UY Press - Agencia uruguaya de noticias

19.05.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – La licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, uno de los corredores logísticos más estratégicos del Mercosur, volvió a quedar bajo presión judicial. Una nueva denuncia penal ingresada en Comodoro Py pidió investigar una presunta maniobra de direccionamiento en el proceso, con menciones a funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas al dragado del río Paraná.

La presentación fue realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, encabezada por Fernando Miguez, junto con la abogada Marcela Scotti. Según la denuncia, debería investigarse una supuesta “defraudación sistemática mediante fraude al Estado” y posibles delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

El escrito menciona a Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto, Iñaki Arreseygor, Jan De Nul y el grupo Neuss, entre otros. La denuncia sostiene que la maniobra tendría relación con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía y estima un perjuicio potencial de unos US$ 7.000 millones. Como corresponde en esta etapa, se trata de acusaciones que deberán ser investigadas por la Justicia y no de hechos judicialmente probados.

Uno de los puntos centrales de la presentación es la sospecha de un pliego “a medida” para favorecer a Jan De Nul, actual operadora del dragado a través de la Compañía Sud Americana de Dragados. Según los denunciantes, la exigencia de 44 pies de calado inmediato funcionaría como una cláusula de exclusión técnica, porque solo una empresa con dragas ya instaladas y logística operativa en el río podría cumplirla de forma inmediata.

La nueva denuncia se suma a los cuestionamientos ya formulados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que había advertido “graves irregularidades” en el procedimiento licitatorio. La PIA señaló, entre otros puntos, falta de estudios de impacto ambiental actualizados, irregularidades en el acto administrativo que autorizó el llamado, problemas en la conformación de la comisión evaluadora, dudas sobre el plazo de concesión y distorsiones en la fórmula de evaluación técnica de ofertas.

La Hidrovía Paraná-Paraguay no es una obra más. Es la principal vía de salida de los barcos que transportan alrededor del 80% de las exportaciones argentinas de granos y derivados. Por allí circula buena parte del complejo agroexportador del Gran Rosario, uno de los mayores polos de embarque de soja, aceite y harina del mundo. También es una infraestructura clave para Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay, porque conecta producción, puertos interiores y salida al Atlántico.

El proceso licitatorio busca concesionar la modernización, ampliación, operación, señalización, dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal bajo un régimen de obra pública por peaje. En la etapa final quedaron precalificadas dos compañías belgas: Jan De Nul NV, asociada con Servimagnus SA, y DEME. La brasileña DTA Engenharia fue excluida por no presentar las garantías requeridas.

El Gobierno de Javier Milei decidió avanzar con la apertura del último tramo del proceso pese a los cuestionamientos. La Justicia rechazó una medida cautelar que buscaba frenar la licitación, por lo que la apertura del sobre económico siguió su curso. El fiscal Guillermo Marijuan entendió que no estaban reunidos los requisitos necesarios para suspender el procedimiento de forma urgente.

Ese rechazo no cierra la discusión de fondo. La cautelar fue desestimada, pero las denuncias e informes siguen colocando bajo sospecha la transparencia del proceso. La diferencia es importante: la licitación puede avanzar administrativamente mientras, en paralelo, la Justicia analiza si existieron irregularidades, direccionamiento o perjuicio al Estado.

La oposición y organizaciones civiles reclaman suspender el proceso hasta que se despejen las dudas. Argumentan que una concesión de semejante escala, con impacto sobre peajes, exportaciones, ambiente, soberanía logística y competitividad regional, no puede adjudicarse bajo sospecha de favoritismo o con estudios ambientales insuficientes.

El Gobierno, en cambio, sostiene que la nueva licitación permitirá reducir costos logísticos, mejorar la navegabilidad y modernizar una vía clave para el comercio exterior. Desde sectores oficiales se insiste en que los usuarios de la Hidrovía podrían beneficiarse con una baja del peaje y que el proceso cuenta con competencia entre oferentes internacionales.

La controversia tiene además una dimensión ambiental. La PIA advirtió sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental actualizados, un punto especialmente sensible para una obra que implica dragado permanente, modificación de cauces, afectación de ecosistemas fluviales y tránsito intensivo de buques de gran porte.

También hay una dimensión geopolítica. La Hidrovía es una infraestructura estratégica para el Mercosur y para el comercio global de alimentos. El control de su dragado, mantenimiento y peajes no solo define costos privados; también condiciona autonomía logística, competitividad exportadora y capacidad del Estado argentino para regular una de sus rutas económicas más importantes.

La nueva denuncia penal no prueba por sí sola la existencia de un delito. Pero sí agrega presión institucional sobre un proceso que ya venía cuestionado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, por organizaciones civiles y por sectores políticos que advierten sobre posibles beneficios indebidos.

El caso vuelve a colocar una pregunta central: cómo garantizar transparencia, competencia real y evaluación ambiental rigurosa en una licitación que puede definir durante décadas el funcionamiento de la principal autopista fluvial de Argentina.

La Hidrovía no es solo un canal de navegación. Es una estructura de poder económico. Por eso, cualquier sospecha de direccionamiento no afecta únicamente a una licitación: afecta la confianza pública en la forma en que se administra una infraestructura decisiva para el comercio exterior argentino y regional.