INTERNACIONALES / DISPUTA POR MALVINAS
Malvinas prorrogó cinco años las licencias petroleras y profundizó la disputa con Argentina
22.09.2026
BUENOS AIRES (Uypress) – La administración británica de las Islas Malvinas anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para la exploración y producción de hidrocarburos en las aguas que rodean al archipiélago, cuya soberanía es reclamada por Argentina.
La medida contempla además la posibilidad de conceder otros dos años de extensión si las empresas cumplen con los programas de trabajo acordados y las autoridades isleñas consideran conveniente mantener las autorizaciones.
La decisión fue respaldada por el Reino Unido y se conoció en momentos de creciente tensión con el Gobierno de Javier Milei, que endureció su posición contra las compañías vinculadas con la explotación petrolera en la zona.
Argentina considera ilegales las licencias debido a que fueron concedidas sin autorización de Buenos Aires dentro de un espacio marítimo que entiende comprendido en la disputa de soberanía.
El Reino Unido sostiene, por el contrario, que la administración de las islas posee facultades para gestionar sus recursos naturales y que las autorizaciones fueron otorgadas de acuerdo con la legislación vigente en el archipiélago.
Todas las licencias fueron prorrogadas
La extensión alcanza a las licencias de producción de hidrocarburos offshore actualmente vigentes, algunas de las cuales se encontraban próximas a vencer.
La licencia PL001, por ejemplo, tenía como fecha de expiración el 31 de diciembre de 2026. Sus titulares negociaban desde comienzos del año una prolongación con las autoridades isleñas.
La administración también aprobó la adquisición, por parte de una subsidiaria de la petrolera israelí Navitas Petroleum, de una participación de 65% en el área PL001.
Ese bloque se encuentra próximo al proyecto Sea Lion, considerado el desarrollo petrolero más avanzado en las aguas que rodean las islas.
Las autoridades isleñas sostuvieron que la extensión proporcionará seguridad jurídica y previsibilidad para que las compañías continúen sus programas de evaluación, exploración y eventual desarrollo.
La prórroga no significa que todos los bloques ingresarán inmediatamente en producción. Cada proyecto deberá cumplir requisitos técnicos, financieros, ambientales y operativos antes de comenzar la extracción comercial.
Sea Lion, centro de la disputa
El principal foco del conflicto es Sea Lion, un yacimiento ubicado aproximadamente 220 kilómetros al norte de las islas.
El proyecto es operado por Navitas Petroleum en sociedad con la compañía británica Rockhopper Exploration. Las empresas adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión, un paso que confirmó la viabilidad financiera y técnica del desarrollo.
El comienzo de la producción está previsto para marzo de 2028, aunque el cronograma dependerá de la construcción y llegada de la infraestructura necesaria.
Navitas y Rockhopper sostienen que poseen licencias legalmente otorgadas por las autoridades isleñas y afirmaron que las medidas anunciadas por Argentina no modificarán sustancialmente el calendario del proyecto.
El Gobierno argentino desconoce esas autorizaciones y sostiene que cualquier exploración o explotación de hidrocarburos en el área necesita su aprobación.
La ofensiva del Gobierno argentino
La administración de Milei inició procedimientos administrativos contra al menos 60 empresas, accionistas, directivos y proveedores relacionados con las actividades petroleras en las islas.
Las actuaciones alcanzan a personas y sociedades vinculadas con Navitas, Rockhopper Exploration, Borders & Southern, Desire Petroleum, JHI Associates y Eco Atlantic, entre otras compañías.
El Gobierno también presentó denuncias penales e identificó a 27 empresarios y ejecutivos presuntamente relacionados con la organización, financiación o ejecución de los proyectos.
La ofensiva se apoya en la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece sanciones para quienes realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.
Milei envió además al Congreso un proyecto de ley destinado a ampliar el alcance de las prohibiciones, aumentar las multas y extender las responsabilidades a accionistas, proveedores y empresas que presten servicios a los emprendimientos.
La propuesta también prevé penas de prisión de hasta 20 años para determinadas conductas y la creación de un Sistema de Seguridad Nacional encargado de coordinar las acciones relacionadas con la soberanía.
Una orden judicial difícil de ejecutar
La jueza federal de Tierra del Fuego Mariel Borruto ordenó recientemente detener las actividades vinculadas con Sea Lion hasta que se realice una evaluación ambiental bajo las normas argentinas.
La resolución alcanza a empresas británicas e israelíes, pero su aplicación efectiva enfrenta dificultades debido a que las operaciones se desarrollan fuera del control material de las autoridades argentinas.
Para detener los trabajos sería necesaria la cooperación de otros países o la ejecución de medidas sobre activos, operaciones financieras o actividades empresariales dentro de jurisdicciones que reconozcan la orden.
Las compañías anunciaron que continuarán con el proyecto y las autoridades británicas reiteraron que no reconocen jurisdicción argentina sobre las islas ni sobre sus aguas circundantes.
Una disputa sin solución desde 1833
Argentina reclama soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, ocupados por el Reino Unido desde 1833.
Las Naciones Unidas reconocen la existencia de una disputa de soberanía y han solicitado reiteradamente a Buenos Aires y Londres que retomen las negociaciones.
El Reino Unido invoca el principio de autodeterminación y el resultado del referéndum celebrado en 2013, cuando una amplia mayoría de los habitantes votó por mantener el estatus británico.
Argentina sostiene que ese principio no resulta aplicable porque considera que la población actual fue implantada por la potencia ocupante después de la expulsión de las autoridades argentinas.
La cuestión de los hidrocarburos incorporó una dimensión económica y estratégica adicional a la controversia. Argentina denuncia que la explotación unilateral de recursos naturales contradice las resoluciones internacionales que solicitan evitar decisiones capaces de alterar la situación mientras continúe la disputa.
La prórroga de las licencias permite a las compañías conservar sus derechos sobre los bloques durante al menos cinco años y constituye una respuesta concreta frente a las sanciones impulsadas por Milei.
Sin embargo, su alcance económico dependerá de que los proyectos obtengan financiación, completen la infraestructura y puedan operar pese a los riesgos jurídicos y diplomáticos planteados por Argentina.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
