UY Press - Agencia uruguaya de noticias

30.05.2026

BRASILIA (Uypress) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó con dureza la decisión de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que abrió un nuevo foco de tensión diplomática entre Brasilia y Washington.

El presidente brasileño acusó a Washington de interferir en asuntos internos de Brasil y cuestionó a Flávio Bolsonaro por pedir esa medida durante su visita a la Casa Blanca. La decisión de la administración Trump entrará en vigor el 5 de junio.

BRASILIA (Uypress) – El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, rechazó con dureza la decisión de Estados Unidos de clasificar al Primeiro Comando da Capital y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que abrió un nuevo foco de tensión diplomática entre Brasilia y Washington.

“No vamos a aceptar que nos traten como niños. No vamos a aceptar que nos traten como si fuéramos una republiqueta bananera”, afirmó Lula este viernes, al cuestionar el anuncio realizado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El Departamento de Estado informó que el PCC y el Comando Vermelho serán designados como organizaciones terroristas extranjeras a partir del 5 de junio. Además, Washington ya los incluyó como terroristas globales especialmente designados, una categoría que permite aplicar sanciones financieras, bloquear activos y restringir transacciones vinculadas directa o indirectamente con esos grupos.

Para el gobierno estadounidense, ambas organizaciones criminales tienen alcance transnacional, capacidad de violencia extrema, control territorial, vínculos con el narcotráfico y una estructura financiera que justifica su tratamiento como amenaza terrorista. Washington sostiene que la designación permitirá usar herramientas más fuertes contra sus redes de financiamiento, logística y lavado de dinero.

Brasil rechazó esa lectura. El gobierno de Lula sostiene que el PCC y el Comando Vermelho son organizaciones criminales gravísimas, pero no grupos terroristas en el sentido jurídico y político del término. Para Brasilia, confundir crimen organizado con terrorismo puede abrir la puerta a interferencias extranjeras, sanciones indirectas y eventuales presiones sobre sectores económicos brasileños.

Lula fue más allá y vinculó la decisión con la campaña presidencial brasileña. Acusó al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y aspirante presidencial, de “traicionar la patria” por haber pedido en Washington que Estados Unidos declarara terroristas a las dos facciones criminales. Flávio se reunió esta semana con Donald Trump y con Marco Rubio, y luego afirmó que había solicitado formalmente esa medida.

El episodio coloca la seguridad pública brasileña en el centro de la disputa electoral. Para el bolsonarismo, la designación estadounidense refuerza el discurso de mano dura contra el crimen organizado y permite presentar a Flávio Bolsonaro como un candidato con apoyo internacional para enfrentar al PCC y al Comando Vermelho. Para Lula, en cambio, se trata de una maniobra que entrega soberanía nacional a una potencia extranjera con fines electorales.

La preocupación brasileña no es solo política. Especialistas citados por medios internacionales advirtieron que la nueva clasificación puede generar efectos económicos indirectos. Empresas, bancos, operadores logísticos, sectores de agronegocio, minería, energía, telecomunicaciones o comercio que actúen en regiones donde esas facciones tienen influencia podrían enfrentar mayor escrutinio internacional, aun sin vínculos directos con las organizaciones criminales.

El Ministerio de Hacienda también expresó preocupación. Autoridades económicas advirtieron que la medida puede crear un nuevo riesgo para invertir en Brasil, al aumentar la percepción de exposición legal y financiera en determinadas actividades. La reacción inicial de los mercados fue contenida, pero algunas acciones bancarias registraron presión después del anuncio.

El gobierno brasileño teme además que la clasificación afecte la cooperación policial. Si el combate a esas facciones pasa a ser tratado bajo una lógica antiterrorista, parte de las investigaciones podría desplazarse hacia agencias de inteligencia y seguridad nacional, en lugar de mantenerse en canales tradicionales de cooperación policial, judicial y financiera.

La diferencia no es menor. El combate al narcotráfico y al crimen organizado suele apoyarse en intercambio de información, inteligencia financiera, extradiciones, investigaciones conjuntas y cooperación entre policías y fiscalías. La categoría de terrorismo incorpora otro tipo de herramientas, más agresivas y con efectos extraterritoriales.

Lula insistió en que Brasil seguirá enfrentando al PCC y al Comando Vermelho dentro de su propio marco legal e institucional. Reconoció la gravedad de esas organizaciones, pero sostuvo que el país no aceptará que Estados Unidos defina unilateralmente cómo debe tratar sus problemas internos de seguridad.

La decisión de Washington se produce en un momento especialmente sensible. Brasil entró en campaña electoral, Lula busca la reelección y la derecha intenta reorganizarse alrededor de la figura de Flávio Bolsonaro, mientras Jair Bolsonaro cumple condena e inhabilitación política. En ese contexto, cualquier gesto de Trump hacia el bolsonarismo tiene impacto inmediato en la política brasileña.

La medida también se inscribe en una estrategia más amplia de la administración Trump en América Latina. Estados Unidos viene utilizando la categoría de narcoterrorismo para ampliar su margen de acción contra organizaciones criminales regionales y reforzar su influencia en temas de seguridad. Gobiernos latinoamericanos han recibido esa línea con posiciones distintas: algunos la acompañan, otros la observan como una amenaza de intervención.

Brasil eligió marcar distancia. La respuesta de Lula no defiende al PCC ni al Comando Vermelho, sino la potestad del Estado brasileño para definir su política criminal sin tutelaje externo. Ese es el centro del conflicto: no si esas facciones son violentas, sino quién tiene autoridad para clasificarlas, sancionarlas y eventualmente actuar contra ellas dentro del territorio brasileño.

La tensión puede crecer en los próximos días, cuando la designación entre formalmente en vigor. Washington tendrá nuevas herramientas financieras y legales contra personas o entidades vinculadas a las facciones. Brasil, por su parte, deberá administrar los efectos diplomáticos, económicos y políticos de una decisión que considera unilateral y potencialmente peligrosa.

El choque deja una pregunta de fondo para la región: hasta dónde puede llegar Estados Unidos al tratar el crimen organizado latinoamericano como terrorismo internacional. Para Lula, la respuesta debe tener un límite claro: cooperación sí, intervención no.