UY Press - Agencia uruguaya de noticias

12.06.2026

BUENOS AIRES (Uypress) – El escándalo por las inconsistencias en la declaración jurada del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, abrió una nueva grieta dentro del oficialismo ampliado. El PRO, uno de los principales aliados parlamentarios del gobierno de Javier Milei, endureció su postura y pidió que el funcionario dé un paso al costado.

El reclamo llegó después de que Adorni presentara declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción y documentación tributaria ante ARCA, con la que buscó explicar fondos, bienes e ingresos que no habían sido informados previamente.

La frase más dura salió del sector amarillo con un mensaje dirigido al propio presidente: “Queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”. La señal política es clara: el PRO intenta separar la continuidad del proyecto libertario de la permanencia del jefe de Gabinete en el cargo.

La presión se suma a un escenario ya cargado de cuestionamientos. En las últimas horas, Patricia Bullrich había hablado de una “omisión ética” y Victoria Villarruel calificó como una “vergüenza” las explicaciones públicas de Adorni. Ahora, el PRO agrega una presión distinta: no proviene de la oposición tradicional, sino de un aliado clave para la gobernabilidad parlamentaria.

El comunicado partidario sostuvo que lo ocurrido constituye una falta grave. El argumento central es que un funcionario no puede afirmar ante los argentinos y ante el Congreso que no ocultó nada, y luego admitir que sí existieron fondos no declarados. Para el PRO, esa contradicción erosiona la confianza pública en un momento en el que el Gobierno exige sacrificios a la sociedad.

Adorni había declarado inicialmente que todos sus bienes estaban correctamente informados. Sin embargo, tras la presentación rectificativa, reconoció ahorros no declarados y explicó que provenían de años de trabajo privado, inversiones en criptomonedas y patrimonio familiar previo a su ingreso a la función pública.

Uno de los puntos más sensibles fue su explicación sobre inversiones en bitcoin. El jefe de Gabinete dijo que había invertido 200.000 dólares y obtenido ganancias cercanas a los 300.000 dólares entre 2014 y 2018. También admitió que parte de esos fondos no había sido declarada al fisco.

La oposición cuestionó esas explicaciones y pidió avanzar con pedidos de informes, interpelación y una eventual moción de censura. La Constitución argentina prevé que el jefe de Gabinete pueda ser interpelado por cualquiera de las cámaras del Congreso y removido si reúne la mayoría absoluta de ambas.

El PRO se mueve ahora en un terreno delicado. Por un lado, fue socio parlamentario de Milei en reformas, votaciones clave y acuerdos políticos. Por otro, intenta evitar que el caso Adorni arrastre al conjunto del espacio opositor no kirchnerista que acompañó parte de la agenda libertaria.

El pedido de renuncia también expone tensiones internas dentro del propio PRO. Mauricio Macri y sectores cercanos al expresidente vienen reclamando una actitud más dura frente a la Casa Rosada, mientras otros dirigentes amarillos procuran no romper completamente los puentes con el oficialismo.

Para Milei, el problema ya no es solo judicial. La continuidad de Adorni quedó convertida en una prueba política. Si lo sostiene, asume el costo de respaldar a un funcionario que admitió omisiones patrimoniales. Si lo desplaza, reconoce la gravedad del caso y pierde a uno de sus hombres de mayor confianza.

El episodio golpea además sobre uno de los ejes discursivos del Gobierno: la transparencia, la austeridad y la lucha contra los privilegios. En ese marco, la admisión de fondos no declarados por parte de un funcionario de primera línea se vuelve difícil de justificar ante una sociedad sometida a fuertes ajustes económicos.

La presión del PRO profundiza así el aislamiento político de Adorni. A las críticas de la oposición se suman cuestionamientos de aliados, figuras internas del oficialismo y sectores que hasta ahora acompañaban la agenda de Milei.

La pregunta que queda planteada es si el presidente está dispuesto a pagar el costo de sostenerlo. El mensaje amarillo fue directo: defender el cambio, dicen, no equivale a defender a Adorni.