este movimiento ha ganado fuerza a nivel nacional, con varias organizaciones y colectivos que buscan la verdad y la justicia sobre las desapariciones.

Para que la sociedad mexicana vaya progresivamente superando las secuelas de la "guerra contra el narcotráfico", el Movimiento de Regeneración Nacional viene aplicando una política de reparación basada en la transparencia, la equidad y la aplicación del principio de justicia social asentado en la Constitución mexicana de 1917, la primera Constitución social del siglo XX.

Morena se define como un partido político-movimiento que busca la transformación democrática y pacífica de México inspirándose en el humanismo mexicano y en la lucha por la justicia social. Se enfoca en la participación popular y en la búsqueda de un México más igualitario, incluyente y soberano. Como se considera el continuador de la Independencia de 1821, de la Reforma Liberal de 1857 y de la Constitución de 1917, ha denominado al actual proceso de reformas como 4ª Transformación (4T).

Su política económica se caracteriza por priorizar la soberanía alimentaria y la defensa del territorio, buscando una agricultura campesina sostenible y justa. El resultado puede verse en las calles de la capital: por doquier hay ferias y puestos ambulantes con verduras frescas de primera calidad que han mejorado sustancialmente la alimentación popular.

Los gobiernos federales, estaduales y municipales de Morena procuran construir un Estado que atienda a los derechos de la población vulnerable, incluyendo adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, mujeres y niños. En México el apoyo económico a las personas mayores de 65 años está incluido en la Constitución. Esto fue iniciativa de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum recientemente propuso bajar a 60 años la edad para que las mujeres puedan comenzar a recibir esta ayuda. Al inicio de 2025 la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se entregaba a 12,3 millones de derechohabientes sin consideración de su nivel de ingresos. Su monto asciende actualmente al equivalente de unos 300 dólares bimestrales.

La política social de Morena se caracteriza por una agenda progresista que busca la justicia social y el bienestar colectivo, con énfasis en los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTQ+, y los pueblos indígenas. Sin embargo, Morena no ha buscado reducir la desigualdad aumentando los impuestos a los ricos, sino a través de medidas de austeridad y lucha contra la corrupción.

Durante décadas el entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo el control casi absoluto de la sociedad mexicana cooptando sus organizaciones sociales. Así, los militares, la central empresaria y la sindical (CGTM) formaban parte del propio partido de gobierno. Cuando éste fue remplazado por el Partido de Acción Nacional (PAN) en 2000, el esquema fue sustituido por una elite tecnocrática-empresarial que rápidamente se demostró incapaz de gobernar el país y lo sumió en la "guerra contra el narcotráfico". Ahora Morena rechaza la representación colectiva de intereses y busca el contacto individual con las personas y grupos vulnerables, pero sin darles participación política efectiva.

Este matiz del concepto político morenista se nota particularmente en su relación con el movimiento sindical. En México existen aproximadamente 3.347 agrupaciones sindicales registradas que representan a cerca de 10% de la población económicamente activa del país. Estos sindicatos (algunos meramente por empresa) se reúnen en cuatro grandes y otras pequeñas centrales de trabajadores y hay sindicatos que no se encuadran en ninguna. Como los sindicatos sólo se financian por las cuotas que pagan los afiliados voluntariamente, tienen poca capacidad operativa. El Estado no suele convocar a sus representantes para consultarlos sobre las políticas que atañen a su actividad y los relega a la representación de sus intereses profesionales.

Este enfoque liberal de los problemas sociales tiene sus costos. Desde mayo de 2024, todavía durante el gobierno de AMLO, se viene dando un conflicto entre el Estado y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la mayor federación sindical representativa de las y los docentes escolares de todo el país. Esta federación, mayoritariamente de "izquierda popular movimientista", como se autodefinen sus dirigentes, sostiene una importante plataforma reivindicativa encuadrada en una estrategia democrática radical que ve la instancia electoral sólo como uno de los instrumentos a los que puede acudir el pueblo para construir un nuevo tipo de democracia popular y participativa.

Esta diferencia de perspectivas con la conducción de Morena ha conducido a que el conflicto se prolongue, se haga difícil de comprender para la mayoría de la población y esté provocando severos daños a un sistema escolar público ya caracterizado por su baja calidad.

Un sondeo de opinión dado a conocer el 12 de mayo dio al gobierno de Claudia Sheinbaum el 76% de aprobación ciudadana a siete meses y medio después de haber comenzado su desempeño. Los consultados valoran la cercanía, transparencia y preocupación de la mandataria por los problemas de la población.

El gobierno de Morena tiene un impresionante registro de medidas para el pueblo, pero sin darle otro lugar que las urnas y una u otra convocatoria a apoyarlo en el Zócalo capitalino. Este elitismo se ha hecho evidente en ocasión de la Reforma Judicial. Morena gobierna para el pueblo, pero no con el pueblo.

En medio de la ola de violencia que apenas ha cedido la Iglesia Católica redobla sus esfuerzos para reconstruir la paz. A través del Diálogo Nacional por la Paz y más de 300 iniciativas en todo el país, obispos, sacerdotes y laicos trabajan en la formación de mediadores, atención a la salud mental y acompañamiento a víctimas, asumiendo riesgos y apostando por la esperanza, aun cuando, como advierten los propios líderes eclesiales, "con el crimen organizado no se puede dialogar".

En México, 77,7 % de la población se considera católico, de acuerdo a datos oficiales de 2020. En comparación con el censo de 2010 esto representa una disminución de 5 %. El 8,1% se declara agnóstico.

El grueso de los 98 millones de católicos pertenece a una "clase social desfavorecida" y se caracteriza por ser una "feligresía sumamente devota", según relevamientos sociológicos. Para un extranjero que recorre el país con ojos atentos la omnipresencia de las manifestaciones populares de fe es apabullante. Lunes a las 11 horas en la Basílica de Guadalupe al norte de la capital: mi esposa y yo queríamos conocer el santuario y pensamos que un lunes a la mañana sería un momento tranquilo. ¡Cuán equivocados estábamos!

La nueva basílica, inaugurada en 1976 al lado de la antigua, cuya estabilidad peligra por los repetidos sismos, tiene forma semicircular y el atrio dividido en segmentos. Cuando estuvimos allí, tres de los cuatro segmentos estuvieron ocupados por feligreses que asistieron a una de las misas que se celebran ¡cada hora! Al terminar el sacerdote despidió a los fieles al grito de "¡Viva la Virgen de Guadalupe!, ¡Viva Cristo Rey (tres veces)! y ¡Viva México!" Para quien sabe algo de historia, la presencia del movimiento cristero de Jalisco que entre 1926 y 1929 se alzó contra las reformas seculares del gobierno posrrevolucionario saltó a la vista.

Recorriendo sólo el centro del país, las festividades, procesiones, fiestas y devociones religiosas se encuentran por doquier. El catolicismo del pueblo mexicano es omnipresente y está fuertemente enraizado en la tradición y la historia.

Tras la catástrofe demográfica que acarrearon las pestes y epidemias posteriores a la Conquista desde 1521, en las que México perdió cerca del 90% de sus 20 millones de habitantes, el Virreinato de la Nueva España se reconstruyó como el centro del poder español en América. Su oro y plata iban a Manila, Filipinas, donde se intercambiaban con las manufacturas que producía China, entonces el centro del mundo. Estos productos se transportaban a Acapulco, atravesaban el país hasta Veracruz y se enviaban a España. Ahora bien, durante todo el siglo XVII España perdió el control del Atlántico a manos de ingleses, holandeses y franceses y durante muchos años la flota no partía ni llegaba, quedando así la producción china en México, cuya elite la consumía ávidamente. En esas épocas la Nueva España era de lejos mucho más rica que la metrópoli y, sin dudas, el centro del Imperio Español.

De este modo se configuró una sociedad hispanoindígena numerosa y compleja que las reformas borbónicas del siglo XVIII no pudieron romper. Ésta fue la tarea acometida por la masonería desde mediados del siglo XIX. Las reformas liberales de 1857 en adelante y la Revolución Mexicana a partir de 1910 se emprendieron contra los conservadores, pero también masivamente contra la Iglesia Católica. Desde la Reforma Liberal de Benito Juárez rige en México una separación total entre Iglesia y Estado, éste es rigurosamente laico, las escuelas confesionales están severamente vigiladas y en las universidades públicas no se pueden enseñar materias religiosas.

¿Cómo se explican estas contradicciones entre el 76% de apoyo popular a la presidenta, el enfoque elitista e individualista de las reformas liberales del gobierno de Morena y el catolicismo militante de la inmensa mayoría de la población? Da la impresión de que, tras la catástrofe de la "guerra contra el narcotráfico" y ante la persistencia de la violencia, el pueblo mexicano ha otorgado a los gobiernos de la 4T un crédito de confianza y éstos son conscientes de que deben saldarlo. Así se explica la celeridad de sus reformas en todos los ámbitos de la política. Están ansiosos por cumplir las promesas liberales pendientes desde 1810. En la medida en que las vayan efectivizando, empero, se enfrentarán a la montaña de deudas contraídas desde 1521.

*Eduardo J. Vior, Analista internacional. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Giessen, Alemania. Doctor en Sociología por la Universidad Federal de Paraná, Brasil.

Imagen: Presidencia de México