UY Press - Agencia uruguaya de noticias

01.07.2026

JOHANNESBURGO (Uypress) – Sudáfrica vivió este martes una de las mayores jornadas de movilización antimigrante de los últimos años, con miles de personas marchando en varias ciudades para exigir al gobierno la expulsión de todos los inmigrantes irregulares.

Las protestas fueron convocadas por grupos antimigración tras el vencimiento de un ultimátum fijado para el 30 de junio. Los manifestantes, muchos de ellos envueltos en banderas sudafricanas y portando palos, ramas o bates, recorrieron calles de Durban, Johannesburgo, Pretoria y Ciudad del Cabo al grito de “Abahambe”, expresión en isizulú que significa “deben irse”.

La jornada terminó con un amplio despliegue policial, incidentes aislados de violencia, saqueos, disparos en algunas zonas y más de 900 personas detenidas, según informaron las autoridades sudafricanas. La Policía registró 120 protestas en todo el país y debió intervenir en al menos 12 de ellas.

En Alexandra, un municipio al norte de Johannesburgo, una persona murió durante saqueos a comercios conocidos como spaza shops, muchos de ellos administrados por extranjeros. En Hillbrow, también en Johannesburgo, dos personas resultaron heridas de bala, lo que llevó al despliegue de soldados para reforzar la seguridad.

En Durban se abrió una investigación tras la muerte de un extranjero que, según reportes policiales, habría saltado desde un octavo piso por temor a ser atacado. El episodio refleja el clima de miedo que atraviesan miles de migrantes, incluso aquellos con documentación regular.

Las protestas fueron impulsadas por el movimiento March and March, que exige al Estado sudafricano deportar a los migrantes indocumentados y promete continuar con movilizaciones semanales durante los próximos meses.

Sus líderes sostienen que la inmigración irregular presiona los servicios públicos, aumenta la criminalidad y agrava el desempleo. Sin embargo, esas acusaciones no están respaldadas por evidencia sólida y han sido cuestionadas por investigadores, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Sudáfrica arrastra una tasa de desempleo cercana a un tercio de la población activa, profundas desigualdades territoriales y una crisis persistente de servicios públicos. En ese contexto, los migrantes se han convertido nuevamente en blanco de frustraciones sociales que tienen raíces más profundas: pobreza, corrupción, falta de vivienda, baja calidad de servicios, violencia urbana y ausencia estatal en barrios vulnerables.

El presidente Cyril Ramaphosa había advertido antes de las marchas que las preocupaciones por la migración irregular debían canalizarse dentro de la ley. También subrayó que el derecho a protestar no habilita amenazas, intimidaciones, saqueos ni ataques contra otras personas.

El mensaje del gobierno no alcanzó para desactivar la tensión. En los días previos, miles de extranjeros, en su mayoría provenientes de otros países africanos, abandonaron barrios, cerraron negocios o buscaron refugio ante el temor de ataques.

Organizaciones de ayuda y comunidades migrantes denunciaron desalojos ilegales, amenazas, agresiones y hostigamiento. En Durban y Johannesburgo, algunos propietarios habrían expulsado a inquilinos extranjeros por miedo a que sus edificios fueran atacados durante las marchas.

La situación recuerda a otros episodios de violencia xenófoba que marcaron la historia reciente sudafricana. Desde 2008, el país ha vivido oleadas recurrentes de ataques contra migrantes africanos, con muertos, desplazados, comercios saqueados y una fuerte condena internacional.

La paradoja es profunda. Sudáfrica, que durante décadas fue símbolo mundial de la lucha contra el apartheid y que Nelson Mandela intentó reconstruir sobre la idea de una nación inclusiva, vuelve a enfrentar una ola de hostilidad contra extranjeros, muchos de ellos también africanos y pobres.

El discurso antimigrante se alimenta de una mezcla de precariedad económica, nacionalismo social, desconfianza hacia el Estado y competencia por recursos escasos. En barrios donde faltan trabajo, vivienda, salud y seguridad, las organizaciones xenófobas encuentran terreno fértil para señalar a los migrantes como responsables de problemas estructurales.

Pero los datos muestran una realidad más compleja. Los inmigrantes representan una proporción relativamente baja de la población sudafricana. La mayoría proviene de países vecinos o de otras naciones africanas y se dedica a trabajos informales, comercio, servicios o empleo precario.

Para defensores de derechos humanos, el problema no es la presencia de extranjeros, sino la incapacidad del Estado para garantizar servicios, regular adecuadamente la migración, combatir redes criminales y responder a la desigualdad.

El riesgo es que la protesta social derive en violencia colectiva contra comunidades vulnerables. En este tipo de episodios, muchas veces no se distingue entre migrantes regulares e irregulares, refugiados, solicitantes de asilo o personas nacidas en Sudáfrica pero percibidas como extranjeras por su idioma, aspecto o acento.

Las autoridades sudafricanas buscan ahora evitar una escalada mayor. La Policía informó detenciones por delitos vinculados a violencia pública, robos, saqueos, infracciones migratorias y encubrimiento de personas indocumentadas. También abrió investigaciones sobre ataques, tiroteos y muertes ocurridas en el marco de la tensión antimigrante.

El desafío para Ramaphosa es doble. Por un lado, debe responder a una preocupación real por la gestión migratoria y el control de fronteras. Por otro, debe impedir que esa preocupación sea utilizada para legitimar violencia, persecución o castigos colectivos.

La presión política también crece. Grupos antimigración intentan convertir el malestar social en fuerza electoral y capacidad de movilización territorial. Algunos partidos y dirigentes han endurecido su discurso sobre migración, aun cuando condenan públicamente los actos violentos.

La jornada del 30 de junio mostró que la xenofobia vuelve a ser un factor de tensión nacional. No se trató solo de una protesta aislada, sino de una movilización coordinada, con alcance en varias ciudades, capacidad de intimidación y consecuencias concretas para miles de personas.

El gobierno logró evitar un estallido de violencia generalizada, pero no pudo impedir incidentes graves ni el clima de miedo entre las comunidades extranjeras.

Sudáfrica queda así frente a una advertencia incómoda: las heridas del apartheid no se cierran solo con memoria histórica. También requieren políticas públicas capaces de enfrentar desigualdad, desempleo, inseguridad y exclusión sin convertir a los migrantes en chivo expiatorio.

Las marchas terminaron, pero el problema sigue abierto. Los grupos antimigración prometen continuar. Los migrantes siguen con miedo. Y el Estado sudafricano deberá demostrar si puede hacer cumplir la ley sin ceder al lenguaje de la persecución.

Imagen: archivo / protesta antimigrante en Sudáfrica