UY Press - Agencia uruguaya de noticias

01.04.2026

WASHINGTON (Uypress) – Las amenazas de Donald Trump sobre Irán dejaron de generar solo preocupación política y estratégica. También encendieron alertas jurídicas, luego de que mencionara posibles ataques contra plantas eléctricas, pozos petroleros, la isla de Kharg y hasta desalinizadoras. AP recogió esas declaraciones y Reuters advirtió que ofensivas contra infraestructura civil esencial podrían encuadrar como crímenes de guerra.

El punto más delicado está en el agua. AP consignó que especialistas y organizaciones de derechos humanos advirtieron que las plantas desalinizadoras son, en muchos casos, infraestructura indispensable para la supervivencia civil en Medio Oriente. La investigadora de Human Rights Watch Niku Jafarnia afirmó que la destrucción intencional de esas instalaciones puede constituir un crimen de guerra, y Reuters recordó que los Convenios de Ginebra prohíben atacar bienes esenciales para la población, entre ellos instalaciones y suministros de agua potable.

La alarma no es solo teórica. AP señaló que buena parte de las ciudades del Golfo dependen de la desalinización para sostener su abastecimiento y que una escalada sobre esa infraestructura podría derivar en una crisis humanitaria regional. En paralelo, el Comité Internacional de la Cruz Roja sintetiza esa regla de forma tajante: está prohibido atacar, destruir o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil. Just Security, en un análisis jurídico sobre la guerra, remarcó además que esa protección alcanza expresamente a las instalaciones de agua.

El otro frente de preocupación es Kharg Island, por donde pasa cerca del 90% de las exportaciones petroleras iraníes. AP informó que Trump llegó a plantear la posibilidad de “tomar” la isla, mientras expertos militares y energéticos advirtieron que una operación así expondría tropas estadounidenses, podría intensificar la represalia iraní y no garantizaría un desenlace decisivo. Reuters, por su parte, recordó que incluso cuando una infraestructura civil puede ser considerada objetivo militar, el derecho internacional exige demostrar que contribuye efectivamente a la acción bélica y que su destrucción ofrece una ventaja militar concreta.

Ese es, en definitiva, el núcleo del debate. La discusión no pasa solo por si Trump exagera o endurece su retórica, sino por si algunas de esas amenazas apuntan a bienes protegidos o a infraestructuras cuyo ataque tendría efectos desproporcionados sobre civiles. Reuters subrayó que la Corte Penal Internacional ya emitió órdenes de arresto en otros conflictos por ataques a infraestructura crítica, incluido el suministro de energía y agua. La guerra con Irán todavía no abrió un proceso judicial internacional de ese tipo, pero el umbral legal ya entró en la conversación.