UY Press - Agencia uruguaya de noticias

20.07.2026

MANAGUA (Uypress) – Daniel Ortega afirmó este domingo que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” y anunció nuevas leyes para impedir que la oposición acceda al poder. La declaración contradice la Constitución vigente, que todavía dispone la realización de comicios generales cada seis años

El copresidente nicaragüense pronunció esas palabras durante el acto central por el 47.º aniversario de la Revolución Popular Sandinista, celebrado en la plaza de la Fe Juan Pablo II, en Managua, junto con su esposa y copresidenta, Rosario Murillo.

Ortega sostuvo que los opositores, muchos de ellos exiliados, permanecen “agazapados” y buscan organizar partidos para acceder al gobierno mediante una elección. Frente a esa posibilidad, aseguró que esas fuerzas políticas no volverán al poder.

El mandatario también anunció que trabajará con la Asamblea Nacional y otras instituciones para aprobar leyes que coloquen “un muro” contra quienes calificó de “golpistas” y “vendepatrias”. El Parlamento se encuentra ampliamente controlado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Hasta este lunes no se había publicado una ley, decreto o reforma constitucional que eliminara formalmente las elecciones. La Constitución nicaragüense vigente establece que la Presidencia, integrada por un copresidente y una copresidenta, debe ser elegida mediante sufragio universal, igual, directo, libre y secreto.

El mismo texto constitucional dispone que las elecciones generales deben celebrarse cada seis años, el primer domingo posterior al 2 de noviembre del año electoral correspondiente. Por lo tanto, las declaraciones de Ortega expresan una decisión política que todavía no ha sido trasladada al ordenamiento jurídico.

La amenaza representa, sin embargo, una nueva etapa dentro del proceso de concentración del poder. UyPress informó en enero de 2025 que la Asamblea Nacional había reformado 148 de los 198 artículos de la Constitución, ampliado los mandatos de cinco a seis años y extendido el actual período de Ortega y Murillo hasta enero de 2028.

La modificación también transformó la Presidencia en una copresidencia ejercida por Ortega y Murillo y otorgó al Ejecutivo facultades de coordinación sobre los órganos legislativo, judicial, electoral y de control. Como consecuencia de la ampliación del mandato, las elecciones inicialmente previstas para noviembre de 2026 fueron trasladadas, en principio, a noviembre de 2027.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de las Naciones Unidas cuestionaron esas reformas por considerar que profundizan la concentración del poder, eliminan contrapesos democráticos y subordinan las instituciones estatales a la Presidencia.

Ortega, de 80 años, gobierna ininterrumpidamente desde 2007. En las elecciones de 2021 obtuvo un nuevo mandato después de que varios aspirantes opositores fueran detenidos, inhabilitados o forzados al exilio. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea desconocieron la legitimidad democrática de aquel proceso.

Desde las protestas de 2018, el gobierno endureció la persecución contra dirigentes políticos, periodistas, organizaciones civiles, universidades y sectores religiosos. Cientos de opositores fueron expulsados del país y muchos de ellos perdieron también la nacionalidad nicaragüense.

La afirmación de que no habrá nuevas elecciones va más allá de las reformas aprobadas hasta ahora. Supone pasar de un sistema electoral controlado y sin competencia efectiva a la amenaza explícita de eliminar incluso la instancia formal del voto.

Mientras no se aprueben nuevas normas, Nicaragua continúa jurídicamente obligada a celebrar elecciones en 2027. Pero cuando quien controla el Parlamento, las instituciones judiciales y la autoridad electoral anuncia que esos comicios no se realizarán, la distancia entre una amenaza política y una decisión institucional se vuelve cada vez más corta.