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04.05.2026

QUITO (Uypress) – Ecuador inició este 3 de mayo un nuevo toque de queda nocturno en nueve provincias y cuatro cantones, dispuesto por Daniel Noboa hasta el 18 de mayo. La medida busca contener la violencia criminal, pero reabre dudas sobre su eficacia, su costo económico y el desplazamiento del delito hacia otras zonas.

El toque de queda fue oficializado mediante el Decreto Ejecutivo 370, firmado el 28 de abril. La restricción rige entre las 23:00 y las 05:00, durante quince días consecutivos, en Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. También alcanza a los cantones La Maná, en Cotopaxi; Las Naves y Echeandía, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

La resolución se inscribe en el estado de excepción vigente y suspende la libertad de tránsito nocturno en zonas que, según informes oficiales citados en el decreto, concentran cerca del 90% de la violencia y más de 86% de la delincuencia registrada en el país. En el primer cuatrimestre de 2026, Ecuador acumuló más de 2.500 homicidios, con la región costera como principal foco de la crisis de seguridad.

El Gobierno sostiene que la medida forma parte de su ofensiva contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y las economías ilícitas. Desde enero de 2024, Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” y calificó a varias bandas como organizaciones terroristas, habilitando una presencia más amplia de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.

La aplicación del toque de queda también incluye cambios operativos en educación, movilidad y servicios. El Ministerio de Educación dispuso que las jornadas nocturnas finalicen antes del inicio de la restricción, mientras municipios como Quito y Guayaquil ajustaron horarios de atención, transporte, mercados y actividades públicas. Las excepciones previstas alcanzan principalmente a servicios de salud, fuerza pública, organismos de seguridad, emergencias y gestión de riesgos.

La primera noche de aplicación dejó más de un centenar de detenidos por incumplir la restricción. Primicias informó que la Policía reportó cerca de 120 detenidos durante la primera jornada, en su mayoría por circular durante el horario prohibido. Ese dato alimenta una de las críticas recurrentes: los operativos suelen producir muchas detenciones por violar el toque de queda, pero no necesariamente golpes directos contra las estructuras criminales.

El antecedente inmediato es el toque de queda aplicado en marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. El Gobierno defendió entonces la medida como una herramienta para reducir delitos, pero balances posteriores mostraron resultados limitados. Según El País de Madrid, tras dos semanas de restricción se detuvo a 1.283 personas, aunque la mayoría fue por violar la prohibición de circular y no por pertenecer a bandas criminales.

El propio diagnóstico oficial reconoce además un problema de desplazamiento. Después de experiencias anteriores, informes de inteligencia detectaron que grupos criminales redireccionaron sus actividades hacia zonas no cubiertas por la restricción. Esa movilidad del delito plantea una dificultad estructural: un toque de queda puede reducir presencia en calles durante la noche, pero no desarticula por sí solo las redes de extorsión, narcotráfico, sicariato, minería ilegal o control territorial.

Los sectores productivos también cuestionan el impacto económico. El nuevo toque de queda afecta a unos 12 millones de personas y no contempla excepciones amplias para turismo, comercio nocturno, exportaciones o logística privada. Cámaras empresariales advirtieron que la restricción puede generar sobrecostos, alterar cadenas de distribución, afectar empleos nocturnos y debilitar la economía formal en zonas donde precisamente se busca quitar espacio a las economías ilegales.

La discusión no es solamente económica. Organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de la militarización prolongada de la seguridad pública, los reiterados estados de excepción y denuncias de abusos o desapariciones en el marco de operativos estatales. La tensión entre seguridad, derechos y control democrático se vuelve más sensible cuando medidas extraordinarias se repiten durante largos períodos.

Para muchos ciudadanos, sin embargo, la prioridad inmediata sigue siendo recuperar seguridad. Ecuador pasó en pocos años de ser considerado uno de los países más tranquilos de la región a convivir con asesinatos, masacres carcelarias, extorsiones, atentados y control territorial de bandas. En ese contexto, el toque de queda puede ser leído por parte de la población como una señal de autoridad, aun cuando existan dudas sobre su eficacia sostenida.

La pregunta de fondo es si la estrategia de Noboa puede pasar de la contención nocturna a una reducción estructural de la violencia. El país necesita inteligencia criminal, control de puertos, reforma penitenciaria, protección judicial, persecución financiera, presencia social en territorios vulnerables y cooperación internacional. Sin esos componentes, el toque de queda corre el riesgo de convertirse en una medida recurrente, de alto costo social, que desplaza el problema más que resolverlo.

Ecuador vuelve así a quedar frente a una paradoja. El Estado necesita mostrar capacidad de control ante bandas que desafiaron abiertamente su autoridad, pero cada nueva restricción confirma que la crisis sigue abierta. Del 3 al 18 de mayo, millones de ecuatorianos dormirán bajo toque de queda. El desafío será demostrar que esas horas de silencio en las calles sirven para debilitar al crimen, y no solo para cambiarlo de lugar.