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La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, emitió un comunicado este sábado en nombre de los Veintisiete instando a las autoridades nicaragüenses a que convoquen elecciones y garanticen que se celebren según lo previsto inicialmente, de manera transparente, inclusiva y creíble, de conformidad con las normas internacionales. El bloque europeo también reiteró su condena a la represión sistémica en el país, pidió la liberación de todos los presos políticos, el pleno restablecimiento del Estado de derecho y el regreso de las organizaciones internacionales de derechos humanos.

El pronunciamiento de Bruselas respondía a las declaraciones de Ortega durante la conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Sandinista, el pasado 19 de julio, cuando el mandatario de 80 años afirmó que en Nicaragua no volverá a haber elecciones para que la oposición intente atrapar el Gobierno. Ortega propuso además declarar inaplicable el artículo de la Constitución que impedía la reelección presidencial, abriendo la puerta a una reforma del sistema político que eliminaría los comicios tal como se conocen.

La reacción internacional fue inmediata. Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró su embajador en Managua—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Perú expresaron su preocupación o rechazo a las palabras de Ortega. El secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también cuestionaron la orientación del régimen. Türk acusó a las autoridades de reprimir las libertades civiles y políticas y exigió la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente.

Ante la presión, el gobierno nicaragüense optó por una respuesta de doble vía. Por un lado, rechazó las críticas como injerencia extranjera. Por el otro, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aclaró que sí se celebrarán elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional diseñado para blindar los procesos de la injerencia de potencias extranjeras y de lo que el régimen denomina traidores a la patria.

Porras explicó que la Asamblea Nacional sostendrá reuniones con el Consejo Supremo Electoral para elaborar una propuesta de reforma que impida la participación de organizaciones vinculadas al somocismo, al intento golpista de 2018 y a grupos que reciban financiamiento de Estados Unidos. El proyecto podría presentarse a finales de esta semana o a comienzos de la próxima, seguido de un proceso de consultas con el Ejército, la Policía Nacional, instituciones de seguridad, movimientos sociales y gremios sindicales que se extenderá entre una semana y diez días. La previsión es someter las reformas a votación durante la primera semana de agosto y refrendarlas en segunda convocatoria en enero de 2027.

El dirigente sandinista recordó que en la década de 1930 las votaciones en Nicaragua estaban dirigidas por los marines estadounidenses, quienes presidían mesas electorales y participaban en la conducción de los consejos electorales. A eso se refería el comandante Ortega, afirmó Porras, al decir que no van a volver a ver elecciones en manos de los imperialistas. También evocó los comicios de 1990, cuando el Frente Sandinista perdió el poder, y sostuvo que aquel proceso no fue una derrota electoral sino que el pueblo fue sometido a una amenaza de continuidad de la guerra si no votaba por la opción respaldada por Washington.

La esposa de Ortega y copresidenta, Rosario Murillo, respaldó la iniciativa y aseguró que la reforma busca garantizar procesos electorales libres, democráticos, soberanos y dignos. El pueblo es presidente, enfatizó Porras, al señalar que el objetivo es que los nicaragüenses decidan cuándo y cómo se realizarán sus procesos electorales bajo las condiciones establecidas por el propio país.

La Unión Europea, por su parte, mantuvo su disposición al diálogo político con Managua a través de canales diplomáticos y en coordinación con actores regionales, siempre desde el respeto mutuo. El bloque aseguró que seguirá apoyando al pueblo de Nicaragua en su aspiración a la democracia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.

La crisis política en Nicaragua se agrava en un contexto regional donde la tensión entre gobiernos autoritarios y las democracias occidentales se ha vuelto estructural. La propuesta de Ortega de eliminar las elecciones representa un punto de inflexión que desafía no solo a la oposición interna, diezmada por años de represión, sino también a la comunidad internacional, que hasta ahora ha respondido con declaraciones y sanciones individuales pero sin lograr revertir la deriva del régimen. La reforma constitucional en marcha, lejos de abrir un espacio de negociación, parece diseñada para legitimar la permanencia del sandinismo en el poder bajo un nuevo ropaje legal.